Treinta expolíticos ganan 8,5 millones 'colocados' en empresas del Estado

 Al menos seis exministros y más de 20 antiguos representantes políticos o altos cargos se sientan en los consejos de administración de compañías como Indra, Enagás o Red Eléctrica, entre otras.

El polémico nombramiento de Marc Murtra como presidente no ejecutivo de Indra ha vuelto a poner sobre la mesa el debate de las llamadas puertas giratorias y la presencia de expolíticos en los consejos de administración de empresas participadas por el Estado. El que fuera jefe de gabinete del socialista Joan Clos en el Ministerio de Industria, que percibirá una remuneración de 550.000 euros anuales, es el último en aterrizar en el consejo de una gran empresa tras pasar la política, pero no el único.

Al menos una treintena de exaltos cargos o políticos, incluidos seis exministros del PSOE y el PP, se encuentran actualmente en los consejos de administración de empresas participadas por el Estado y entre todos se embolsaron por ello el año pasado alrededor de 8,5 millones de euros, según la información proporcionada por las compañías a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y al Consejo de Transparencia y recopilada por Vozpópuli.

Además de Murtra, en el Consejo de Administración de Indra encontramos a otros tres expolíticos con pasado socialista: se trata del exministro de Industria Miguel Sebastián, el exdiputado Antonio Cuevas y Silvia Irazo, secretaria de Estado de Comercio durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Los tres percibieron, respectivamente, una retribución de 112.500, 120.000 y 119.000 euros en 2020 por su trabajo como consejeros en Indra. Sebastián y Cuevas fueron nombrados en representación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), mientras que Irazo se sienta en la mesa de gobierno de Indra como consejera independiente.

El listado de políticos que forman parte del consejo de administración de grandes empresas participadas por la SEPI es aún mayor en otras compañías cotizadas como Red Eléctrica o Enagás, pero se extiende también a otras empresas con capital público como son Aena, Navantia, Hispasat, Correos, Paradores y Loterías, entre otras.

Red Eléctrica: tres políticos y cinco ex altos cargos

En la presidencia de Red Eléctrica, cuyo primer accionista es el estado con un 20% del capital, encontramos al segundo de los seis exministros que actualmente se sientan en el consejo de gobierno de empresas participadas. Se trata de la exministra de Vivienda Beatriz Corredor, que asumió como presidenta de la eléctrica en febrero de 2020 en sustitución del también exministro socialista Jordi Sevilla, y que se embolsó durante el año pasado un total de 469.000 euros, según la información proporcionada por la compañía a la CNMV.

Además de Corredor, en el consejo de Red Eléctrica figuran la exdiputada del PSOE Maite Costa (con una retribución de 175.000 euros en 2020) como representante de la SEPI y el exdiputado del PP Arsenio Fernández de Mesa (175.000 euros). También en representación del Estado se encuentran el que fuera presidente de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) entre 2010 y 2012, Ricardo García Herrera (3.000 euros), y la directora de Participadas de la SEPI, Mercedes Real (131.000 euros).

Como consejeros en Red Eléctrica también hay ex altos cargos como Alberto Carbajo (175.000 euros), Antonio Gómez Ciria (189.000 euros) y José Juan Ruiz (179.000 euros).

Además, la compañía ha convocado a sus accionistas el próximo 29 de junio para, entre otras cosas, aprobar la entrada de otros dos nuevos consejeros que en el pasado fueron políticos y que proceden concretamente de la órbita socialista: Elisenda Malaret, representante del PSC en el Congreso entre 2004 y 2008, y Marcos Vaquer, director general de Urbanismo del Ministerio de Vivienda en la misma época.

Enagás: nueve expolíticos, dos altos cargos y 4,47 millones

En la actualidad, la compañía participada por la SEPI con mayor número de expolíticos en su consejo de administración es Enagás: un total de nueve, de los cuales cuatro son exministros que proceden tanto del PSOE como del PP.

Hace un año el operador de la red de gas nombró como consejeros en representación de la SEPI al exministro socialista de Fomento José Blanco (69.000 euros de retribución en 2020) y al expresidente de la Generalitat de Cataluña y exministro de Industria, José Montilla. Junto a ellos también figuran el asesor de Podemos Cristóbal José Gallego (69.000 euros), el exdiputado socialista Santiago Ferrer Costa (160.000 euros) y el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora (160.000 euros).

