Asociaciones empresariales catalanas se distancian de la actualidad política y advierten sobre el endeudamiento de pequeñas y medianas empresas.
Barcelona
Las conversaciones, opiniones, que se escucharon el jueves en un conocido lugar de reunión de Barcelona, al que acuden empresarios cargados de 'seny', eran las mismas que se pueden escuchar estos días en una cafetería de Albacete o en un chiringuito de la playa de Torremolinos.
"¿Por qué no negocian PP y PSOE? Si es que no lo entiendo", comentaban canapé en mano los asistentes, cuentan fuentes presentes en el acto. "No tiene sentido que no se pongan de acuerdo", decían.
La reciente victoria en las elecciones de la Cámara de Comercio de Barcelona -a falta de la constitución del pleno, el próximo mes de noviembre- de Va d'Empresa, la candidatura más moderada, frente a la independentista sin paliativos de Eines de País, también fue motivo de charla en el almuerzo.
La aparente fractura en el independentismo catalán también se ha dejado ver en las elecciones de la Cámara de Comercio de Barcelona, así como las contradicciones en las que terminan cayendo las distintas corrientes.
"No nos engañemos, Va d'Empresa es cercana a ERC, y no les chirría una amnistía a Puigdemont si así se logra estabilidad", subrayan. "La victoria de Va d'Empresa también refleja la moderación de ERC, frente al radicalismo de Junts", explican. Algo que, resaltan, resulta contradictorio, ya que tradicionalmente ha sido la corriente que ahora lidera Puigdemont la más cercana a los intereses empresariales.
En 2019 la Asamblea Nacional Catalana, la asociación que defiende "Independencia o nada", impulsó con éxito la candidatura de Eines de País a la Cámara de Comercio de Barcelona, y los independentistas radicales se hicieron con el control de la institución que representa a cientos de miles de empresas catalanas.
"Hace cuatro años los independentistas se movieron muy bien en redes y movilizaron a muchos pequeños empresarios para votar en las elecciones de la Cámara", recuerdan fuentes próximas a la candidatura de Va d'Empresa, liderada por Josep Santacreu, exdirectivo de la aseguradora DKV.
"Supieron aprovecharse de que, aunque la Cámara representa a entre 300.000 y 400.000 empresas de Barcelona, solo votan unas 20.000 personas en las elecciones, y convencieron a muchos de votar a su favor", señalan. "Pero en esta ocasión no han tenido tanto tirón, es sintomático, la Cámara de Comercio está para representar a la empresa, no para hacer política", añaden.
En Eines de País, no obstante, defienden que su candidatura ha obtenido, en total, 300 votos más que Va d'Empresa, pero que el sistema electoral de la Cámara les ha otorgado menor representación. Y aseguran que tratarán de negociar para alcanzar la mayoría antes del próximo 15 de noviembre, cuando se constituye el pleno de la Cámara de Comercio de Barcelona.
La empresa y Puigdemont
Durante la última semana, este periódico ha consultado a asociaciones y patronales empresariales catalanas su opinión o posición respecto a la situación política actual y la posibilidad de que se apruebe una amnistía para Carles Puigdemont.
En la mayoría de las ocasiones, las organizaciones han declinado pronunciarse sobre la cuestión, al menos de manera oficial. Pero en todos los casos se ha percibido un cierto hastío o indiferencia, un posicionamiento mucho más distanciado hacia las polémicas territoriales y la política que hace cuatro o cinco años. Como si existiera un acuerdo tácito entre las asociaciones empresariales de evitar caer en pronunciamientos políticos.
"Las empresas que se han quedado en Cataluña dependen mucho de la Generalitat, las empresas públicas catalanas se han sobredimensionado en los últimos años, es difícil que un empresario se pronuncie con total libertad en Cataluña", sostiene el presidente de una conocida compañía española que ha contribuido a la financiación de Sociedad Civil Catalana -la organización que ha convocado una manifestación en Barcelona el 8 de octubre contra la amnistía- y que prefiere mantenerse en el anonimato.
El empresariado catalán está viendo el asunto de la negociación o aprobación de una amnistía "con cierta distancia", considera Oriol Alba, secretario general de CECOT, asociación que representa a unas 45.000 empresas catalanas.
"En otras ocasiones, la inestabilidad política ha sido la primera preocupación del empresariado catalán, pero ahora hay otros asuntos más preocupantes, los tipos de interés, la inflación, la guerra de Ucrania, el encarecimiento de las materias primas...", enumera Alba.
"Nos preocupa mucho la situación de la pequeña y mediana empresa, las dificultades que tienen ahora para financiarse y para equilibrar sus cuentas, tras haberse endeudado por la crisis del Covid", destaca el secretario general de CECOT.
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Entre 2017 y 2018, CECOT se pronunció en contra de la aplicación del artículo 155, de la sentencia del procés. El entonces presidente de la organización, Antoni Abad, se mostró próximo a las tesis soberanistas y la organización fue expulsada de la mayor patronal empresarial catalana, Fomento del Trabajo, durante un año.
Abad abandonó la presidencia de CECOT en junio de 2022, tras 17 años en el puesto. Ahora, el discurso de CECOT parece más moderado. "Ha habido un periodo de mucha confrontación, sin diálogo", comenta Oriol Alba. "Ahora hay un entorno para buscar fórmulas de consenso", afirma el secretario general de CECOT. "Es momento de la política, de que los políticos hagan su trabajo", dice.
Sobre la cuestión particular de una potencial amnistía, Alba indica que no tiene "un pronunciamiento sobre una solución específica". "Unos proponen una fórmula, otros otra, pero toda solución que venga de un acuerdo político, de un diálogo, sea cual sea la fórmula escogida, será bienvenida", explica.
Fomento del Trabajo, la principal patronal empresarial catalana, presidida por Josep Sánchez Llibre -exdiputado de CiU, de la familia propietaria de Conservas Dani- no ha querido pronunciarse sobre la cuestión, consultada por este diario.
La institución, que en julio de 2017 advirtió que la ley del referéndum de Cataluña era un "golpe de Estado jurídico" y que suponía un "ejercicio de enorme irresponsabilidad política de consecuencias impredecibles", emitió un comunicado el lunes incidiendo en la actualidad económica, no en la política.
La patronal definió "las prioridades" que, a su entender, tiene que afrontar el nuevo Gobierno de España. La primera, favorecer "la creación de un clima de seguridad y de certeza para que el país tenga estabilidad social y económica". La segunda, defender "la figura del empresario"; en los últimos tiempos, destacó Fomento del Trabajo, "hemos visto cómo se producían ataques injustificados a empresarios destacados".
Otras asociaciones empresariales catalanas, como Pimec -la patronal de la pequeña empresa catalana y autónomos-, o el Cercle d'Economia, tampoco han querido pronunciarse sobre la posibilidad de un indulto a Puigdemont. "Es una cuestión que no está en el Top tres de las preocupaciones del empresariado catalán", insiste Oriol Abad, de CECOT.
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