Según este auto, Garzón necesitaba esos datos reservados para garantizarse el éxito de la investigación, en primera plana de todos los medios de comunicación. Por esa razón, ordenó la colocación de artificios técnicos de escucha dentro del centro penitenciario para grabar las conversaciones entre imputados y letrados. Dio “instrucciones precisas” a los funcionarios de la Policía Judicial para que, cada vez que el interno comunicara con algún abogado, cualquiera que fuese, se dispusiera la activación del mecanismo de escucha y grabación de las conversaciones.
Es la Sala de lo Penal del Alto Tribunal la que debe fijar ahora fecha para que se siente en el banquillo de los acusados por los delitos de prevaricación y uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constituciones. Fuentes jurídicas señalan que ésta será la primera de las tres causas por las que se verá al juez en el banquillo. El caso de la Memoria Histórica va más retrasado, a pesar de estar ya en fase oral, por la complejidad del asunto y las recusaciones de cinco de los magistrados.
El auto de Jorge Barreiro es muy tajante a la hora de recalcar que Garzón era consciente de que estaba grabando conversaciones a sabiendas de que estaba vulnerando el derecho de defensa. De hecho, Garzón mandó introducir, “a modo de coletilla”, la prevención de que se garantizase ese derecho, “cosa que sabía imposible en los términos en los que había dispuesto la medida”.
Estas conversaciones contenían “aspectos nucleares” sobre las estrategias de defensa. Aun así, a Garzón “le resultó indiferente”. La investigación por la trama de corrupción en torno al PP estaba en primera línea mediática y política, y Garzón continuó grabando estas conversaciones, a sabiendas que era una decisión ilícita, con la finalidad de “aguardar nuevos frutos para su investigación”.
El juez jugaba con ventaja
Garzón dispuso de la transcripción de estas conversaciones antes de tomarles declaración en su despacho. Cuando los tres principales imputados -Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez- fueron interrogados, el magistrado ya conocía sus principales líneas de defensa. “Una vez conocido el contenido íntegro de la relación confidencial entre los internos y sus abogados, sólo entonces, se decidió el expurgo por el magistrado instructor, una vez que se había producido la lesión del derecho fundamental de forma irremediable”.
El Consejo General del Poder Judicial debe ser informado de esta decisión para los efectos oportunos. Sin embargo, de manera práctica ya no se puede hacer nada porque Garzón ya está suspendido de manera cautelar del Juzgado Central de Instrucción número 5 por la causa de la Memoria Histórica
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