Como independientes encontramos a las exministras del PP Isabel Tocino (175.000 euros) y Ana Palacio (190.000 euros), al expresidente de Alianza Popular Antonio Hernández Mancha (160.000 euros) y ex altos cargos como Gonzalo Solana (160.000 euros) o Ignacio Grangel (160.000 euros). Aunque ya no figura en la compañía, la exdiputada del PP Rosa Rodríguez Díaz percibió en 2020 una retribución de 160.000 euros por su puesto en el consejo.

No termina aquí, porque el consejero delegado de Enagás, Marcelino Oreja, fue diputado del Parlamento Europeo por el PP (1,094 millones en 2020) y su presidente, Antonio Llardén (2,118 millones), también ocupó cargos de responsabilidad en el Gobierno de Felipe González y ejerció de vicepresidente de Caixa Catalunya en representación del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat, gobernado entonces por el PSC.

Ebro Foods, Hispasat, Navantia, Correos...

En Ebro Foods, donde la SEPI posee el 10,36% del accionariado, aparece la subdirectora de Participadas de la SEPI María Jesús Garrido y también la socióloga Belén Barreiro (180.000 euros en 2020), quien trabajó como responsable del Departamento de Análisis del Gabinete de La Moncloa durante el primer gobierno de Zapatero y posteriormente, en mayo de 2008, fue nombrada como presidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Todas las empresas citadas anteriormente han hecho públicas, a través de la CNMV, las retribuciones de sus consejeros, como marca la ley para todas las empresas cotizadas. Sin embargo, también hay antiguos cargos políticos en empresas públicas o participadas por el Estado que no cotizan en Bolsa.

La propia SEPI está presidida desde el pasado mes de marzo por Belén Gualda, ex alto cargo de la Junta de Andalucía. La retribución para este cargo fue de 172.514 euros por poco más de nueve meses para su antecesor, el actual vicepresidente Bartolomé Lora.

José Luis Navarro, exconsejero en la Junta de Extremadura, es el presidente de Enresa y percibió por ello 170.000 euros el año pasado. Por su parte, el exalcalde de Barcelona Jordi Hereu fue nombrado en octubre de 2020 como presidente de Hispasat. Aunque se desconoce su sueldo, la que fuese presidenta de esa compañía entre 2004 y 2012, Petra Mateos-Aparicio, llegó a cobrar 420.000 euros brutos en 2007, según informó Economía Digital.

Además, el actual presidente de Correos es Juan Manuel Serrano, exjefe de Gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, con un sueldo de casi 200.000 euros. Manuel Lago, exdiputado por En Marea y actual asesor de la ministra Yolanda Díaz es consejero en Navantia, y tres filiales de la naviera, SAES, Sainsel y Cetarsa, están presididas respectivamente por los exsenadores socialistas Joaquín López Pagán (119.369 euros brutos), Susana Hernández y Juan Andrés Tovar (119.000 euros brutos).

Por su parte, en Aena gobierna Maurici Lucena, exdiputado del PSC en el Parlament, y Paradores está al mando de Óscar López, ex secretario de Organización de los socialistas.

vozpópuli

A los políticos socialistas, ya no les sirven ni café. ¡¡Por favor, tómenlo en el Bar del Congreso¡¡

 

Un Café Bar, próximo al congreso, niega servir el desayuno a tres diputados socialistas. ¡¡Por favor, tómenlo en el Bar del Congreso¡¡ Algunos muchos reiteramos que el Gobierno de España cuya estabilidad parlamentaria está sostenida por grupos y en el que figuran ministros cuyo objetivo es destruirla, es lógica, moral, jurídica y políticamente inviable. A lo largo de su labor como presidente de este Ejecutivo incompetente donde los haya, Pedro Sánchez ha sobrepasado límites que han sumido a muchos españoles en la indignación impregnada de incredulidad. Decía el propietario de dicho Café Bar que lleva regentando dicho  establecimiento desde que se instauró la democracia que, hasta la fecha, su bar era célebre por la armonía entre clientes y políticos. Nunca ha habido una voz más alta que otra, aunque las discrepancias era la orden del día. Recuerda a Rubalcaba contando un anécdota real a sus compañeros: “Antes llegaba un socialista a un Bar, muchos clientes nos pedían parecer y hasta autógrafos; ahora tenemos que venir con paraguas para achicar los escupitajos. Quiero decir con esto que el pueblo que si el socialismo-marxista de Pedro Sánchez es peor que malo, sus agregados de Gobierno deberían dejar de tomar café por lo estimulante del mismo. Por no poner otro ejemplo, que el núcleo central del PSOE “le regale” a Errejón 50 millones de € para estudiar la jornada de 4 horas e incluirla en la Agenda 2050, no es un pago diferido, si la compra de voluntades de una banda de músicos arruinados. La banda de ERREJÓN –En Venezuela comen tres veces al día- Es más intervencionista y ligera de látigo que la del propio Iglesias. La política faculta a los políticos  para servirse de los votantes haciéndoles creer que se les sirve a ellos. En teoría todos los sabíamos, pero en la práctica a los políticos ya no les sirven ni café.

