La manifestación proetarra de ayer reunió a todos los grupos políticos que dieron la investidura al presidente del Gobierno, aprueban sus leyes y garantizan su estabilidad.
Lo que ayer se concentró en San Sebastián para pedir la excarcelación de los terroristas de ETA fue, sencillamente, la coalición de Pedro Sánchez. Salvo el PSOE, la organización Sare, dedicada a prestar apoyo a los presos de ETA, reunió a todos los grupos políticos que dieron la investidura al presidente del Gobierno, aprueban sus leyes y garantizan su estabilidad. Ahí estuvieron en las calles donostiarras el Partido Nacionalista Vasco, EH Bildu y Podemos, tras la pancarta que reclamaba «En marcha, en el camino a casa». Sin embargo, lo más significativo fue la presencia de Oriol Junqueras y de otros indultados por «utilidad pública». El exvicepresidente de la Generalidad no fue solo. Acudió acompañado por un servicio de escolta formado por Mossos d’Esquadra, a pesar de que se encuentra inhabilitado para cargo público y sigue siendo, política y penalmente, el responsable de un golpe sedicioso contra el ordenamiento constitucional.
Cada día que pasa, se acentúan las deformidades éticas y políticas del Gobierno. La famosa «utilidad pública» de los indultos a los sediciosos del 1-O era una estafa y los hechos lo están demostrando. Junqueras aprovecha su inmerecida libertad para seguir apostando por las iniciativas más lesivas para España, y el hecho de que ERC esté enfrentado al resto de formaciones independentistas, como Junts o la CUP, no le convierte en el ‘nacionalista bueno’ de la película. Tampoco debería extrañar la presencia de los republicanos a favor de los presos de ETA. No deja de ser una deferencia con quienes anunciaron una tregua parcial solo para Cataluña mientras Pasqual Maragall, quien dignificó a ERC con la vicepresidencia de la Generalidad, y Rodríguez Zapatero urdían un estatuto inconstitucional, por soberanista, que tanta expectativa provocó en la organización terrorista como una fisura en el muro del Estado constitucional.
Cambian las apariencias, pero no el fondo de los comportamientos políticos de esta visible coalición que tanto mima a Pedro Sánchez para evitar que un cambio de gobierno rompa la red de beneficios mutuos tejida por los socialistas con las formaciones políticas más dañinas para España, que en Europa estarían oscilando entre la marginación y la ilegalización. Y no hay motivos para presumir un cambio de alianzas. En Navarra, los socialistas mantienen su pacto con EH Bildu. Arnaldo Otegi, por su parte, no pagará su sinceridad al anunciar ‘votos por presos’, porque, como hoy informa ABC, las familias de los terroristas que aún siguen en prisión le están presionando para soluciones inmediatas de acercamiento y excarcelación. Y, al final, todo irá cuadrando en las cuentas de esta ETA desarmada y disfrazada. Sus terroristas encarcelados están siendo acercados o instalados en el País Vasco sin atender a criterios individuales, sino en grupo; el Gobierno de Iñigo Urkullu tiene las competencias sobre prisiones para hacer y deshacer a su gusto, más aún si no hay una Fiscalía dispuesta a impugnar los beneficios a los etarras; y Pedro Sánchez sigue necesitando a EH Bildu para mantener una mayoría parlamentaria holgada y para no perder vínculos con un sector de la izquierda que necesita para ese verdadero ‘frente amplio’ que ideó Rodríguez Zapatero contra la derecha.
Nacionalistas, republicanos de Esquerra, podemitas y proetarras siguen en su sitio, aspirando a dinamitar el orden constitucional para acabar con la unidad nacional y con la democracia liberal. También el PSOE se mantiene donde difícilmente cabía imaginar que una socialdemocracia europea iba a estar: con fascismos nacionalistas y militantes del totalitarismo comunista. La coalición de Pedro Sánchez.
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