Mariano Rajoy sorprendía ayer a los miembros del comité ejecutivo del Partido Popular al proponer una agenda de calidad democrática que permita abrir un debate sobre la lucha contra la corrupción política. Un anuncio, que como es habitual en el presidente, iba vacío de contenidos. Sin propuestas, sin calendario y sin compromisos.
Claro que... ¿Para qué comprometerse en algo que luego no se va a cumplir, o se cumple sólo a medias y en el tiempo de descuento? Porque yo no sé si se acordará el presidente, aunque debiera, pero el pasado 20 de febrero de 2013, es decir hace ahora casi año y medio, y durante su discurso de apertura del Debate sobre el Estado de la Nación, él mismo anunció la puesta en marcha de un paquete de medidas para acabar con este problema "que alarma a los ciudadanos".
Medidas que hoy permanecen olvidadas en ese inmenso desván de las promesas incumplidas del Gobierno. "Propongo -dijo entonces que los criterios de la Ley de Transparencia se apliquen también a los partidos políticos , las organizaciones empresariales y sindicales y, en general, a todas aquellas entidades que se financien fundamentalmente a través de fondos públicos ".
Y ese fue el primer "propongo", al que siguieron las promesas de aprobar un proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos.
De reforzar el papel del Tribunal de Cuentas con más medios para su labor de control; de regular los procedimientos de contratación de los partidos estableciendo con claridad las normas de quienes contratan en su nombre; y de presentar una Ley Orgánica reguladora del ejercicio de las funciones políticas; y establecer un procedimiento de comprobación, a través de auditoría, de la situación patrimonial de los altos cargos al final de su mandato.
Todo ello acompañado de una reforma de las normas que regulan el funcionamiento de las Cámaras Legislativas, incluyendo la regulación parlamentaria de los lobbies y una reforma del Código Penal para endurecer las penas por los delitos de corrupción.
Pues bien, de este ambicioso paquete de actuaciones, solo la Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos está en trámite parlamentario, en fase de enmiendas hasta septiembre.
El resto, ni están ni se las espera, de momento. Incluida esa reforma del Código Penal. Porque la impulsada por el ministro Gallardón sólo es una oportunidad perdida para atajar de raíz los males endémicos de la corrupción política, como denunció la oposición y a la que el titular de Justicia remitió a un futuro paquete de reformas en las que, dicen, trabaja el equipo de la vicepresidenta Sáenz de Santa María.
Y es verdad que, como dijo en ese discurso el presidente, "ni España es la nación más corrupta ni todos los políticos son corruptos", pero no es menos verdad que el mal de muchos es sólo el consuelo de los torpes, que en este país hay 730 casos de corrupción, entre procedimientos judiciales y diligencias de investigación abiertos contra partidos políticos; que el desprestigio de la clase política es directamente proporcional al de esa corrupción generalizada, y que desde ese 20 de febrero de 2013 ni España ha ganado en transparencia, ni los ciudadanos en tranquilidad. Ese es su legado, presidente.
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