El proyecto de la Fundación de los líderes de Podemos pretendía contrarrestar las críticas por la violación de derechos humanos en Venezuela. CEPS sugirió a Chávez que identificara a sus opositores como "delincuentes comunes" y "terroristas internacionales"
Estudiantes venezolanos se manifiestan en apoyo al líder opositor Antonio Ledezma, el pasado mes de febrero
La Fundación de Pablo Iglesias propuso al presidente venezolano Hugo Chávez crear un Museo dedicado a rememorar el “genocidio” de los pueblos indígenas americanos a manos de los colonizadores españoles, con el fin de contrarrestar las críticas de organizaciones internacionales independientes sobre la violación sistemática de derechos humanos cometidas en Venezuela.
Es decir, se trataba de mantener viva la memoria de crímenes cometidos en América hace 500 años, como cortina de humo para evitar que los medios de comunicación hablaran sobre los crímenes cometidos durante una década por el régimen chavista.
Durante años, la Fundación CEPS remitió a Hugo Chavez argumentarios para justificar públicamente la detención de periodistas y líderes de la oposición, presentándolos ante la opinión pública como “delincuentes comunes” y “terroristas”.
El Gobierno venezolano pagó 3,7 millones de euros entre 2004 y 2012 por esta labor de “asesoramiento” a la Fundación de la que formaban parte los mismos líderes que luego fundaron Podemos, como Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón, Luis Alegre y Carolina Bescansa. Una cifra que se eleva a 4,2 millones de euros si se añaden los informes elaborados en 2013 y 2014.
El Gobierno de Caracas se vio en apuros en enero de 2011, cuando la organización internacional Human Rights Watch (HRW) emitió un duro informe que recogía numerosos casos de violación de derechos humanos por parte del Ejecutivo de Chávez.
¡Financiados por Coca Cola!
En un informe emitido el 29 de enero de 2011, la Fundación de los líderes de Podemos aportó al presidente venezolano argumentos para identificar a esta ONG con la “extrema derecha norteamericana” que “instrumentaliza los derechos humanos como arma arrojadiza contra los procesos revolucionarios impulsados en Nueva América”.
Aunque para ello tuviera que recurrir a una alambicada teoría conspiranoica explicando que Human Rights Watch (HRW) recibe “financiamiento de instituciones y fundaciones de Washington, además de multinacionales con intereses imperialistas como Time-Warner, Coca Cola, Citigroup, la Open Society Institute del multimillonario especulador George Soros y la Fundación Ford, que es uno de los frentes culturales de la CIA”.
De este modo, la Fundación de Pablo Iglesias ofrecía al Gobierno de Hugo Chávez la coartada perfecta para seguir vulnerando las libertades y los derechos humanos en su país, haciendo oídos sordos a las denuncias internacionales.
Pero el mismo informe firmado por la Fundación CEPS el 29 de enero de 2011 plantea otras dos “recomendaciones” especialmente llamativas, igualmente encaminadas a contrarrestar este tipo de críticas al régimen chavista.
Por un lado, propone crear un Museo de la Memoria y Dignidad de los Pueblos de Nuestra América, como espacio divulgativo para dar a conocer “la violación de derechos humanos” en el Continente durante “la conquista española, su colonización y genocidio”. El mismo museo debía reflejar también los supuestos crímenes cometidos por el “imperialismo ejercido por EEUU”.
La ‘guerra sucia’ de EEUU
La segunda recomendación de CEPS consiste en crear “una Comisión de Justicia y Verdad que se encargaría de investigar las sistemáticas violaciones de los Derechos Humanos” acaecidas en Venezuela… durante la IV República (1956-1999), es decir, en el período político inmediatamente previo a la llegada de Hugo Chávez al poder.
El informe propone crear esta comisión “formada por juristas nacionales y personalidades de relieve internacional” mediante un decreto del propio presidente Chávez, para investigar las “torturas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos que fueron prácticas generalizadas de varios Gobiernos en el marco de la guerra sucia promovida por EEUU en todo el hemisferio”.
El documento elaborado por la Fundación de Pablo Iglesias apenas deja lugar a dudas sobre su intención: se trataba de investigar y denunciar los crímenes cometidos antes de que Chávez llegara al poder -incluso 500 años antes, en el caso del Museo del genocidio de la colonización española- para acallar las críticas sobre la violación de derechos humanos cometidas por su propio régimen.
La Fundación CEPS planteó la misma estrategia en otros casos similares. Actuando como auténticos comisarios políticos, los “asesores” de CEPS alertaron el 21 de enero de 2011 al Gobierno de Hugo Chávez de que “más de 40 organizaciones latinoamericanas” tenían previsto celebrar durante el fin de semana actos de protesta en varias ciudades del planeta (entre ellas, en Madrid, Londres, París, Roma, Nueva York, Washington y Los Ángeles) para denunciar la falta de libertades en Venezuela.
Detenida por publicar una sátira política
Para contrarrestar estas críticas, la Fundación de Pablo Iglesias recomendó al presidente Chávez que “realizara algún tipo de declaración vinculando estas movilizaciones a la campaña de terrorismo mediático imperialista” organizada supuestamente contra él por el Gobierno de Estados Unidos.
El semanario venezolano Sexto poder publicó el 20 de agosto de 2011 un reportaje satírico titulado Las mujeres de Chávez en el poder, ilustrado con un fotomontaje en el que cinco mujeres que ocupaban destacados cargos públicos en la Administración venezolana (entre ellas, la Defensora del Pueblo, la fiscal general del Estado y la presidenta del Tribunal Supremo) aparecían caracterizadas como bailarinas de un cabaret. Algo que no pasaría de ser un chiste de mal gusto en cualquier democracia.
Pocas horas después de que la publicación saliera a la calle, grupos de simpatizantes chavistas organizaron un acto “espontáneo” de repudio ante la redacción de la revista. A continuación, la subdirectora del semanario, Dinora Girón, fue detenida por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) -la Policía política del Gobierno de Chávez- acusada de un delito de “instigación al odio, tipificado en el artículo 285 del Código Penal venezolano”.
La Fundación de Pablo Iglesias se encargó de remitir al Gobierno de Caracas un “argumentario” que le permitiera justificar ante la opinión pública la detención exprés de la periodista.
“Testaferros de las mafias cubanas”
El documento redactado por los asesores españoles señala que la publicación del reportaje satírico constituye “>una temeraria operación política promovida desde factores delictivos, mediante la cual intentan valerse de la libertad de expresión venezolana para violar las leyes, ofender gravemente al Estado, a sus instituciones y servir como vulgar instrumento de ataque contra la democracia”.
Todo un canto a la libertad de expresión. En su informe, la Fundación CEPS se encargaba de criminalizar tanto a los periodistas que trabajaban en la revista (a los que califica como “delincuentes”), como a sus editores, al sugerir que reciben “financiamiento exterior a través de empresas inmobiliarias de testaferros de las mafias cubano-estadounidenses, mantienen una extraña conexión entre la derecha venezolana y la delincuencia común”.
En los dos casos citados, las “recomendaciones” planteadas por la Fundación de Pablo Iglesias al Gobierno de Hugo Chávez consisten en calificar de “delincuentes” a los periodistas que critican su régimen y en identificar como “terroristas” a los opositores que denuncian la falta de libertades en su país.
Lejos de defender las libertades, la Fundación de los líderes de Podemos se dedicó a criminalizar a quienes las reivindicaban y a lavar la imagen del régimen que pagó más de 4,2 millones de euros por sus carísimos informes de “asesoramiento”.
Fuente:okdiario.com
