El p.s.o.e.no es el Estado Español

EN el ejercicio de su función fiscalizadora del dinero público, el Tribunal de Cuentas reprocha a Rodríguez Zapatero la utilización de un avión Falcon de carácter oficial para acudir a un acto electoral del PSOE. Los políticos deben ser muy conscientes de la distinción entre Estado y partido, aunque para ello tengan que practicar el difícil arte del desdoblamiento en sus funciones, sobre todo en tiempo de elecciones. Mezclar uno y otro ámbito revela una querencia por fórmulas de privilegio que no debería practicar un gobernante democrático. En efecto, por este camino se llega a una confusión intolerable entre la responsabilidad institucional y la actividad partidista, rompiendo las reglas del juego del Estado democrático. Conviene recordar que fue el propio presidente quien impulsó la aprobación de un Código de Buen Gobierno, con medidas estrictas sobre regalos, conflictos de intereses e incluso tratamiento protocolario a los altos cargos. Ahora resulta que Zapatero no se siente vinculado por las instrucciones que impone a sus subordinados porque se considera un «bien de Estado» que tiene derecho a poner los recursos públicos al servicio de su interés particular.


El Tribunal de Cuentas estima con razón que es preciso regular el uso de aviones oficiales para evitar situaciones como la ocurrida en las últimas elecciones europeas, cuando -según reveló ABC- el presidente utilizó el Falcon para acudir a Dos Hermanas (Sevilla). El PSOE invoca para justificarlo unas supuestas razones de seguridad que no han logrado convencer al organismo fiscalizador. Hace ya tiempo que el Congreso instó al Ejecutivo a regular el uso de medios públicos en campañas, pero -como parece ya una costumbre reitera- el Ejecutivo hizo caso omiso de la voluntad de la Cámara. La propuesta del PP para reducir gastos en campaña es una buena oportunidad para que los partidos empiecen a apretarse el cinturón. El PSOE no es el Estado, aunque alguno de sus dirigentes confunda sin pudor dos ámbitos muy diferentes. Mientras el Estado del bienestar sufre severos recortes, es injustificable que el partido gubernamental pretenda practicar la sana virtud del «ahorro» a costa del dinero de todos.