Blog de Juan Pardo

Marruecos reconoce que la raíz de la crisis con España es el Sáhara Occidental

 

© RYAD KRAMDI (AFP) Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, en una imagen del pasado febrero.

El Ministerio de Exteriores marroquí ha emitido este lunes un comunicado en el que asegura que el “fondo de la crisis” diplomática con España no radica en la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, en un hospital de Logroño, sino en las “segundas intenciones hostiles de España con respecto al Sáhara”. Rabat ha detallado algo que no había aclarado hasta el momento: “La crisis no está limitada al asunto de un hombre. No comienza con su llegada ni terminará con su partida”.

Marruecos equipara el conflicto del Sáhara Occidental con la crisis desatada en Cataluña. “No podemos luchar contra el separatismo en casa y fomentarlo en casa del vecino”. Rabat señala que durante “la crisis catalana”, Marruecos “no optó por la neutralidad”, y “fue uno de los primeros en ponerse del lado de la integridad territorial y la unidad nacional de su vecino del norte de forma clara y contundente”. Sin embargo, Marruecos elude precisar que, a diferencia de Cataluña, el Sáhara Occidental está reconocido por la ONU como un territorio “no autónomo”.

La diplomacia marroquí ha emitido este comunicado, que solicita sea difundido de forma íntegra, justo un día antes de que comparezca Gali ante la Audiencia Nacional. Aclara que esa comparecencia, que tantas veces había reclamado Rabat, es solo “una evolución de la cual Marruecos toma nota”. Pero precisa que “no representa el fondo de la grave crisis entre los dos países vecinos”.

Las expectativas de Marruecos van más allá de la mera comparecencia de Gali ante un juez. “Comienzan con una aclaración, sin ambigüedades, por parte de España de sus elecciones, sus decisiones y sus posiciones”. O sea, sobre la posición de Madrid respecto al Sáhara Occidental. Esa cuestión siempre ha estado vinculada para el Gobierno español a la mediación de la ONU. Pero desde que el pasado 10 de diciembre, el entonces presidente Donald Trump, decretó el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, Rabat dio un paso más en sus presiones diplomáticas respecto a España y a la Unión Europea.

Nunca hasta el día de hoy Marruecos había dicho de forma explícita cuáles son sus pretensiones respecto a España y al Sáhara Occidental. Pero con este mensaje queda claro que la cuestión de la acogida del líder del Frente Polisario solo es un capítulo dentro de lo que Rabat exige a Madrid. “Se trata, ante todo, de una cuestión de confianza y de respeto mutuo rotos entre Marruecos y España. Es una prueba para la fiabilidad de la asociación entre Marruecos y España”, precisa el escrito.

El escrito de Rabat insiste en que Gali entró en España “con un pasaporte falso, bajo una identidad argelina falsa”. No obstante, las autoridades españolas han precisado en varias ocasiones en el hecho de que Gali accedió mediante su pasaporte diplomático y solo se registró con otro nombre en el hospital por medidas de seguridad.

La diplomacia marroquí señala que la acogida de Gali “ha revelado las actitudes hostiles y las estrategias perjudiciales de España” respecto al Sáhara “marroquí”. Acusa al Gobierno español de actuar mediante “la connivencia” con los adversarios de Marruecos para “socavar” su integridad territorial.

La diplomacia marroquí, que actúa siempre bajo las “altas instrucciones” del rey, Mohamed VI, se pregunta en su comunicado: “¿Cómo, en este contexto, puede Marruecos volver a confiar en España? ¿Cómo podemos saber que España no volverá a conspirar con los enemigos del Reino?. ¿Puede realmente Marruecos contar con que España no actuará a sus espaldas? ¿Cómo restablecer la confianza después de un error tan grave? ¿Qué garantías de fiabilidad tiene Marruecos hasta hoy? De hecho, esto equivale a plantear la siguiente pregunta fundamental: ¿qué busca realmente España?”

