Las sedes de UGT y CCOO están en edificios del Patrimonio del Estado
Las empresas españolas se ven obligadas al mantenimiento de cerca de trescientos cincuenta mil liberados
Los sindicatos son una de las causas fundamentales del crecimiento del paro y del descenso del nivel de vida de los trabajadores.
Como apuntaba el economista Friedrich Hayek, en relación con la Inglaterra de los años ochenta, sin la tendencia sindical a eludir las propias responsabilidades, "hace mucho que incluso los sindicatos se habrían visto obligados a admitir que la política de sus organizaciones es, en condiciones normales, la causa única del gran paro duradero, así como el principal obstáculo de una subida más rápida de los ingresos de los obreros".
Lo indicado por Hayek tiene plena y acrecentada actualidad en la España actual, incluso la advertencia de que "no se subestimen la importancia de los valores contra la privación y el hambre, que ahora se dan por supuestos y están en gran parte asegurados, y no los sacrifiquen al reclamo de otros nuevos -compasión o ‘solidaridad' desinteresados- no realizados todavía".
Hay dos principios que nunca debían haber sido subvertidos o superados en relación con el derecho de asociación:
1.- Todos deben tener derecho a ingresar en un sindicato, pero nadie debe tener derecho a obligar a otros a hacerlo.
2.- Todos deben tener derecho de huelga, pero nadie debe tener derecho a imponer a otros la huelga.
En el marco de esos dos principios, los sindicatos son organizaciones de la sociedad civil beneficiosas para los trabajadores.
Fuera de ellos, los sindicatos se convierten en causa de paro y lastre para los trabajadores.
A los sindicatos se les ha ido permitiendo, como privilegio concedido por el Gobierno, la participación en el monopolio de la violencia, no sólo porque los piquetes han actuado tradicionalmente con completa impunidad, sino, sobre todo, porque se ha impuesto la afiliación obligatoria.
En la Inglaterra sobre la que reflexionaba Hayek había sectores en los que no se podía trabajar sin estar afiliado a los sindicatos. La situación en España es mucho peor porque todos los trabajadores están obligatoriamente afiliados y a todos los sindicatos al tiempo.
Eso se hace mediante la fuerza coercitiva del Estado, a través de la Agencia Tributaria, quitando de manera obligatoria dinero a los contribuyentes para financiar a los sindicatos.
Aquellos ni tan siquiera pueden optar entre uno u otro sindicato, ni les queda la decisión de no trabajar en tal sector económico con tal de no afiliarse, simplemente se les detrae el dinero de sus impuestos, sin preguntarles su opinión.
De esta manera, se ha llegado a tildar a los sindicatos de ‘instituciones', como si se tratara de puro aparataje del Estado.
Esta instalación en los Presupuestos es altamente lesiva para la economía y para los propios trabajadores.
Si la mano de obra no se distribuye según la demanda de productos, habrá paro.
LOS LIBERADOS LASTRAN
Las empresas españolas se ven obligadas al mantenimiento de cerca de trescientos cincuenta mil liberados, lo que lastra de manera clara su competitividad.
Esas empresas repercutirán esos gastos, que nadie tiene que ver con la productividad, sino que son una especie de impuesto añadido, en los productos.
Dado que estos son adquiridos mediante criterios de utilidad marginal -es decir, cuando la relación calidad-precio es conveniente para el consumidor-, los productos tenderán a ser menos competitivos para la exportación y, en el mercado interior, se tenderá a adquirir productos importados.
LAS SUBVENCIONES PERJUDICAN
Hay que tener en cuenta que una buena parte de las sedes de UGT y CC OO están en edificios del Patrimonio del Estado, sin pagar alquiler ninguno.
Según datos recopilados por el analista Francisco Reyes, el año 2000, los sindicatos tenían cedidos 545.000 m2. Calculando a la baja, que ahora sean 600.000 m2 y un precio de alquiler medio de 25 euros el m2 por mes, por doce meses, la cifra global sería de 180.000.000 de euros.
A cada trabajador español se le detrae igualmente de manera coercitiva y obligatoria una cuota para formación continua, que el Estado transfiere en situación de práctico monopolio a los sindicatos, compartido con la CEOE, a través de la Fundación Tripartita.
Los trabajadores podrían bien reclamar esos dineros en tiempos de crisis y reservarlos para cuando los necesiten, pero el Estado considera que lo administraran mejor los agentes sociales: 2.235.874.000 euros para cursos, que, con frecuencia, ni tan siquiera se dan, de los que la citada Fundación recibe directamente, como una especie de comisión de partida, el 3% (179.870.000 euros).
Todo este dinero ha de ser pagado por trabajadores y empresas a través de sus impuestos, lo que resta competitividad, generando paro.
UGT y Comisiones Obreras reciben al mes cuantiosas subvenciones del Ministerio de Trabajo por una cantidad superior a los quince millones de euros.
Otras muchas administraciones autonómicas, provinciales y locales contribuyen igualmente a las arcas sindicales. En el amplio mercado de las subvenciones, los sindicatos aparecen continuamente primados.
Sin duda, parte de ese dinero revierte al mercado a través del consumo de los sindicalistas, al tiempo que es detraído del resto de los contribuyentes.
Este trasvase de fondos se hace dentro de un clima general ineficiente y parasitario.
Encarece los productos de las industrias españolas, puesto que las empresas han de detraer una parte de sus fondos para una presión fiscal excesiva, de modo que ni tan siquiera esos productos son competitivos para los consumidores españoles, ni para los sindicalistas, ni para el resto.
Eso genera, continuamente, paro, destruye tejido industrial, lo que hace aumentar el paro.
LAS FINANZAS SINDICALES
Si la afiliación fuera voluntaria y los sindicatos constituyeran asociaciones de libre elección, estarían interesados en la competitividad y en reducir el paro; pero, en términos de incentivos, los sindicatos no están implicados en que desciendan los parados.
Sus subvenciones y privilegios son directamente detraídos del Presupuesto e incluso los dineros que cobran en los ERES y a través de sus asesorías jurídicas hacen que sus finanzas mejoren cuanto más paro haya (siempre que no se supere un punto de equilibrio de colapso, pero los sindicatos están metidos en una rueda infernal parasitaria que les impide salir de su esquema parasitario).
CAUSA DEL MILEURISMO
Para que no haya paro, la economía de una nación ha de ser capaz de pagar sueldos más altos en aquellos sectores cuyos productos son más demandados por los consumidores y más bajos en los que se han quedado obsoletos.
Sin embargo, los sindicatos, mediante la negociación colectiva, tienden a establecer rigideces que impiden la flexibilidad da la respuesta a la demanda, por lo que por esta vía también se daña a la competitividad y se genera paro.
Una parte de este efecto perverso se mitiga de una manera harto discutible trasladando los perjuicios en exclusiva a los que acceden por primera vez al mercado de trabajo, a las nuevas generaciones, provocando ese fenómeno que se ha denominado mileurismo, y que ya no responde ni tan siquiera a ese nombre.
De esta manera, los sindicatos españoles se han convertido en una rémora para los trabajadores y en una de las causas más evidentes del elevado paro que padecemos y que se sigue incrementando.
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