Condenado a 4 años y 9 meses de cárcel el 'chófer de la coca' por gastarse el dinero de los ERE

 

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Salida de la Audiencia Provincial de Juan Francisco Trujillo, exchófer del exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero. EP

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Salida de la Audiencia Provincial de Juan Francisco Trujillo, exchófer del exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero. EP

El 'chófer de la coca', ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, del caso ERE ha sido condenado este martes a cuatro años y nueve meses de prisión por desviar parte de los 1,3 millones de euros en ayudas que le concedió la Junta a la compra de droga.

La sentencia considera probado que “destinó parte de los fondos recibidos de las subvenciones al pago de necesidades particulares” del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero como “consumiciones en restaurantes y establecimientos de ocio, y suministro de estupefacientes (cocaína)”, ha informado el TSJA en un comunicado.

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Trujillo fue juzgado el pasado mes de enero por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial en una pieza separada del caso ERE por las ayudas otorgadas por la Junta de Andalucía a tres sociedades mercantiles de las que era socio y administrador y por la suscripción “fraudulenta” de pólizas de seguros a favor de su propia madre.

La Audiencia cifra el perjuicio total ocasionado por la adjudicación de las tres subvenciones en 1.350.000 euros, y en 125.028,01 euros el ocasionado por el pago de la póliza suscrita a nombre de la madre de Trujillo, cantidad por la que debe indemnizar a la Junta, según se establece en la sentencia contra la que cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Delitos 

En la sentencia notificada este martes a las partes, la Sección Primera condena a Juan Francisco T.B. como cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación, en calidad de 'extraneus' y con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas y la atenuante analógica de confesión.

Por las ayudas por valor de 1.350.000 euros que recibieron sus empresas, le impone cuatro años y tres meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación y tres años de cárcel y siete años y medio de inhabilitación absoluta por el delito de malversación.

En relación a la suscripción fraudulenta de las pólizas de seguros a favor de su madre, el tribunal lo condena a tres meses de prisión y al pago de una multa de 540 euros por el delito de falsedad; tres años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación, y un año y medio de prisión y tres años de inhabilitación absoluta por el delito de malversación.

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Por el contrario, lo absuelve del delito de tráfico de influencias porque “no existió una presión moral o influencia de Juan Francisco T. sobre Guerrero que pudiera haber sido soportada por la especial relación de confianza que ambos mantenían a raíz de la prestación continuada por Juan Francisco T. de funciones como conductor”, argumentan los magistrados.

En concepto de responsabilidad civil, condena al exchófer a indemnizar a la Junta de Andalucía con 1.350.000 euros por las ayudas fraudulentas recibidas, cantidad de la que en relación a 450.000 euros deberá indemnizar de forma conjunta y solidaria a la Junta junto con el acusado Isidoro R.E. 

Asimismo, y respecto del importe total de 1,3 millones en ayudas fraudulentas recibidas, la Audiencia condena a la esposa del principal acusado, como partícipe a título lucrativo, a indemnizar a la Junta en 24.000 euros conjunta y solidariamente, ya que se considera probado que entregó a su esposa esa cantidad para que comprase la vivienda conyugal.

Además, la Audiencia impone una pena de un año y cuatro meses de prisión a otros dos acusados -Isidoro R.E. y al exdirectivo del grupo Vitalia Antonio José A.M.-.

Enriquecimiento propio

La Audiencia considera probado que, en el año 2003 “y con ánimo de enriquecimiento propio”, el  director de Trabajo “se concertó” con Juan Francisco T.B., que desempeñaba para el primero funciones de conductor, para constituir sociedades con la intención de recibir cantidades procedentes de ayudas que serían concedidas para financiar presuntas actividades de inversión, y que provenían de fondos públicos, prescindiendo del procedimiento legalmente establecido.

Según la sentencia, Juan Francisco T. utilizó las ayudas para fines "relacionados con la satisfacción de intereses particulares como la compra de bienes inmuebles”, a lo que se suma que “destinó parte de los fondos de las subvenciones al pago de necesidades particulares de Guerrero -que incluían consumiciones en restaurantes y establecimientos de ocio, y suministro de estupefacientes (cocaína)- y a la entrega a éste de cantidades en metálico”.