El escrito no hace ninguna referencia a la entrada de 8.000 emigrantes irregulares entre el 17 y el 18 de mayo, de los cuales más de 2.000 eran menores. Cuatro días después de la entrada masiva el ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita, declaró que la oleada se debió “a un contexto de fatiga del dispositivo policial marroquí tras las fiestas del fin de Ramadán”, y a “la inacción total de la policía española”.

Comunicado de Marruecos. Si no puede leerlo, pinche aquí.

El Pais

Indultos a delincuentes, insultos a España.

 La peor crítica que recibe el Poder Judicial, es el de su pérdida de imparcialidad e independencia, debido a injerencias del Poder Político, es entonces cuando se le reprocha a nuestro Tercer Poder la aplicación selectiva e interesada de la Ley pues, esa Justicia politizada se rige por el lema de que “al amigo el favor, al enemigo el rigor y al indiferente la legalidad vigente”. El actual ejecutivo,  en su afán de controlar todas las instituciones, incluidas los altos mandos de la Policía y de las Fuerzas de Seguridad, Fiscalía, Abogacía del Estado, el CNI, los medios de comunicación… no ha cejado en su empeño de someter también a  Jueces y Magistrados. Es el último bastión que se les resiste para convertir a esta raída y decadente Democracia en una opaca y velada dictadura de izquierda. Cada vez se preocupan menos en disimularlo, ante la falta de reacción de una sociedad convertida en rebaño que se deja llevar a cualquier matadero.

Afortunadamente, en ese Poder Judicial, son muchos de sus miembros los que se resisten a ese vil ataque, que supondría la muerte de nuestro Estado de Derecho. Aunque, también existen otros que bajo sus togas esconden su afiliación política. Esos son los que llegan a cargos y cargas de ministros.  Porque al actual gobierno, con tal de perpetuarse,  le da lo mismo hundir y desintegrar España, le da lo mismo cargarse ese Estado de Derecho que constituye la base de su propia existencia y le otorga seguridad y estabilidad.

 Afirmar que una sentencia firme dictada por el Tribunal Supremo, aplicando escrupulosamente la Ley, constituye un acto de venganza y revanchismo, es de los ataques más graves que ha sufrido nuestra Democracia desde que se aprobó la  Constitución de 1978. Cuando esa afirmación la realiza un Presidente de Gobierno apoyado en su Consejo de Ministros (y cierta prensa, que se ha rebajado a tal nivel de servilismo a quien les da de comer, que raya en el ridículo), la cuestión se convierte en un auténtico peligro para la continuidad del sistema democrático, al  pegarle el mayor responsable de su defensa, una clamorosa patada al imperio de la Ley. Concordia es lo que va a pedir cualquier abogado  cuando tenga que pedir la absolución de su patrocinado,  pues hay que pensar en el futuro de cualquier persona que haya delinquido y de quien se haya podido destruir su presunción de inocencia. Si han matado a tu hija, pues al asesino hay que mostrarle comprensión y no pensar en términos de venganza  y revanchismo. Por tanto, habría que pensar en su indulto. Por cierto, ¡cuántos indultos, justificados en los que la dilación de un procedimiento, las particularidades del hecho juzgado, el arrepentimiento del condenado, habrían hecho pensar en su equitativa y justa concesión! Pues no conozco de la concesión de ninguno. El indulto sólo sirve para corregir al Poder Judicial y para cerrar el círculo de control que se le escapa al poder político ante le existencia de jueces independientes que a veces condenan, aplicando la ley,  a amigos y afines del ejecutivo de turno, que son los únicos que se benefician de este privilegio decimonónico.

Mas ahora resulta que este gobierno, desdiciéndose de lo dicho en el pasado, lo cual ya viene siendo algo habitual, una realidad constatable que a sus adeptos les debe dar lo mismo, ahora anuncia que piensa conceder el indulto a los políticos presos por el golpe de Estado que protagonizaron en Cataluña. Claro está, las razones de ese cambio de opinión se deben a ese buenismo y valentía de quien es capaz de sacrificarse, y de paso es capaz de sacrificar a España, y no al motivo de que ese gobierno depende para su continuidad de los partidos separatistas que están empeñados en destruirla y entre cuyas filas están esos políticos presos.

Y es que el  problema del Ejecutivo para conceder los infames indultos, no lo tiene en el propio Tribunal sentenciador que ya le ha dejado su posición contraria, y ha advertido de su ilegalidad; el peor escollo lo tiene en los propios indultados, que lejos de demostrar arrepentimiento, requisito mínimo exigible, persisten y desafían  con altanería y hacen público que, si pueden, volverán a desafiar al Estado de Derecho. Es decir, que lo de la concordia y la solución de futuro de Cataluña, pasaría por dejarles que proclamen unilateralmente la independencia. Es decir, pasaría por dejarles que se salieran con la suya, rompiendo la unidad de España.

