Otra maniobra contra los jueces

EDITORIAL ABC La insinuación del Gobierno de que quitará a magistrados como García-Castellón o Aguirre la llave de la duración de sus procesos contra el separatismo es la enésima interferencia en su independencia El presidente del Gobierno anunció este lunes que no tiene previsión ni de modificar la proposición de ley de amnistía cuya aprobación frustró Junts la semana pasada, ni de reformar el Código Penal para redefinir el concepto de terrorismo y maquillarlo para que cuadre con el perdón colectivo al separatismo catalán. Más allá de que la palabra de Pedro Sánchez sea voluble y lo que hoy es blanco mañana puede ser negro, sí se mostró partidario de una tercera vía para que Junts pueda aprobar definitivamente la amnistía. Se trata de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal en un sentido inverso al que el propio PSOE aprobó la pasada legislatura para que a partir de ahora pueda ser el fiscal, y no el juez, quien tenga la llave de la duración de los procesos penales, de tal modo que si un fiscal no lo plantea, un juzgado no podría prorrogar la instrucción de un caso. Las casualidades no existen. Esta idea surge justo después de que dos jueces incómodos para el independentismo, y que han sido públicamente señalados por Junts, hayan prorrogado sus respectivas investigaciones. Es el caso de García-Castellón con el proceso de Tsunami Democràtic, y del juez de Barcelona Joaquín Aguirre, instructor de la conexión rusa con Carles Puigdemont. El PSOE se ampara en que sería una reforma idónea para agilizar los procedimientos penales, pero la realidad es muy distinta ya que un fiscal podría llegar a impedir que García-Castellón o Aguirre continuasen adelante con sus investigaciones. Bastaría con que el Ministerio Público no viese delito, por ejemplo de terrorismo, y que se cerrase en banda a prolongar las indagaciones. Es una vía alternativa a otras mucho más arriesgadas como la de redefinir el terrorismo o la de aprobar una amnistía general, y sería suficiente con que Junts diese el visto bueno a Sánchez. Por más que el Gobierno quiera refugiarse en retoques técnicos, si esta reforma del enjuiciamiento criminal llegase a ver la luz sería un cambio de las reglas de juego a mitad de partido y, desde luego, una interferencia del poder político en la independencia judicial. Se despojaría al juez de una función exclusiva que tiene ahora, y esa decisión pasaría a depender del criterio del fiscal. Ni siquiera sería la anomalía de una excepción a la norma con un fin político evidente. Es más sibilino y grave aún. Lo que pretende el PSOE es cambiar la generalidad de la norma para que ésta se adapte al deseo que pueda tener un Gobierno a través de la Fiscalía General. No hay ninguna judicialización de la política. Más bien es una politización de la justicia a través de una figura tan sumisa como el fiscal general. Sólo sería necesaria una instrucción desde La Moncloa y el caso Tsunami quedaría abocado a cerrarse en semanas aunque el juez crea que su trabajo aún tiene recorrido. La maniobra consistiría en edulcorar con una medida aparentemente ventajosa –¿quién se opone a que la justicia sea más rápida?– lo que en realidad es una intervención a capricho en diligencias penales para condicionarlas políticamente y maniatar al juez. Cuestión distinta es si Junts accederá o no a aceptar esta alternativa una vez que Sánchez parece haber tomado conciencia de que redefinir el terrorismo a la medida de Puigdemont, o incluir delitos contra la seguridad del Estado en la amnistía, chocaría frontalmente en Europa. Haga lo que haga Junts, todo se sigue basando en forzar readaptaciones sucesivas de nuestro sistema penal a conveniencia del objetivo político del PSOE. Objetivo, por cierto, que es exactamente el contrario al que el propio Sánchez defendía antes del 23 de julio y antes de depender de Puigdemont para sobrevivir.