El candidato del PSC arremete con dureza contra “la división social que aún perdura” provocada por el independentismo
EL PAIS
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha criticado este domingo con dureza los efectos negativos que ha acarreado el proceso independentista y la “división social que aún perdura” después de ocho años. En el que ha sido su primer acto preelectoral virtual, el candidato del PSC a la Generalitat ha asegurado que “no hay nada peor que sentirte exiliado en tu propio país” y recordó que el secesionismo “repartió etiquetas de catalanes” que no tenían cabida en esa comunidad.
Illa se preguntó cuándo se dejará de hablar “de ellos y nosotros” y cuándo empezaron a quedar “sillas vacías de familiares y amigos”, que antes se reunían, por diferencias ideológicas entre partidarios y detractores de la secesión. Se trata, dijo, de “una angustia incomparable de unos y otros” y “lo triste”, añadió, es que esas amistades y lazos familiares ya no existen “porque ambas posiciones se condenaron.
“Aquí no sobra nadie. La mitad de Cataluña necesita a la otra mitad”, proclamó el candidato del PSC, que cargó contra “la política de trincheras, porque no requiere esfuerzos”. En su opinión, el independentismo “ha confundido valentía con radicalidad” y se ha acusado de traidores “a los que querían dialogar”, en lo que se entendió como una crítica al Gobierno del PP por su inacción durante los meses álgidos del procés en 2017, que derivaron en la declaración unilateral de independencia del Parlament.
Frente a ese pasado de división social, Illa aseguró que él no va a preguntar a nadie “a quién apoyó, ni cómo piensa, ni qué se siente”. “Yo me siento catalán, español y europeo”, aclaró. “Necesitamos limpiar el alma de rencor”, añadió el líder socialista, como premisa básica para construir una Cataluña “sin bandos ni bloques”. La hora de los “proyectos excluyentes acabó”, dijo. También la de las quimeras del independentismo. “El humo es humo, por muchos colores que tenga”, advirtió, y pidió revertir los efectos económicos negativos de entonces, como que Barcelona no sea la sede de la Agencia Europea del Medicamento, una decisión que se adoptó en noviembre de 2017, cuatro semanas después de la declaración del Parlament y con los líderes políticos encarcelados o huidos.