Pero, insisto, les da lo mismo, aunque su conducta se pueda calificar de prevaricación. Para ellos, el fin de mantenerse al frente del desgobierno de España, justifica cualquier medio. El precio de insultar a España y los españoles, es un peaje asumible para estos traidores, como lo sería justificar la entrega pacifica de Ceuta, Melilla y Canarias, de momento, a Marruecos. A fin de cuentas, no se puede ser vengativo ni dar respuesta a amenazas y potenciales agresiones externas, pues a muchos de sus votantes, no les importa que España siga siéndolo.

Francisco Serrano

Francisco Serrano, fiscal y magistrado en situación de excedencia, fue diputado en el Parlamento andaluz y cabeza de lista por Vox en las elecciones autonómicas de 2018 hasta que decidió recientemente abandonar su escaño y la vida política para dedicarse de lleno a su actual profesión de abogado.

Sánchez moviliza un helicóptero y doce vehículos oficiales para un acto en Soria

 

Sánchez, este viernes al llegar a Soria con su extensa caravana oficial

El líder del PP, Pablo Casado, que ha participado en la misma jornada, ha denunciado el desproporcionado despliegue de medios oficiales del presidente. Que no predica con el ejemplo.

Pedro Sánchez sigue sin tener la menor intención de predicar con el ejemplo. Y mientras en su plan para la España de 2050 pretende prohibir a los españoles vuelos cortos y el uso indiscriminado del vehículo a motor, este viernes ha vuelto a protagonizar un imponente despligue de medios para participar en un acto en Soria sobre la llamada España vacíada.

Un helicóptero, doce vehículos, una ambulancia, un camión de bomberos y varios blindados, según ha denunciado el propio líder del PP, Pablo Casado.

Sánchez viajó a Valencia en Falcon y luego volvió a Moncloa a criticar el avión

 

Casado ha criticado que Sánchez se haya desplazado a Soria en helicóptero acompañado de una "caravana" de coches cuando ha presentado públicamente el Plan 2050 que propone prohibir los vuelos cortos. A su entender, es una "cuestión de coherencia".

"La coherencia en política es muy importante porque si los políticos estamos en la luna, en la agencia aeroespacial, al final son los españoles los que se tiran por un barranco", ha proclamado Casado en su intervención en la IV Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural, Presura 20, en el marco de un coloquio con la presidenta de la Fundación Maragatería, Elena Pisonero.

Casado ha echado en cara al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos que hable "mucho" del 2050 y ha recalcado que "hay que pisar el barro y la tierra y hablar del 2021", ya que, a su juicio, cuando "se desconoce la realidad de la España actual es muy difícil poder trasladar soluciones para dentro de 29 años".

El líder del PP ha hecho hincapié en que un cargo público debe practicar la coherencia y ha subrayado que él ha "escuchado" decir al presidente del Gobierno que no se coja un avión para "aquellos destinos que estén a menos de dos horas y media, como Soria".

"Pero al venir he visto un helicóptero del presidente del Gobierno y he visto una caravana que llevaba 12 vehículos contaminantes, blindados todoterreno, un camión de bomberos, una ambulancia y dos todoterreno de protección civil", ha exclamado.

Por eso, ha dicho que el Gobierno no puede decir a los ciudadanos que no deben coger un avión para ir a Alicante cuando el presidente del Gobierno acude a una feria de despoblación y sostenibilidad "en helicóptero con 14 vehículos". "Es una cuestión de coherencia", ha apostillado Casado.

 

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ESDIARIO

Moncloa mima a Aragonés y da a Cataluña la mitad de su último fondo de rescate

 

La ministra de Hacienda, este jueves en Moncloa.

Hacienda entrega a la Generalitat 1.500 millones de euros, la mitad de los 3.000 que va a repartir entre otras 9 comunidades autónomas.

Moncloa sigue prodigándose en gestos al independentismo aún a costa de discriminar al resto de las comunidades autónomas. El último ejemplo, el último paquete financiero de 3.000 millones de euros en el que Cataluña se lleva la mitad y otras otro regiones se tendrán que conformar con el resto a repartir.