Asimismo, se considera probado que, en abril de 2007 “y con la misma finalidad de enriquecimiento propio”, Juan Francisco T. y Guerrero “decidieron apropiarse del importe correspondiente a las prestaciones de unas pólizas de seguros a suscribir como ayuda sociolaboral mediante la inclusión como asegurada y beneficiaria de una tercera persona”, que fue la madre del exchófer, ajena a todo esto.

Fuente:EL INDEPENDIETE

Bruselas noquea a Pedro Sánchez y pone la legislatura al borde del abismo

 No ha sido una buena semana para Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno comienza a torcer el gesto. La ley de amnistía, que iba a ser su salvoconducto para permanecer en Moncloa, no está ni mucho menos asegurada. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga a Carles Puigdemont por terrorismo, recibió el lunes el respaldo de la Junta de Fiscales del Supremo, que también ve indicios suficientes para seguir la pista al expresidente catalán por ese delito. Pese a todo, el Gobierno avisa de manera indirecta al togado de que el criterio final que adopte la Fiscalía dependerá, en última instancia, del fiscal general, Álvaro García Ortiz, afín al Ejecutivo. Pero ese no ha sido el único golpe.

El jueves, el Parlamento Europeo denunció en una resolución las supuestas injerencias rusas durante el procés. Los eurodiputados apuntaron directamente a los contactos del expresidente de la Generalitat y actual eurodiputado de Junts con exespías rusos en 2017 y reclamaron una investigación interna de la Eurocámara. Pero también pidieron que las autoridades españolas investiguen las conexiones del separatismo catalán con el Kremlin. Cabe recordar que el juez Joaquín Aguirre, del juzgado número 1 de Barcelona, ya abrió la puerta para hacerlo.

La resolución salió adelante con 432 votos a favor, 56 en contra y 18 abstenciones. Lo más sangrante es que el texto contó con el apoyo del PP, del PSOE, de Ciudadanos y de Vox, mientras que ERC, Unidas Podemos y Junts lo rechazaron. El PNV se abstuvo. Lo cierto es que Carles Puigdemont se haya convertido en Bruselas en un apestado sospechoso de confabular con Vladímir Putin para desestabilizar la Unión Europea es un serio problema político para Pedro Sánchez. En primer lugar, porque si el presidente sucumbe a las exigencias de Junts para salvar a Puigdemont y borra todo el terrorismo y la traición, la ley no pasará, según el Gobierno, el filtro del Tribunal Constitucional y el de Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Los mensajes de Moncloa

Pero lo peor es que los aliados europeos verán al presidente del Gobierno como cómplice de un político peligroso. Y si Sánchez no sucumbe no tiene asegurada la ley de amnistía y, por tanto, la legislatura. El presidente afronta un gran dilema. Y Moncloa ya emite mensajes. La última oferta de Gobierno, el retoque de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tiene todas las de no salir.

Fuentes del Ejecutivo admiten que el cambio en la LECrim es "complicado", porque debe moverse en un "equilibrio" difícil entre que los operadores jurídicos tengan tiempo para investigar y que esto no suponga arbitrio alguno para tener abierta una causa sine die. "Hay que mantener un equilibrio adecuado. Una cosa es que fiscales y jueces se tomen el tiempo necesario para desarrollar investigaciones complejas y otra cosa es que los procesos se alarguen y una persona no tenga derecho a una defensa efectiva porque se lleve dentro de un proceso penal quince años", zanjan estas fuentes.

Es decir, el mensaje del Gobierno a Waterloo es claro: Sánchez se está empezando a cansar de los bandazos y los recelos de Junts. Y aunque está mostrando empatía, no se va mover para cumplir las exigencias de Junts (el borrado de los delitos de terrorismo y traición de las exclusiones de la amnstía). De manera que si al final no hay acuerdo en el próximo mes y la ley no sale adelante "será una pena". Pero Sánchez, resume el núcleo duro del presidente, seguirá en Moncloa, donde ya se vislumbra incluso seguir la legislatura sin el apoyo de Junts.

Los presupuestos

Para empezar, los presupuestos, que ya están prorrogados, pueden seguir así durante todo este año. Hacienda no se ha puesto una fecha límite, mientras conversa con el resto de grupos, incluido Junts. El Ejecutivo, por tanto, ya comienza a desligar la aprobación de la amnistía de los presupuestos, como dejó claro que pasaría en un principio: "Técnicamente, no tiene ningún problema trabajar en prórroga [presupuestaria]", explican fuentes de Moncloa, que añaden: "Aparentemente, todavía, [Junts] no nos ha dicho que haya un problema de presupuestos sin amnistía. Seguimos hablando". Pero todo está en el aire. Y todo depende de que Puigdemont se convenza de que al final, tarde o temprano, podrá regresar a España sin temor a ser detenido.

