El Gobierno deja fuera a la región de las ayudas europeas para combatir el paro juvenil
El PSOE ha gobernado Andalucía treinta y siete años. Ni se logró la convergencia con las regiones más ricas de España, tampoco se alcanzó la media nacional. Después de esas casi cuatro décadas Andalucía que, según pregonaba quien fuera su presidente, José Rodríguez de la Borbolla, iba a ser la California del Sur, resulta que en 2018 seis de las ocho provincias andaluzas se encontraban entre las diez más pobres de España. Las tasas de paro en Andalucía no sólo son las más elevadas de España, sino que su paro es de los más altos de las regiones europeas, incluyendo el paro juvenil.
En estas circunstancias el gobierno que preside Pedro Sánchez ha recibido de la Unión Europea la cantidad de nueve millones de euros para combatir ese paro juvenil, acrecentado por los efectos negativos que ha tenido la pandemia. La ministra de Trabajo y Economía Social, y vicepresidenta segunda del gobierno, la podemita Yolanda Díaz, ha decidido dejar a Andalucía fuera del reparto de esos nueve millones. Irán destinados a Extremadura, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco. En todas esas comunidades gobierna el PSOE en solitario, como socio mayoritario de gobierno o actúan como apoyo parlamentario al gobierno regional. En esos gobiernos participan siglas como Compromís en el caso valenciano o Bildu de Navarra donde se sienten cómodos. Llama la atención el hecho de que en ese reparto no hay ninguna comunidad gobernada por el Partido Popular. No está, como dicho queda, Andalucía, ni Castilla y León, tampoco Galicia, ni Murcia. También resulta llamativo que dos de esas comunidades, País Vasco y Navarra, sean de las que menos paro tienen, pero Diaz destina casi la mitad del dinero llegado de Europa.
A los podemitas andaluces todo lo que se les ha ocurrido decir para justificar lo injustificable -dejar fuera de las ayudas al empleo juvenil a la comunidad que por población y niveles de desempleo más lo necesita- y, aunque parezca increíble, que ese dinero se ha repartido equitativamente y utilizando el criterio de justicia social. Sólo con grandes dosis de desvergüenza política se pueden hacer, ante la situación que nos ocupa, declaraciones como esa, además de tomarnos por imbéciles. En el PSOE, como no saben como explicar un maltrato tan evidente a Andalucía, se salen por la tangente y señalan que el gobierno de Sánchez ha enviado grandes cantidades de dinero (sic) a Andalucía, aunque la ministra Montero se niega a devolver lo cobrado indebidamente por el Estado y corresponde a Andalucía. Pero esto de mentir en política se convertido en una forma de actuación muy común y un ejemplo relevante lo tenemos en Sánchez, capaz de defender en horas veinticuatro una cosa y la contraria
El maltratado a Andalucía, también a otras comunidades autónomas, es tan flagrante que tiene difícil calificación, salvo que tratándose de una ministra de Podemos actúe del modo como los podemitas aconsejaron fórmulas de gobernar no haciendo frente a las necesidades sociales, sino a sus conveniencias ideológicas. Este caso es tan palmario que resulta de libro.
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