La presidenta del PSOE andaluz es Amparo Rubiales Torrejón que, junto a Javier Pérez Royo, catedrático y asesor aúlico de la vieja guardia socialista, especialmente de Manuel Chaves, y a Benjamín Muñoz Zamora constituyeron el ya famoso bufete de abogados Estudio Jurídico Italica en 2004, relacionado con no pocos casos de influencias diversas en negocios, asuntos familiares y mediaciones ante la Junta de Andalucía.
El caso es que ahora el socio Benjamín Muñoz Zamora está directamente relacionado en la denuncia interpuesta ante la Fiscalía de Sevilla por subvenciones formativas irregularmente recibidas por él mismo y su familia según consta en la documentación que obra en poder de Libertad Digital. A pesar de que son tres denuncias sucesivas y de ir acompañadas de abundante material documental, la Fiscalía no ha dicho ni una palabra desde el pasado mes de junio.
La primera denuncia
El pasado 21 de junio de 2013, un antiguo socio interpuso en la Fiscalía de Sevilla una denuncia contra diferentes empresas controladas por la familia de Benjamín Muñoz Zamora por incumplir los requisitos necesarios para percibir subvenciones de formación para el empleo, subvenciones que, sin embargo, les fueron concedidas generosamente. De hecho, en esta primera denuncIa se refiere a la empresa Serprosa.
Antonio Muñoz López es padre de los apoderados Benjamín Muñoz Zamora y Maria Concepción Muñoz Zamora y es administrador único de Serprosa, que se nutre exclusivamente de ingresos provenientes en forma de subvenciones de la Junta de Andalucía y que tiene su domicilio social no en Andalucía, sino en Madrid, calle Francisco de Rojas, 9.
Sorprendentemente mantiene numerosas incidencias de impago frente a la Seguridad Social, Hacienda y otros organismos públicos y no deposita sus cuentas en el Registro Mercantil. Tampoco parece real su capital social de 121.164,04 euros por cuanto no pagaba sus deudas a la Seguridad Social, Hacienda, Diputación, etc.
Su hijo y apoderado de la sociedad es Benjamín Muñoz Zamora, abogado en ejercicio, con despacho profesional compartido con su hermano David en Sevilla. Es, además, cónsul honorario en Andalucía de Guatemala y socio de Javier Pérez Royo, Amparo Rubiales Torrejón y Clara López Hidalgo en Estudio Jurídico Itálica. De Pérez Royo es también socio en Imedes Extremadura y de Amparo Rubiales en Imedes Andalucía, empresas dedicadas formalmente a la sostenibilidad del medio ambiente.
En esta primera denuncia se menciona asimismo a la empresa Sistemas y Fomentos Tecnológicos, SA (SIFOSA) , que, como la anterior, Serprosa, tiene como única actividad la de recibir subvencionesde la Junta de Andalucía. Como la anterior, también está bajo el control de Antonio Muñoz López, tiene su sede en Madrid, en el Paseo de la Castellana, 219, no deposita sus cuentas en el Registro Mercantil y tiene deudas con las Administraciones Públicas, constando al menos 28 reclamaciones administrativas por lo que se tienen dudas sobre la realidad de su capital social de más de 60.000 euros. En este caso, aparece como administrador único Santiago Muñoz Zamora, hermano de Benjamín e hijo de Antonio Muñoz Löpez que consta en este caso como apoderado.
Aunque ambas sociedades no deberían haber recibido subvenciones según los requisitos para la concesión de subvenciones públicas establecidos en los artículos 13, 14, 15,37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ambas empresas fueron beneficiadas por un importe cercano a los dos millones y medio de euros de la siguiente manera según el texto de la denuncia:
A la vista de los graves hechos denunciados, se pedía la práctica de las siguientes diligencias a la Fiscalía:
- I. Si SERPROSA y SIFOSA, tal coma se ha expuesto, no cumplían los requisitos legales en orden a obtener subvenciones públicas.
- 2. Si dichas sociedades han recibido ciertamente los importes subvencionados.
- 3. Si habiendo incumplido los requisilos para obtener subvencionesy recibidas las cantidades, ello ha supuesto un tratode favor por parte de las Administraciones concedentes.
- 4. Si las cuantías recibidas han sido destinadas a la imparticlón de los cursos.