El Gobierno es consciente de que, obviamente, no puede controlar a los jueces e intenta trasladárselo a Puigdemont. El Estado de derecho no puede vulnerarse. Pero en Waterloo creen que el PSOE ha intentado colarles un gol, porque consideran que sabían el hueco que se abría en la ley si se reabría la supuesta trama rusa del procés. Y, ante eso, Puigdemont no va a alumbrar, en modo alguno, una amnistía que le pueda llevar a la cárcel. Él, además, no quiere indulto; quiere la medida de gracia para pisar Cataluña después de casi siete años y emular al también expresidente catalán Josep Tarradellas.

El Gobierno se encuentra en una encrucijada. El cerebro jurídico de la amnistía, el ministro Bolaños, sigue a los mandos de la negociación con el equipo jurídico de Junts, liderado por su abogado, Gonzalo Boye, quien cree que si se vota la norma tal y como está, se verán afectados todos. Toca, pues, a Bolaños, tirar de ingeniería legislativa una vez más. Por el momento, las únicas pistas que lanza es que la ley "entró impecable y constitucional y así saldrá".

VOZPÓPULI

Dos asesinatos evitables

EDITORIAL ABC 

Tras el incidente criminal de  Barbate, son muchos ya los antecedentes en los que Marlaska demuestra su incapacidad para satisfacer las necesidades de las Fuerzas de Seguridad

Por duro que sea afirmarlo, la muerte de dos miembros de la Guardia Civil en la noche del viernes en la localidad gaditana de Barbate era evitable. La embarcación con seis agentes a bordo fue literalmente arrollada por una lancha de narcotraficantes a tal velocidad y con tal violencia que dos de ellos perecieron en lo que una asociación de la Benemérita y el propio ministro del Interior tildan directamente de «asesinato». La crueldad de los narcotraficantes, ocho de los cuales ya han sido detenidos, queda puesta de manifiesto por las grabaciones de los hechos que han trascendido, que demuestran no sólo una fría premeditación, sino también la manera en que se reían de los agentes cuando su vida corría peligro. Los hechos, y la dignidad de quienes se juegan la vida a diario en el Estrecho contra narcotraficantes bien financiados y con embarcaciones infinitamente más potentes que las del Estado, merecen una investigación a fondo y una depuración de responsabilidades en el ministerio de Fernando Grande-Marlaska.

Interior envía a diario a los miembros de las Fuerzas de Seguridad a luchar contra complejas tramas de narcos en una alarmante inferioridad de condiciones, con medios habitualmente obsoletos y con una desventaja tan notoria que resulta escandalosa. Grande-Marlaska debe dejar de eludir responsabilidades y tomar conciencia de que cuando mueren agentes, y además los narcos lo celebran como si se tratase de piezas de caza cobradas, la opinión pública no puede sentir más que frustración e impotencia viendo destrozadas, como ahora, a dos familias.

La lucha contra el narco es insuficiente en España y profundamente desequilibrada. Más claro no lo ha podido decir la fiscal antidroga de Cádiz, Ana Villagómez, desesperada por la falta de medios y el desamparo que sienten las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Villagómez ha denunciado que las narcolanchas campan a sus anchas en los muelles de la provincia de Cádiz, que los agentes están desbordados y que incluso este tipo de embarcaciones está 'ampliando' su actividad con el tráfico de inmigrantes más allá del de drogas. No es habitual que un miembro de la Fiscalía reconozca públicamente su desesperación ante una lucha que demuestra las inconcebibles debilidades del Estado, la indolencia a la hora de provisionar más medios, y la incapacidad de tomar la delantera a las organizaciones criminales. Es una irresponsabilidad consentir que las narcolanchas aventajen en veinte nudos de velocidad a las embarcaciones del Servicio Marítimo de la Benemérita o de Vigilancia Aduanera. En esas condiciones, la fuga de los delincuentes está asegurada, cuando no permanecen en puerto, como anteanoche, para provocar a la Guardia Civil y, en el peor de los casos, causar la muerte de agentes. El Estrecho empieza a asemejarse así a una suerte de 'narcoestado' que apenas implica al Gobierno, lo que contrasta con su afán por centrar toda la atención política y presupuestaria en regiones donde el soberanismo es prioritario.

