En el caso Eurowork se estafó 2,5 millones a 5.000 inmigrantes latinoamericanos.
Miembros de la marca blanca de Podemos/Facebook Podemos Puerto Real
La delegada de Hacienda de la localidad gaditana de Puerto Real, de la formación Sí se Puede, Mónica González, está procesada por la Audiencia Nacional por una supuesta estafa millonaria a inmigrantes sudamericanos.
La número cuatro de la marca blanca de Podemos está implicada en el caso Eurowork, en el que presuntamente se estafó alrededor de 2,5 millones de euros a 5.000 inmigrantes sudamericanos.
La entidad les prometía el visado y un puesto de trabajo en España a cambio de 465 euros. Posteriormente este dinero llegaba a la filial española, cuya administradora única era la propia González.
Así se gestó la trama
La empresa llegaba a emitir un recibo con un compromiso de devolución en caso de no lograr un empleo en tres o seis meses, dependiendo del caso. Pocos fueron los afortunados, y muchos los perjudicados.
La filial no daba respuestas claras a los afectados. “Estamos tramitándolo y va lento” o “el INEM no nos ha enviado aún la documentación”, fueron algunas de las excusas que recibieron. Los perjudicados empezaron a sospechar. Algunas de las filiales en Latinoamérica empezaron a cerrar y todo se centralizó en Madrid, filial en la que trabajaba la concejal podemita.
Las primeras denuncias empezaron a aparecer y pronto alcanzaron las 5.000 y los responsables de Latinoamérica señalaron a Madrid como lugar donde iba a parar todo el dinero, administrado por Mónica González.
En declaraciones al Diario de Cádiz, González se ha autodefinido como “una estafada más” y ha negado ser partícipe del engaño, ya que no tenía acceso a los pagos ni a las cuentas de Eurowork.
González continúa en el cargo
En cuanto a su situación actual como concejal, González ha señalado que entiende lo que dice el programa ético de su formación y ha indicado que “firmé una carta con mi renuncia desde el primer día poniendo siempre de la mano de nuestras asambleas esa decisión, con base siempre a una imputación por la apropiación o la estafa en el ejercicio de un cargo público, y yo lo que he cometido es el error de confiar en una persona cuando acabé la carrera y hace diez años”.
González no es la única edil investigada judicialmente en el gobierno de Puerto Real, ya que también la Fiscalía ha enviado a la Audiencia Nacional la denuncia por los mensajes ofensivos que dejó en redes sociales otro edil de Podemos, Juan Antonio Pontones, en los que llegó a elogiar a los GRAPO y a desear la muerte de policías.
No hay comentarios:
Publicar un comentario