- 5. Justificación documental de la contabilidad de. SEPROSA y SIFOSA de los cobros de las subvenciones y de los pagos de los gastos generados por la Impartlción de los cursos.
Y las demás que el Ministerio Fiscal estime conveniente para la averiguación de los hechos denunciados. Aunque la denuncia se interpuso en Sevilla, con fecha 21 de junio de dos mil trece, los denunciantes no han recibido aún ni una sola comunicación de la Fiscalía, cuatro meses más tarde.
El carrerón de "influencias"
Amparo Rubiales Torrejón fue miembro, como Pérez Royo, del Partido Comunista de España e ingresó en el PSOE tempranamente, en una oscura operación que relató El País: "Amparo Rubiales, vicepresidenta de la Diputación de Sevilla, que ayer anunció su abandono del Partido Comunista de Andalucía (PCA) -a cuyo comité ejecutivo pertenecía- y su cese en dicho cargo, ha recibido una oferta oficiosa del PSOE para figurar en alguna de sus candidaturas al Parlamento andaluz y ser nominada para un alto cargo en la Consejería de Cultura de un posible Gobierno autónomo socialista en esta región, según fuentes parlamentarias." De hecho, formó parte del primer gobierno socialista de Andalucía en 1982 de Rafael Escuredo. La suspicacia de la vieja guardia socialista respecto a sus orígenes impidió a Rubiales hacer carrera nacional en el PSOE. Sólo recientemente, fue nombrada presidenta del PSOE andaluz y aceptada por José Antonio Griñán que conocía su afinidad personal con Manuel Chaves.
Desde hace tiempo, el despacho de Rubiales y Pérez Royo parece estar dedicado, en gran medida, a intermediar en asuntos bien delicados. Por poner un primer ejemplo, Iván Chaves, hijo del ex presidente de Manuel Chaves.
Iván Chaves y el despacho de Rubiales y Royo
Iván Chaves, el comisionista hijo del ex presidente, se ha dedicado a quitar obstáculos públicos y privados a los proyectos de la Compañía para el Comercio de las Indias Occidentales. Esta Compañía está vinculada contractualmente a través de Cexmark Soluciones al hijo de Manuel Chaves. Ya se sabía que la empresa tenía intereses urbanísticos en la localidad onubense de Minas de Riotinto. En diciembre de 2005, a través de Rumbo 5 Cero SL y por sólo 2,8 millones de euros se hizo con 1.200 hectáreas embargadas a la antigua compañía minera Minas de Río Tinto SA (MRT) en una "subasta" de la Agencia Tributaria. Pues Iván Chaves firmó con los representantes de esta empresa un contrato por 30 años que expira en el año 2038, un modo nada habitual de operar en ningún negocio. Y al tiempo, Javier Pérez Royo y Amparo Rubiales intermediaban con el Ayuntamiento de Rio Tinto. Tanto que a Pérez Royo le llegaron a llamar "el ángel" por verse en él la salvación económica de la zona con ese proyecto.
Lo curioso es que, como ya contamos en Libertad Digital, Javier Pérez Royo y Amparo Rubiales se presentaron el 1 de marzo de 2006 en el Ayuntamiento de Riotinto para explicar las líneas generales de su proyecto. Y no tan sorprendentemente, también son clientes de Iván Chaves, lo cual hace improbable que Manuel Chaves no conociera los negocios de su hijo, tanto como que no supiera que su hija era apoderada de Minas de Aguas Teñidas.
En principio, la propuesta era puramente urbanística. Apostaban por desarrollar, sobre un millón de metros cuadrados, un complejo residencial de lujo con un campo de golf de 18 hoyos. Todo muy social. Cuando cuajara el proyecto, la promotora iba a ser Vía del Atlántico integrada en el grupo empresarial encabezado por la Compañía para el Comercio de las Indias Occidentales, que anunciaba también un hotel de hasta 100 habitaciones, un complejo sanitario especializado en el tratamiento del Alzheimer e incluso un parque empresarial.
El responsable de la redacción del proyecto fue el arquitecto Jaime Montaner, antiguo consejero de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, uno de los invitados en 2003 a la boda de Iván Chaves e imputado por la Fiscalía Anticorrupción por pedir dinero a Jesús Gil para consentir obras en Marbella, Montaner acudió personalmente en más de una ocasión al Ayuntamiento de Minas de Riotinto a ofrecer los detalles del plan, que contaba con una reserva importante de suelo para destinarlo a la construcción de viviendas de protección oficial.