Grande-Marlaska encabeza un ministerio de una extraordinaria complejidad, quizá el más difícil de gestionar. Pero son demasiados ya los antecedentes en los que Marlaska demuestra su incapacidad para satisfacer las necesidades de las Fuerzas de Seguridad. Es un ministro quemado, con nula capacidad de maniobra y a quien desde hace mucho tiempo le sobran las buenas palabras frente a la pasividad con la que incumple compromisos que debieron haberse satisfecho hace tiempo. Su gestión es muy deficiente. Lo ocurrido en las últimas semanas, con una crisis migratoria sin precedentes en Barajas, demuestran que su margen de eficacia ya es nulo. La muerte de estos dos guardias civiles no es un accidente. Es la consecuencia de una imprevisión alarmante y de una acumulación de negligencias políticas.

Dos asesinatos evitables Tras el incidente criminal de Barbate, son muchos ya los antecedentes en los que Marlaska demuestra su incapacidad para satisfacer las necesidades de las Fuerzas de Seguridad EDITORIAL ABC Por duro que sea afirmarlo, la muerte de dos miembros de la Guardia Civil en la noche del viernes en la localidad gaditana de Barbate era evitable. La embarcación con seis agentes a bordo fue literalmente arrollada por una lancha de narcotraficantes a tal velocidad y con tal violencia que dos de ellos perecieron en lo que una asociación de la Benemérita y el propio ministro del Interior tildan directamente de «asesinato». La crueldad de los narcotraficantes, ocho de los cuales ya han sido detenidos, queda puesta de manifiesto por las grabaciones de los hechos que han trascendido, que demuestran no sólo una fría premeditación, sino también la manera en que se reían de los agentes cuando su vida corría peligro. Los hechos, y la dignidad de quienes se juegan la vida a diario en el Estrecho contra narcotraficantes bien financiados y con embarcaciones infinitamente más potentes que las del Estado, merecen una investigación a fondo y una depuración de responsabilidades en el ministerio de Fernando Grande-Marlaska. 

Tras el incidente criminal deBarbate, son muchos ya los antecedentes en los que Marlaska demuestra su incapacidad para satisfacer las necesidades de las Fuerzas de Seguridad

El PSOE y Junts pactan la amnistía con Puigdemont: «Se impone la ley del silencio hasta después de las gallegas»

El PSOE y Junts, liderado por Carles Puigdemont y su fiel escudera en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, han pactado la amnistía. Así lo aseguran fuentes conocedoras de las negociaciones, pero se ha impuesto la «ley del silencio» hasta después de las gallegas. Los independentistas han conseguido absolutamente nada hasta ahora, a pesar de las grandes promesas realizadas por el PSOE. Por el momento, los socialistas han obtenido su victoria con la convalidación del escudo anticrisis sin ofrecer ninguna solución a la actual redacción de la ley de amnistía. «El acuerdo está hecho», han asegurado fuentes conocedoras de la situación a MONCLOA. En este sentido, han destacado que tanto el PSOE de Pedro Sánchez como Junts, con Míriam Nogueras como principal voz de Puigdemont, lo anunciarán después de las elecciones en Galicia, unos comicios que se celebrarán el próximo 18 de febrero. «Se ha impuesto la ley del silencio hasta después de las gallegas», han asegurado las mismas fuentes. Todo ello, tras cumplirse este mismo viernes tres meses del pacto de legislatura entre PSOE y Junts, con la imputación de Puigdemont en el Supremo y la presión de la Fiscalía al juez Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal. Puigdemont no se siente intimidado por estas «acusaciones delirantes», tal y como ha asegurado, pero sí está presionado por su propia estrategia de llevar toda la negociación al límite. «No se puede caminar por el precipicio todo el tiempo, al final siempre habrá un resbalón», han incidido las fuentes consultadas. Fuente:MONCLOA.COM

