El jurista, procedente de la Fiscalía del Constitucional, de la que era teniente desde el año 2017, fue designado por la todavía fiscal general del Estado, Dolores Delgado, el pasado mes de junio pese a que la trayectoria de Tirado lo sitúa en una posición "dura" dentro del entorno asociativo de la carrera fiscal.
No en vano, Tirado procede de la "conservadora" Asociación de Fiscales (AF). Un nombramiento que sorprendió, precisamente, porque hasta entonces Delgado había seleccionado a los candidatos a vacantes y ascensos de entre los miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) a la que perteneció en su época anterior a la política.
Si embargo, en esta ocasión y pese a lo delicado de las materias que el nuevo fiscal tendrá que abordar, Delgado se vio obligada a elegir de entre una terna de aspirantes -el que ha tomado posesión, y los fiscales Manuel Campos y Pedro Campo- que pertenecían, todos ellos, a la asociación más alejada de los posicionamientos socialistas (UPF) de la que Delgado formó parte.
Los frentes abiertos
Así las cosas, Tirado Estrada ha ascendido este lunes a la primera categoría de la carrera fiscal para reemplazar en el cargo a Pedro Crespo, quien fue propuesto para ocupar la Jefatura de la Fiscalía del Tribunal Constitucional. El nuevo fiscal jefe formará parte de la Sala que decidirá, en próximas fechas y reunida en Pleno, sobre la nulidad del escandaloso nombramiento de la propia Delgado para incorporarse al frente del Ministerio Público, tras ser cesada como ministra de Justicia del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Además, Tirado Estrada será el responsable de confeccionar el informe fiscal sobre la legalidad de los indultos concedidos a los sediciosos del 1-O por el Gobierno de Pedro Sánchez. En esta cuestión, la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, competente para resolver los recursos presentados contra la medida de gracia otorgada desde el Ejecutivo a los políticos catalanas que lideraron el 'procés', solicitará al nuevo fiscal que se pronuncie acerca de si, en dicho trámite, se respetaron los requisitos constitucionales previstos para su aplicación.
Los recursos planteados por el Partido Popular, Vox y Ciudadanos para que el Supremo revoque los indultos de Pedro Sánchez a Junqueras y el resto de condenados por sedición y malversación, como cabecillas del referéndum inconstitucional del 1 de octubre de 2017, contarán con la posición de Tirado como paso previo a la deliberación de los magistrados y, además, lo harán en un contexto en el que la fiscal general está obligada a abstenerse de cualquier intervención. Algo que, más allá de la propia continuidad de Delgado en su cargo, complicará la defensa jurídica de la medida de gracia otorgada por Sánchez como 'gesto' al separatismo catalán.
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