Pérez Royo, el ángel
Le llaman "el ángel", tal vez por haber ejercido de "ángel de la guarda" de Manuel Chaves al que ha defendido desde que salió del PCE tras un paso no ligero por Acción Católica. Pues el "ángel" Pérez Royo, dijo el periodista Manuel Becerro en su blog y nunca fue desmentido, se posó en Minas de Rio Tinto hace tres años. Pérez Royo, columnista de El País, se presentó en abril de 2006 ante el alcalde de Riotinto, el socialista José Manuel Delgado, como el representante legal de Rumbo 5.0, la empresa que pujó en una subasta convocada por la Agencia Tributaria, que había embargado los terrenos, hasta hacerse con 1.200 hectáreas de terreno de la antigua MRT a cambio de 2,8 millones de euros, al parecer una cantidad irrisoria teniendo en cuenta su riqueza minera y ecológica.
Uno de los compromisos que adquirió ante el Ayuntamiento riotinteño Pérez Royo, ya buen amigo personal de Manuel Chaves, fue el de ofrecer en pocos días un dossier sobre el grupo empresarial que realmente estaba detrás aportando liquidez al proyecto urbanístico-industrial que se traían entre manos. Ojo, no sólo industrial.
Rumbo 5.0 era la fachada. Los nombres de otras dos sociedades fueron revelados por Pérez Royo en la reunión del 1 de marzo de 2006: Vía del Atlántico y la Compañía para el Comercio de las Indias Occidentales. Contaba cada una con un capital social de un millón de euros, frente a los 3.005,06 euros de Rumbo 5.0 (el mínimo exigido por ley). En 2004, Vía del Atlántico superó en ventas los 4,6 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 217,8% en la producción respecto al año anterior. Pero más increíbles resultan los números de la Compañía de las Indias Occidentales: de arrojar pérdidas en 2003 por valor de 1,9 millones de euros, en 2004 logró 45,7 millones en beneficios gracias a unas ventas de 110,8 millones, lo que supone una evolución en ganancias del... ¡2.495%!
Antonio Salas Bayón, el administrador de Rumbo 5.0 que acompañó a Pérez Royo en la cumbre riotinteña, desempeñaba ese mismo cargo en Vía del Atlántico, mientras que el responsable de los picos financieros de la Compañía de las Indias era Explotación Maderera Siberiana SL, que ayudó en negocios del siglo en la Costa del Sol hace unos años.
Al parecer, a espaldas de los ayuntamientos de la zona, Pérez Royo y Rubiales se entrevistaron con la entonces directora de la Agencia de la Energía de la Junta, Isabel de Haro, ahora imputada en el caso Invercaria, para sondear las posibilidades jurídico-administrativas reales de que se reabriera la línea del cobre. Amparo Rubiales, se puso en contacto con el secretario general del PSOE de Huelva, Javier Barrero, para informarle de que eran ellos los que llevaban la representación jurídica de quienes compraron en diciembre la mitad del pueblo de Riotinto en una subasta.
Montaner, otro crimen sin castigo
El arquitecto implicado en el proyecto, Jaime Montaner Roselló, fue consejero de la Junta desde los primeros tiempos de 1984 hasta 1997, casi 13 años continuados, casi siempre en Obras Públicas. Además de otros, Montaner estuvo implicado en un caso de corrupción investigado por la Fiscalía Anticorrupción en el que fue imputado por cobro de comisiones ilegales a Jesús Gil. Como lo leen. No fue Jesús Gil el que cobró comisiones sino el que las tuvo que pagar a Montaner y al vicepresidente de la Junta de Andalucía entonces, José Miguel Salinas, para poder edificar más y mejor en los proyectos que tenía presentados. El dinero fue 85 millones de pesetas y se rubricó en un cheque que Gil presentó a la Fiscalía.
Montaner reconoció su participación en el negocio pero negó que hubiera cobrado ni una peseta. Que preguntaran a Salinas y su familia por el destino de dinero. Pero luego, el dinero apareció en manos de un contable del PSOE que lo dedicó a gastos electorales.