Otra maniobra contra los jueces

EDITORIAL ABC La insinuación del Gobierno de que quitará a magistrados como García-Castellón o Aguirre la llave de la duración de sus procesos contra el separatismo es la enésima interferencia en su independencia El presidente del Gobierno anunció este lunes que no tiene previsión ni de modificar la proposición de ley de amnistía cuya aprobación frustró Junts la semana pasada, ni de reformar el Código Penal para redefinir el concepto de terrorismo y maquillarlo para que cuadre con el perdón colectivo al separatismo catalán. Más allá de que la palabra de Pedro Sánchez sea voluble y lo que hoy es blanco mañana puede ser negro, sí se mostró partidario de una tercera vía para que Junts pueda aprobar definitivamente la amnistía. Se trata de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal en un sentido inverso al que el propio PSOE aprobó la pasada legislatura para que a partir de ahora pueda ser el fiscal, y no el juez, quien tenga la llave de la duración de los procesos penales, de tal modo que si un fiscal no lo plantea, un juzgado no podría prorrogar la instrucción de un caso. Las casualidades no existen. Esta idea surge justo después de que dos jueces incómodos para el independentismo, y que han sido públicamente señalados por Junts, hayan prorrogado sus respectivas investigaciones. Es el caso de García-Castellón con el proceso de Tsunami Democràtic, y del juez de Barcelona Joaquín Aguirre, instructor de la conexión rusa con Carles Puigdemont. El PSOE se ampara en que sería una reforma idónea para agilizar los procedimientos penales, pero la realidad es muy distinta ya que un fiscal podría llegar a impedir que García-Castellón o Aguirre continuasen adelante con sus investigaciones. Bastaría con que el Ministerio Público no viese delito, por ejemplo de terrorismo, y que se cerrase en banda a prolongar las indagaciones. Es una vía alternativa a otras mucho más arriesgadas como la de redefinir el terrorismo o la de aprobar una amnistía general, y sería suficiente con que Junts diese el visto bueno a Sánchez. Por más que el Gobierno quiera refugiarse en retoques técnicos, si esta reforma del enjuiciamiento criminal llegase a ver la luz sería un cambio de las reglas de juego a mitad de partido y, desde luego, una interferencia del poder político en la independencia judicial. Se despojaría al juez de una función exclusiva que tiene ahora, y esa decisión pasaría a depender del criterio del fiscal. Ni siquiera sería la anomalía de una excepción a la norma con un fin político evidente. Es más sibilino y grave aún. Lo que pretende el PSOE es cambiar la generalidad de la norma para que ésta se adapte al deseo que pueda tener un Gobierno a través de la Fiscalía General. No hay ninguna judicialización de la política. Más bien es una politización de la justicia a través de una figura tan sumisa como el fiscal general. Sólo sería necesaria una instrucción desde La Moncloa y el caso Tsunami quedaría abocado a cerrarse en semanas aunque el juez crea que su trabajo aún tiene recorrido. La maniobra consistiría en edulcorar con una medida aparentemente ventajosa –¿quién se opone a que la justicia sea más rápida?– lo que en realidad es una intervención a capricho en diligencias penales para condicionarlas políticamente y maniatar al juez. Cuestión distinta es si Junts accederá o no a aceptar esta alternativa una vez que Sánchez parece haber tomado conciencia de que redefinir el terrorismo a la medida de Puigdemont, o incluir delitos contra la seguridad del Estado en la amnistía, chocaría frontalmente en Europa. Haga lo que haga Junts, todo se sigue basando en forzar readaptaciones sucesivas de nuestro sistema penal a conveniencia del objetivo político del PSOE. Objetivo, por cierto, que es exactamente el contrario al que el propio Sánchez defendía antes del 23 de julio y antes de depender de Puigdemont para sobrevivir.

