Que nadie tergiverse la setencia que a los guerreros que nos gobiernan, solo les afectaría moralmente, pero inducido al miedo. Le decía Pérez Royo a Zapatero: "Cuando te pongan los cuernos los altos tribunales de husticia que tu mismo has nombrado, ¡VETE, VETE RÁPIDO, porque te empapelan.
Encarnación Roca, nº 2 del Tribunal Constitucional recibió presiones de Carmen Calvo para cambiar su voto sobre el estado de alarma bajo la presión del “El estado de alarma salvó vidas" Los jueces ni se deben comorar ni se deben vender. En cambio, los políticos se transforman.
La recién incorporada a la revolución sanchista y ministra de Justicia del soviet de La Moncloa, Pilar Llop, cuestionó la credibilidad del Tribunal Constitucional tras declarar la ilegalidad del estado de alarma y dentro de la terna de VICEPRESIDENTAS, la Llop es la más docta en materia jurídica y como tal acompañadas de su milicia con bombas, trompetas y tambores, ordenaron la exclusión del Tribunal Constitucional, al no defender debidamente, la causa que en días anteriores ordenó la extinta, Carmen Calvo.
El comité que preside, Pedro Sánchez ha dado el banderazo de salida a todo un linchamiento generalizado en redes sociales por parte de cargos socialistas contra una de las mayores instituciones españolas: el Tribunal Constitucional.
El vicepresidente de la Asamblea de Extremadura y Secretario General de PSOE de Cáceres afirmaba ayer mismo lo siguiente: “Visto lo visto, no hay más preguntas señoría: estos son los 6 magistrados que han declarado inconstitucional el confinamiento: vínculos con el PP y FAES”. Este Sr. Morales es de loa que hay que echar de comer aparte, por tanto dedicaremos dedicaremos una publicación especial.
El diputado del Congreso por Badajoz, Valentín García y antiguo portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura se unía al linchamiento y afirmaba: “Estoy convencido que el TC no hubiera dictaminado la sentencia de ayer en mayo de 2020. Es difícil concluir que los países europeos (democracias plenas) se equivocaron al aplicar medidas semejantes a la española. El TC se ha desprestigiado sólo”. El socialista no sólo asume los planteamientos de Podemos -que tachaban a España de no ser una democracia plena- sino que señala al Tribunal Constitucional como culpable de ello.
La también socialista Zaida Cantera continuaba con el ataque y descalificaba el fondo de la sentencia del Constitucional: “Miles de vidas se salvaron con el estado de alarma aprobado en el Congreso de los Diputados por mayoría sin ningún voto en contra. Mi voto fue SÍ. Ninguna sentencia sobre papel y a destiempo impedirá ahora que esas vidas fueran salvadas. Orgullosa de mi voto”. Resulta difícil pensar que si se siente orgullosa de haber votado una medida anticonstitucional no piense en repetir su voto llegado el momento oportuno.
Manolo Mata, autodefinido como “abogado y socialista; desde hace mucho, y para siempre. Ahora portavoz del grupo socialista en las Cortes Valencianas y Vice Secretario General del PSPV-PSOE” atizaba otro golpe institucional al TC: “Cuando el Congreso de los diputados aprobó la prórroga del estado de alarma por 321 votos y ningún voto en contra se constata que el Tribunal Constitucional está lejos de la mayoría social que representa la Cámara”.
Todo un suma y sigue de acoso al Constitucional lanzado desde el partido en el Gobierno. Lanzado por quien lidera el poder Ejecutivo, con el deseo de atizar al organismo encargado de controlar y contrapesar los abusos de constitucionalidad del poder.
Todo ello sucede tras haber recibido el Gobierno uno de los mayores varapalos: la sentencia del Tribunal Constitucional contra su estado de alarma. Pero es más. Pedro Sánchez sabía que aprobaba un estado de alarma que desbordaba la legalidad porque sus equipos jurídicos le alertaron de que las limitaciones de derechos fundamentales que decretaba entraban dentro del estado de excepción y no de la categoría más suave del estado de alarma.
Pero el presidente del Gobierno quería eludir el control del Parlamento. Y es que, si hubiese tramitado el confinamiento como lo que era, un estado de excepción, debería haber solicitado permiso al Parlamento para aplicar cada restricción de derechos fundamentales. Y temía que el coste de las medidas provocasen una desbandada de sus socios políticos.
Ahora, tras ser cazado en esa ilegalidad, Sánchez reacciona cargando contra el Tribunal Constitucional. Y ordena a su partido secundarle en el ataque a una institución.
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