El Gobierno ha acordado este viernes la distribución de 3.056,84 millones de euros del nuevo compartimento REACT-UE del Fondo de Financiación, al que se han adherido nueve Comunidades, siendo Cataluña la que más dinero ha recibido de este reparto, con 1.487,08 millones, lo que supone un 48,65% del total del fondo.

Estos recursos corresponden a la financiación para 2021 del compartimento Fondo de Liquidez REACT-UE, una nueva herramienta incluida dentro del Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas y que permite un anticipo de estos recursos y facilita liquidez para el despliegue y la absorción de estas ayudas comunitarias.

A este fondo están adheridas Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Murcia, La Rioja y la Comunidad Valenciana.

De este modo, Cataluña (1.487,08 millones) es la que más recibirá, seguida de la Comunidad Valenciana (650 millones), Castilla-La Mancha (387,98 millones), Canarias (150 millones), Extremadura (125 millones), Murcia (100,94 millones), Cantabria (84 millones), Asturias (47,84 millones) y La Rioja (24 millones).

 

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ESDIARIO

El Falcon bien vale un indultazo

 Enrique IV pasó de ser un humilde rey de la Navarra francesa a convertirse en el monarca de todos los franceses. Pero para ello hubo de abjurar del protestantismo y abrazar la fe católica. No se lo pensó ni medio segundo. Suya es una de las frases más célebres de todos los tiempos: «París bien vale una misa». El epítome universal del pragmatismo. Sántxez no será Enrique IV ni en setenta reencarnaciones porque para eso debería ser más culto y, sobre todo, mejor gobernante. A lo que sí gana al hugonote y a todo dios es a desahogo. Lo del indultazo a los golpistas catalanes lo adelantamos hace tiempo pero nunca pensamos que la justificación y la plasmación fuera tan obscena. Lo del presidente parafraseando al delincuente Junqueras, que en el juicio en el Supremo declaró que la condena representaba «una venganza», es vomitivo. Significa tanto como poner en tela de juicio todo el ordenamiento, desde el Código Penal hasta el Civil, pasando por el Mercantil, el Administrativo, la Constitución o cualquier norma de rango menor. Por esa regla de tres es una vendetta meter cadena perpetua al malnacido que asesinó a sus dos hijos con una motosierra, enviar 12 años a la cárcel a un pederasta y encerrar 54 a uno de los islamistas que participaron en el asesinato de 16 ciudadanos en La Rambla. Lo mismo cabría colegir de la ejemplar condena de 30 años decretada en 1982 a los ejecutores, que no cerebros, del 23-F: Milans y Tejero. Lo de Armada, el militar más próximo a Juan Carlos I, quedó en una broma: seis años. El a la sazón presidente, Calvo-Sotelo, expresó su pesar por «la benevolencia» de la sentencia, recurrió y en 1983 el Supremo igualó a los tres. Les impuso tres décadas de reclusión, entre el doble y el triple de la sanción recaída sobre los tejeritos catalanes. O más porque ahí no hubo malversación. Contrasta la lógica dureza de aquella sentencia por rebelión con la impuesta por sedición a gentuza que hizo lo mismo: perpetrar un «putsch» para acabar con el orden constitucional. Por cierto: ni en uno ni en otro caso hubo víctimas mortales. La decencia del superlativo Calvo-Sotelo es inversamente proporcional a la de un Sántxez que no sólo se cisca en el Supremo, en el Estado de Derecho y en la separación de poderes, sino que, además, nos toma por gilipollas.

Su indulto por conveniencia, «autoindulto» en brillante acepción de Marchena, constituye un acto de prevaricación como la copa de un pino. Otorgar una medida de gracia para beneficiarte tú está expresamente prohibido en el artículo 102 de la Constitución. La gravedad de la decisión que va a tomar el peor presidente de la historia es tanto mayor cuanto supone un golpe de Estado sobre el golpe de Estado. Por el Falcon, el Airbus 310, el SúperPuma, el Palacio de La Moncloa, Quintos de Mora y Doñana no puedes cargarte la democracia. En el pecado llevará la penitencia. Tamaña traición no le saldrá gratis electoralmente y espero que tampoco legalmente. A la Sala de lo Contencioso y a su presidente, César Tolosa, nos encomendamos. De su resolución depende que España continúe siendo una democracia de calidad o degenere en «banana republic». No es ninguna broma.

