Tras las elecciones de 2019 Sánchez decía que con esa formación «no se acuerda nada», pero Interior lo hacía.
Los mensajes recogidos en el informe de la Guardia Civil sugieren que las conversaciones venían de atrás.
El informe de la Jefatura de Información de la Guardia Civil que desvela los contactos entre el mundo proetarra y el Gobierno para mejorar la situación de los internos de la banda pone de manifiesto dos hechos importantes: el primero, que el verdadero precio del apoyo parlamentario de Bildu a Pedro Sánchez fue, desde el principio, los beneficios a los etarras encarcelados; el segundo, que es Sortu, el partido más importante de la coalición electoral de la izquierda abertzale, la que mantiene un control férreo sobre el colectivo de presos y sus familias, para lo cual utiliza a varias organizaciones satélites, como Sare, Etxerat o Foro Social, meras herramientas al servicio de la estrategia política de
los de los herederos de Batasuna.
Los contactos recogidos en el documento se producen en unos momentos en los que el Ejecutivo de Sánchez está en funciones y en conversaciones con distintos partidos para intentar formar gobierno. En esa etapa (primavera-verano de 2019) abierta tras las elecciones generales del 28 de abril, el PSOE todavía pretendía trasladar una idea de distancia con Bildu. El presidente en funciones no incluyó a esa formación -tampoco a Vox-, en la ronda de contactos que abrió para negociar su investidura. Incluso, en una rueda de prensa, llegó a afirmar: «Con Bildu no se acuerda nada».
Marcar distancias
Los socialistas intentaban dejar claras las distancias y el 3 de junio trasladaron a la Prensa su desaprobación al intento de su líder en Navarra, María Chivite, porque la única aritmética los haría depender de Bildu. Sin embargo, la investidura en la comunidad foral salió adelante en agosto.
En paralelo, y pese a los supuestos desprecios, Bildu mostró su interés en mantener a Sánchez en La Moncloa y anunció que en ningún caso contemplaba votar en contra. Su posición se tornó para el PSOE más posibilista y sencilla que la de ERC. En cualquier caso esa posibilidad se frustró porque no hubo acuerdo PSOE-Podemos.
Este era, aparentemente, el escenario político en los momentos de los contactos entre los proetarras y el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en el País Vasco desvelados por la Guardia Civil. Pero a la luz de esas relaciones ahora desveladas es evidente que había contactos en la sombra entre el Ejecutivo y los de Arnaldo Otegi, con un tema estrella: el de los presos de la banda terrorista, un asunto clave para el líder proetarra si quería mantener el liderazgo en ese sector político, parte del cual lo acusaba de ser demasiado ‘blando’ frente al Estado y no obtener nada a cambio de ello.
A la hora de hacerse una idea de la intensidad de las relaciones entre el Ministerio del Interior -a través Ángel Luis Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias-, y Sortu -a través de Joseba Azkarraga, al frente de Sare- es un mensaje que este último envía a su jefe, Antonio López Ruiz, Kubati, el asesino de Yoyes, el 29 de julio de 2019, a las tres menos veinte de la tarde: «Aprovecho para comentarte que me envía el de Madrid (Ortiz, se supone) un waasap con la foto del ongi etorri de ayer y me dice esto no ayuda mucho», lo que evidencia que por parte de Prisiones se les pide que se acaben esos actos para poder mover ficha con los presos.
«Clima de entendimiento»
El nivel de confianza alcanzado entre unos y otros, y que indica que las conversaciones vienen desde hace tiempo, se refleja en otro mensaje que recibe de Azkarraga. Este se produce el 17 de junio, a las 22.29 y el emisor le dice que alguien «me ha insistido mucho en que intente tener una conversación con Consuelo Ordoñez» para conseguir «un clima de entendimiento». No es descartable que esa sugerencia se hubiera hecho desde el Gobierno para intentar aplacar la previsible indignación que iban a provocar algunas decisiones en materia penitenciaria que ya estaban en el horizonte, como de hecho así fue.
La repetición electoral del 10 de noviembre de 2019 dejó a PSOE y Podemos con menos apoyos de los que tenían. Ahora el PSOE ya no se podía permitir prescindir de Bildu. El 17 de diciembre se sustanció la primera reunión oficial y con convocatoria a los medios entre el PSOE a nivel federal y EH Bildu. La reunión se desarrolló en las dependencias del Grupo Socialista en el Congreso.
Al contrario que en el caso de ERC, donde se concentró la negociación con varias reuniones y se discutió sobre un pacto por escrito en el que finalmente los socialistas accedían a constituir la llamada mesa de diálogo, en el caso de EH Bildu no se sustanciaron más reuniones -al menos, que hayan trascendido- ni se llegó a un documento de acuerdos concretos. La dirección de EH Bildu propuso a sus bases apoyar la abstención al entender que «posibilitando la formación de un gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos en España, se abre una ventana de oportunidad para la resolución de los graves problemas estructurales». Un 81,4 % de los 5.541 militantes que participan en la consulta avalaron el 3 de enero la abstención de los cinco diputados de Bildu. No se suscribe ningún acuerdo, al contrario de lo que sí sucedió con Unidas Podemos, ERC o PNV.
Socio estratégico
A partir de entonces Bildu se ha convertido en un socio estratégico para el Gobierno, hasta el punto de ser clave en varias votaciones decisivas en el Congreso; en realidad todas, salvo la de la reforma laboral. Y en paralelo ha discurrido el camino del PSOE para blanquear a los herederos de Batasuna sin que le haya merecido el menor comentario, por ejemplo, que tres etarras,uno de ellos David Pla, exjefe de la banda terrorista ETA, se hayan incorporado a la dirección de Sortu.
Tal como desveló ABC el 20 de enero, el precio que pone esta formación a su apoyo a Sánchez la próxima legislatura está claro: los presos etarras tienen que estar en la calle en año y medio. Es más; según las fuentes de la izquierda abertzale consultadas las conversaciones sobre este asunto ya han comenzado.
ABC también ha desvelado la decisión del Gobierno de que a los etarras que han cumplido años de condena en Francia se les computen para disminuir su pena en España. Entre los beneficiados están algunos de los terroristas más sanguinarios de la banda.
Las dos informaciones, unidas al documento de la Guardia Civil conocido ahora, han provocado la indignación de la oposición. Ayer mismo, el líder del PP, Pablo Casado, exigió a Sánchez la dimisión de Marlaska.
ABC
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