Los sindicatos salen hoy a la calle para protestar contra la pretensión del Gobierno de elevar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años y para reivindicar el sistema público de pensiones como “patrimonio de la sociedad española”, según defendió el pasado viernes un vehemente Cándido Méndez ante la Asamblea de delegados sindicales de Madrid. Lo que seguramente no sepan esos delegados –ni nadie prácticamente porque ya se encargan ellos de ocultarlo con celo– es que tanto la Unión General de Trabajadores como Comisiones Obreras vienen obteniendo desde hace años suculentos ingresos de la gestión de los fondos y planes privados de pensiones.
El día 1 de julio de 2005, el consejo de administración de la Consultora de Pensiones y Previsión Social, Sociedad de Asesores SL, cuyo secretario era y es Antonio Ferrer Sais (el Toni Ferrer al que todos conocemos como secretario de Acción Sindical de UGT) certificaba ante el Registro Mercantil el nombramiento como nuevo presidente de la firma de Ignacio Fernández Toxo (por aquel entonces secretario de Políticas Sectoriales; hoy, secretario general de CC OO) en sustitución del también sindicalista de Comisiones Fernando Puig-Samper.
La sede social de dicha consultora se ubica en Madrid, en el número 54 de la calle Bravo Murillo, y en el ejercicio 2007 (últimas cuentas a las que ha tenido acceso LA GACETA) declaró unos beneficios de 91.680,82 euros. Según consta en el Registro, el objeto social y la actividad de la consultora que encabeza Fernández Toxo “es la realización de estudios, asesoramiento, consultoría, auditoría, evaluación y revisión de los estados económicos, financiero, jurídico y actuarial, de Planes y Fondos de Pensiones y de todas las variedades y concepciones de previsión social, por lo que dedicará su actividad a cuantas cuestiones afecten a su desarrollo”.
Piensan los representantes de los trabajadores, y lo dicen cada vez que tienen ocasión, que las pensiones privadas no son la solución, sino el negocio de unos pocos a costa del bienestar de la mayoría. ¿Suscribirán ese mensaje en la intimidad el mandamás y los consejeros de la Consultora de Pensiones y Previsión Social, Sociedad de Asesores SL?
GPP
Pero no acaba aquí la aventura de las dos centrales mayoritarias en el negocio de las pensiones privadas. Ni mucho menos. CC OO y UGT –siempre al alimón, como en las jugosas subvenciones que reciben del Gobierno de Zapatero– se dan la mano con una entidad bancaria en Gestión de Previsión y Pensiones Entidad Gestora de Fondos de Pensiones SA. El banco que preside Francisco González posee el 60% del capital; Comisiones, el 20% y la Unión General de Trabajadores, el 20% restante.
Como consta en el Registro Mercantil de Madrid “de conformidad con lo dispuesto en las normas de funcionamiento de los distintos Fondos, las comisiones de gestión no pueden exceder del 2% anual del patrimonio del Fondo gestionado”.
Los especialistas consultados por este diario consideran más que viable la opción de que ambos sindicatos “estén jugando” hasta ese límite con las nóminas de sus afiliados en las empresas, a fin de obtener el máximo beneficio para la gestora de la que forman parte.
Fonditel
Antes de que la crisis económica empezara a dar sus primeros síntomas, a cierre de 2007, GPP gestionaba un total de 46 fondos de pensiones. Muchos, lógicamente, llevan la rúbrica del Bilbao Vizcaya Argentaria, pero en la relación aparecen un total de 46 compañías tanto públicas como privadas. En el primer grupo se incluyen la Corporación RTVE o el gestor de las infraestructuras aeroportuarias AENA; en el segundo, la petrolera Repsol, Enagás, la cervecera Mahou o Unilever.
A diferencia de la consultora que preside Toxo, en este caso los sindicatos son menos reacios a reconocer su papel como gestores del sistema complementario de pensiones. Hace un par de años, sin ir más lejos, Comisiones Obreras presumía de que GPP era la primera institución española en adherirse a los principios de inversión responsable de Naciones Unidas. Todo por la pasta, sí, pero también por la ideología.
La otra gestora de pensiones donde participan los dos sindicatos mayoritarios con un 30% del accionariado es Fonditel, del Grupo Telefónica.
Fue constituida en 1992 como entidad para administrar el plan privado de prestaciones de los empleados de la operadora. Una década después, al calor del boom de los mercados, la gestora estaba autorizada en 2003 para comercializar también fondos de inversión, una iniciativa que hizo brillar y mucho a Fonditel por el éxito de algunos de sus productos, como los rentabilísimos Velociraptor o Albatros. Pero aquella trayectoria se truncó a comienzos de 2007, aunque las primeras señales de alarma saltaron con los discretos resultados que cosechó el plan de pensiones en el ejercicio 2006 a pesar de la excelente evolución de las Bolsas.
Mucho más cerca en el tiempo, a comienzos del año pasado, se supo que el plan de pensiones de Fonditel había sido uno de los principales afectados por la quiebra de Lehman Brothers, como después llegaría la confirmación de que tampoco se libró del escándalo Madoff. La gestora de Telefónica es noticia estos días por los cambios en su equipo directivo.
Denunciaba Gaspar Llamazares la semana pasada en el Congreso de los Diputados que, detrás de la propuesta del Gobierno de elevar la edad legal de jubilación hasta los 67 años, “podría esconderse la intención de favorecer las pensiones privadas frente a las públicas, pues las primeras han perdido un 20% de su valor”. Para disgusto de los líderes de CC OO y UGT, debió añadir el diputado de Izquierda Unida.
Papá Estado
La reforma que se plantea para sostener el modelo de previsión del Estado se reclama igualmente para una actividad que, si se compara con los países de nuestro entorno, ha quedado disminuida. En España, los planes privados representan el 12% del PIB, mientras que en Holanda, por ejemplo, alcanzan el 140%. El régimen fiscal con el que se trata el capital acumulado como salario diferido, es la principal crítica que se le hace al sistema desde los sindicatos, las empresas y el propio sector de la inversión colectiva. Pero no es la única. La idea de que el sistema público será suficiente para mantener un buen poder adquisitivo tras la jubilación resulta tan extendida como equivocada.
Desde la patronal Inverco se insiste en el mensaje de que nuestros gobernantes nunca se han atrevido a explicar a los ciudadanos que el sistema público no aguanta. Y es obvio que no se puede confiar al 100% en papá Estado. Y menos en estos tiempos que corren.
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