La Policía revela que el consejero de Interior de Mas percibió 250.000 euros del Palau

 

El Mundo va a por todas en el caso de la supuesta corrupción de CiU.

Este lunes 19 de noviembre de 2012 al presidente y candidato a la Generalitat, Artur Mas, se le ha tenido que amargar el primer café de la mañana.

Y es que lejos de remitir las revelaciones del diario de Pedrojota en torno a la financiación del partido nacionalista, aparecen nuevos documentos y es tal el calibre que ha adquirido este asunto que hoy el periódico ha suprimido hasta el artículo de Gala para llevar una editorial tamaño sábana.

La portada de El Mundo abre a cuatro columnas con el siguiente titular; "Felipe Puig recibió 250.000 € del Palau, según la Policía" y añade a esta noticia:

"Un archivo incautado a Millet indica que el pago al entonces 'conseller' de Obras Públicas y ahora de Interior fue realizado «en efectivo en su casa en el Golf de Vallromanes".

A continuación, por debajo de esta información, pero no por ello menos relevante, se titula con "Mandos de los Mossos destruyeron pruebas y han ocultado otras al juez".

Aclara que "borraron el archivo, finalmente recuperado, en el que la directora financiera del Palau anotó un pago a «JP hijo» y añadió: 'Se ha informado a su padre, como siempre'". Y también que "no han entregado al instructor el anónimo en el que se detallan 'las comisiones que el padre de Mas recibía en Liechtenstein, desviando una parte a su propio hijo'.

Son varias las páginas que se dedican en el interior del periódico, incluida también la reproducción íntegra del borrador policial que ha desatado todo este escándalo --

Además, El Mundo optó por sacrificar el artículo de Antonio Gala para dedicarle una página completa al artículo editorial que, obviamente, versa sobre CiU y su financiación:

He aquí alguno de los fragmentos del artículo de cabecera de El Mundo sobre la corrupción de la que se acusa a CiU --Un borrador que emborrona a Convergència para siempre--:

En la política catalana debería de existir un antes y un después de la publicación de este documento que El Mundo pone hoy a disposición de todos los ciudadanos. Nadie que lo lea con buena voluntad dejará de reconocer que existen pruebas abrumadoras de que Convergència Democràtica de Catalunya -el principal partido de CiU- montó una estructura de extorsión y latrocinio masivo a costa del bolsillo de todos los catalanes y que sobre sus principales dirigentes pesan sólidas sospechas de corrupción personal que deben ser investigadas mediante comisiones rogatorias internacionales.

El ya famoso «borrador» de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) es, como su mismo nombre indica, un documento de trabajo policial que recopila el estado del caso Palau, incluidas las líneas de investigación pendientes. En su último párrafo precisa que «una vez continuasen las gestiones de verificación de los hechos... procedería la solicitud a la autoridad judicial para que libre los oportunos mandamientos».

Asegura el editorial que hubo órdenes directas para que los Mossos ocultasen o hiciesen desaparecer ciertos documentos:

El hecho de que, según denuncia de sus propios subordinados, mandos de los Mossos d'Esquadra ocultaran información tras los registros y trataran de eliminar documentos que afectan a las familias Pujol y Mas, explica de sobra su iniciativa. Temen que al final pueda haber un pacto político, al que se pliegue la Justicia en un entorno tan condescendiente con el poder como el catalán, para que sólo paguen los Millet, Montull y demás intermediarios de la trama.

Y como botón de muestra de que sus temores tienen fundamento, he ahí el hecho de que pese a existir una anotación manuscrita de la directora financiera del Palau dando instrucciones para «sacar en efectivo» y pagar a «J. P. hijo», tras haber «informado a su padre como siempre», ni Jordi Pujol Ferrusola, ni Jordi Pujol Soley han sido tan siquiera citados a declarar como imputados.

Cualquier lector avisado distinguirá en este «borrador» lo que queda probado más allá de toda duda razonable de lo que está pendiente de comprobar. Pues bien, sólo lo primero estigmatizaría para siempre a Convergència y expulsaría a sus actuales dirigentes de la vida pública en cualquier democracia digna de tal nombre.

Insiste también en la idea de que Mas tendrá que probar el origen de su fortuna:

La cuestión no es si Artur Mas ha cancelado ya o no esas cuentas sino si es capaz de aportar o no pruebas o, al menos, explicaciones convincentes sobre el origen de aquel dinero que desvirtúen la acusación policial de que procedía de las mismas comisiones que recibía la familia Pujol. Ni Pere Navarro, ni Alicia Sánchez-Camacho, ni Joan Herrera, ni Oriol Junqueras, ni Albert Rivera, ni Alfons López Tena tienen ese problema. Pero Artur Mas, sí. No olvidemos -qué casualidad- que también él fue durante dos años consejero de Obras Públicas. Como explicó Cospedal, es obvio que en esas circunstancias un presidente autonómico del PP duraría 10 minutos antes de dar explicaciones o tener que dimitir.

Y concluye que:

Por nuestra parte parte sólo queda añadir que aguardamos con tranquilidad la presentación de las querellas tan reiteradamente anunciadas por Mas, Pujol y la propia Convergència. En el proceso penal propio de un Estado de Derecho no sólo rige la exceptio veritatis, cuando se trata de delitos de opinión, sino que existe la fase de prueba en la que se puede solicitar la práctica de las más diversas diligencias.

Porque en definitiva aquí lo único que importa no es si Artur Mas y Jordi Pujol son buenos patriotas catalanes o si los periodistas de El Mundo somos «mala gente» -como dijo el oficialmente Honorable-, sino cuánto se han llevado, cómo se lo han llevado y para quién se lo han llevado

 

Corrupción en Cataluña: Análisis de la Documentación facilitada por entidades financieras