Eduardo Inda

Las empresas públicas, un botín de los partidos para colocar amigos

 Algún día habrá que tomarse en serio la gestión de las empresas públicas y participadas

Un escándalo, pero en ningún caso menor a lo que hemos vivido durante décadas con las empresas públicas o con participación estatal. El PSOE y el PP las consideran un botín para colocar a amigos, con mayores o menores méritos, porque es el derecho del ganador. Ha sido un tema relativamente pacífico y se han perpetrado auténticos disparates, porque la formación y trayectoria profesional eran irrelevantes. Es algo que nos retrotrae, incluso, al clientelismo romano o las redes de amigos y familiares tan características desde entonces. No hay que olvidar que el Estado es la mayor agencia de colocación de este país y lo habitual es que se actúe de forma arbitraria salvo en los funcionarios de oposición, aunque este gobierno lo ha resuelto bajando el nivel. Es lo habitual en la izquierda y ya lo hizo en el pasado con el acceso a las cátedras y titularidades en la Universidad. La calidad no importa, sino comerse el pastel con zafia glotonería. En esta ocasión, el gobierno se ha tenido que tragar su orgullo y asumir la imposición de los independientes para que el socialista Marc Murtra no tenga competencias ejecutivas y sea un presidente florero.

Los méritos de Murtra, un preclaro ejemplo de la elite pijo progre catalana, son un auténtico arcano. No creo que nunca los conozcamos. No pertenece al socialismo de los obreros llegados con las oleadas migratorias del siglo XX. Es un chico bien, como tantos que he conocido en mi tierra, adscrito al PSC y con una buena formación, al menos es ingeniero industrial y tiene un master en Administración de Empresas por la Universidad de Nueva York. Lo habitual en los proletarios. Es experto en tecnologías y socio en empresas. Hay que reconocer que el perfil no es malo, aunque el problema es el fondo y la forma de lo que ha sucedido. Por supuesto, cuando llegue el PP será despedido de forma fulminante y habrá sido un presidente florero breve, porque asistiremos al asalto que se produce después de unas elecciones. Más allá de Murtra que, dicho respetuosamente, es una anécdota y me alegro sin conocerlo por el cargo que le ha tocado en la lotería gubernamental, algún día habrá que tomarse en serio la gestión de las empresas públicas y participadas. No me importa si es el PP o el PSOE, porque es un escándalo que se realicen nombramientos políticos en empresas que deberían ser gestionadas profesionalmente.

Francisco Marhuenda

Alfonso Guerra, contra los indultos

 

"Políticamente es indeseable y jurídicamente no es legal"

"Hay instalada una idea muy equivocada. Dicen que los puede decidir el Gobierno como quiera, y eso no es verdad", defiende el histórico socialista.

Alfonso Guerra, exvicepresidente del Gobierno, ya se ha pronunciado sobre los indultos que el Gobierno pretende conceder a los políticos condenados por el 'procés', sumándose al rechazo expresado no sólo por los principales líderes de la oposición sino, más que eso, al de destacados miembros del PSOE tanto retirados de la política como en activo, casos del expresidente Felipe González o de los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y Extremadura, Guillermo Fernández Vara. 

Para Guerra es "políticamente es indeseable" conceder los indultos y, tras el informe del Tribunal Supremo contrario a los mismos, sería "un acto ilegal". Así lo manifestó el veterano político socialista este jueves en una conferencia en Sevilla en el marco del Foro 'España a Debate'.

"Hay en la opinión pública instalada -sostuvo Guerra- una idea muy equivocada, en los medios de comunicación y hasta en el Gobierno, y es que piensan, dicen que los indultos son de libre disposición del Gobierno, que los puede decidir el Gobierno como quiera, y eso no es verdad".

"Clarísimo, no se puede dar"

Para el exvicepresidente, "si el tribunal dijera que un señor ha cumplido todos los requisitos de expresar arrepentimiento, de que no va a volver a repetirlo, el Gobierno puede decir que le da el indulto o que no se lo da, ahí sí es de libre disposición, pero si el tribunal dice que no reúne las condiciones

de arrepentimiento, el Gobierno no puede dárselo".

"Ni el propio Gobierno se da cuenta de que si dice eso el informe no se lo puede dar, sería un acto ilegal", insistió Guerra, que también puso de relieve que "los indultos son individuales y la ley establece que la petición de indulto es para un penado". En este caso, recordó, "todas las peticiones que han hecho son colectivas" para los presos "del 'procés'", algo que "también anula la capacidad de esa petición" de indulto.

Así las cosas, Guerra dijo tener "clarísimo que el indulto no se puede dar y no se debe dar políticamente". "Políticamente es totalmente indeseable, y jurídicamente no es legal", zanjó.