Puñales por la espalda de Sánchez y Puigdemont

Dos significativas declaraciones enmarcan lo que está pasando en la política española: la de Pedro Sánchez en el debate con Pablo Casado durante la campaña electoral del 10-N de 2019, donde afirmó: ‘me comprometo a traer a Puigdemont de vuelta a España para que rinda cuentas ante la justicia’; y otras palabras de Carles Puigdemont, pronunciadas el pasado mes de agosto tras las elecciones del 23-J ante sus colaboradores, en las que el ex President declaró: ‘Sánchez tendrá que mear sangre’ si quiere la investidura y gobernar. Puigdemont buscaba su amnistía y Sánchez quería la investidura (que ya tiene) y también los PGE de 2024/2025 para garantizar la legislatura. Pero a sabiendas Sánchez que Junts, o cualquier otro aliado del PSOE de ERC, PNV, Bildu y Sumar (Podemos perdió su llave de control con la marcha de la diputada Lilith Vestringe) puede tumbar el Gobierno apoyando una moción de censura promovida por el PP y secundada por Vox. Sánchez y Puigdemont se odian, desconfían el uno del otro y se necesitan. El primero, para agotar la legislatura y el segundo para conseguir su amnistía. Pero, el pasado martes, asistimos a una ruptura inicial de esta tan interesada relación al votar Junts en contra del proyecto de proposición de ley en favor de la amnistía que el PSOE presentó en el Congreso de los Diputados. Puigdemont sospecha que una vez aprobados los PGE de 2024, Sánchez maniobrará a sus espaldas para que la ley de amnistía no entre en vigor antes de que él decida convocar unas nuevas elecciones La que Junts consideró insuficiente y rechazó votando en su contra por no incluir los delitos de terrorismo y alta traición, como exige Puigdemont en su personal beneficio y que descartó el ministro Bolaños con el argumento de que ese modelo de amnistía ‘integral’ no sería aceptado en los tribunales de España y de la UE. Pero a Puigdemont ese riesgo no le impresiona porque cree y teme que los tribunales nunca aceptarán esa ley ni siquiera con su redacción actual. Y lo que es peor: Puigdemont sospecha que una vez aprobados los PGE de 2024, Sánchez maniobrará a sus espaldas para que la ley de amnistía no entre en vigor antes de que él decida convocar unas nuevas elecciones. Y máxime después de la afrenta de la votación negativa de Junts del martes en el Congreso de donde Sánchez salió con cara de pocos amigos mientras su ayuda de cámara y portavoz oficioso en el diario El Pais concluía así su crónica: ‘un líder que decidió adelantar las elecciones generales la misma noche en que sufrió una dura derrota en las autonómicas no es alguien que vaya a quedarse quieto después de un golpe así’. O sea, que se prepare Puigdemont. Porque, si el PSOE finalmente se traga en el Congreso las últimas enmiendas de Junts a la ley de amnistía y, una vez que estén aprobados los PGE de 2024, el día menos pensado el presidente del TC podría recibir un discreto mensaje de La Moncloa en el que, en clara alusión a Puigdemont, se diga: ‘Pumpido, mátalo’. De momento, él no de Junts a la ley de amnistía altera calendario político de Sánchez y propicia la irrupción, como ‘convidado de piedra’, de Puigdemont en las elecciones de Galicia del 18 de febrero. Y como protagonista en los comicios europeos de junio en los que él mismo será candidato. Y a la vez se amenaza la aprobación de los Presupuestos de 2024/2025. Los cálculos del prófugo de Waterloo y en el temor a ser engañado por Sánchez y desbordado por Junqueras, con un posible adelanto de las elecciones en Cataluña, tras un pacto de ERC y PSC Lo que contradice el discurso impostado del ministro Felix Bolaños cuando dice que al Gobierno le quedan ‘tres años y medio por delante’. Un objetivo al día de hoy difícil de imaginar. Aunque, empeñados como están en el PSOE en hacer ‘de la necesidad virtud’ algunos considerarán que la inicial resistencia de Sánchez frente al órdago de Puigdemont les permitirá en las elecciones gallegas marcar distancias con la amnistía de Junts. Pero la cuestión de fondo, al margen de los argumentos de Puigdemont en favor de amnistiar los delitos de terrorismo y de alta traición, está en los cálculos del prófugo de Waterloo y en el temor a ser engañado por Sánchez y desbordado por Junqueras, con un posible adelanto de las elecciones en Cataluña, tras un pacto de ERC y PSC. Y puede que, incluso, antes de que se apruebe la ley de amnistía o de que los tribunales, europeo y españoles, permitan su inmediata aplicación. Motivos todos ellos por los que Puigdemont ha bloqueado la amnistía y amenaza la legislatura frente pretendida firmeza de Sánchez que ya veremos lo que dura. Porque el monclovita puede rendirse, por enésima vez, frente al residente de Waterloo para salvar la ley de amnistía y los PGE de 2024, mientras por el aire deambulan las dagas voladoras que buscan las espaldas respectivas de los notorios protagonistas de este duelo singular que debería de acabar con la caída de los dos. Opinión de Pablo Sebastián.