ElEspañol

El indulto sí es la revancha

Sánchez ha demostrado que no le importa que el Tribunal Supremo vea «inaceptable» indultar a los golpistas catalanes. Le importa más pervertir la ley, señalar a los jueces y el cinismo político

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha emitido un informe contrario a indultar, total o parcialmente, a los condenados por los delitos cometidos con motivo de la declaración unilateral de independencia de Cataluña en octubre de 2017. Los magistrados no han hecho otra cosa que argumentar por qué perdonarles es «inaceptable», y ajustarse a la competencia que les atribuye la centenaria ley reguladora de «la gracia de indulto» sin desbordar los términos de las solicitudes presentadas para el perdón de Oriol Junqueras y del resto de condenados. Por eso Pere Aragonès difama a la Sala Segunda cuando afirma que este tribunal sigue la senda represora iniciada con la sentencia de condena. Peor aún, es una difamación compartida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien no ha dudado en asimilar el cumplimiento de la sentencia dictada por el Supremo a un acto de venganza o revancha. Incluso, ayer mismo la asoció también a un gesto de «concordia». Pero no solo no la quieren, sino que la desguazan. Con estas palabras, Sánchez se ha convertido en la némesis del Estado constitucional porque asume sin matices el discurso secesionista contra los fundamentos de la convivencia. Si a pesar de los argumentos esgrimidos por la Sala Segunda, el Gobierno persevera en su intención de perdonar a los condenados, la concesión de los indultos se convertirá en una prolongación del golpe separatista. El Gobierno tomará así el relevo a los secesionistas catalanes contra el propio Estado, y la concesión de los indultos será la ruptura constitucional que lleva buscando la izquierda desde hace años. A partir de ese momento, políticamente habrá acabado la legislatura.

La afirmación de que no indultar a los condenados es un acto de venganza contrario a los valores constitucionales es una declaración de autoritarismo del presidente Sánchez contra la independencia de los jueces y contra la primacía de la ley y la Constitución. Habrá indultos parciales por el mero ejercicio de la autoridad. El Estado de derecho se justifica precisamente como la superación de la venganza y de la revancha, inexistentes por definición en la sentencia dictada por un tribunal independiente, tras un proceso que hasta la meticulosa Amnistía Internacional calificó como «justo», y bajo el imperio de la ley democrática con penas proporcionales. Una ley que legítimamente «puede exigir mediante la imposición de una pena que la ruptura de las bases de la convivencia nunca sea el fruto de una decisión unilateral», como dice el informe del Supremo.

El informe del Supremo es un ejercicio memorable de defensa del Estado, y un documento imprescindible para una opinión pública sometida al abuso de poder de un gobierno sin escrúpulos

Tras la apariencia de pacificador mesiánico, Sánchez compite con los más radicales gobernantes populistas a los que Bruselas señala como amenazas al Estado de derecho. Su apelación a la revancha como sinónimo del cumplimiento de una sentencia firme del Supremo es un acto de deslegitimación del orden constitucional. Y los que dentro del PSOE callen -Fernández Vara, Page, Díaz y demás constitucionalistas de salón, incluidos algunos ministros bienintencionados pero incapaces de apartarse de Sánchez- serán meros cómplices de esta quiebra histórica de la democracia. Es inevitable que Sánchez se sienta políticamente concernido por las atinadas valoraciones de los magistrados que firman el documento. Él es el gran promotor de los indultos contra los que se ha pronunciado el Tribunal, que lo ha hecho recordando que esta figura no es un recurso contra una condena firme, ni una especie de juicio asambleario a la decisión jurisdiccional de jueces independientes. Los magistrados han analizado las condiciones exigidas por la ley para conceder indultos y han concluido que no se cumple ni una sola, porque en los condenados no hay «la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento», sino «su voluntad de reincidir en el ataque a la convivencia democrática». Incluso los magistrados se adentran en la valoración de la amnistía, de la mano del panfleto presentado por Jordi Cuixart, y recuerdan que «las leyes de amnistía han sido el medio hecho valer por regímenes dictatoriales para borrar gravísimos delitos contra las personas y sus derechos fundamentales».

El Supremo ha asumido un liderazgo institucional similar al de Felipe VI el 3 de octubre de 2017, un liderazgo imprescindible para la reafirmación de la independencia judicial y la primacía de la ley como expresión de la superación de la venganza y la revancha. El informe del Supremo es un ejercicio memorable de defensa del Estado, y un documento imprescindible para una opinión pública sometida a la confusión moral provocada por un Gobierno sin escrúpulos que abusa de su poder.

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