La peor crítica que recibe el Poder Judicial, es el de su pérdida de imparcialidad e independencia, debido a injerencias del Poder Político, es entonces cuando se le reprocha a nuestro Tercer Poder la aplicación selectiva e interesada de la Ley pues, esa Justicia politizada se rige por el lema de que “al amigo el favor, al enemigo el rigor y al indiferente la legalidad vigente”. El actual ejecutivo, en su afán de controlar todas las instituciones, incluidas los altos mandos de la Policía y de las Fuerzas de Seguridad, Fiscalía, Abogacía del Estado, el CNI, los medios de comunicación… no ha cejado en su empeño de someter también a Jueces y Magistrados. Es el último bastión que se les resiste para convertir a esta raída y decadente Democracia en una opaca y velada dictadura de izquierda. Cada vez se preocupan menos en disimularlo, ante la falta de reacción de una sociedad convertida en rebaño que se deja llevar a cualquier matadero.
Afortunadamente, en ese Poder Judicial, son muchos de sus miembros los que se resisten a ese vil ataque, que supondría la muerte de nuestro Estado de Derecho. Aunque, también existen otros que bajo sus togas esconden su afiliación política. Esos son los que llegan a cargos y cargas de ministros. Porque al actual gobierno, con tal de perpetuarse, le da lo mismo hundir y desintegrar España, le da lo mismo cargarse ese Estado de Derecho que constituye la base de su propia existencia y le otorga seguridad y estabilidad.
Afirmar que una sentencia firme dictada por el Tribunal Supremo, aplicando escrupulosamente la Ley, constituye un acto de venganza y revanchismo, es de los ataques más graves que ha sufrido nuestra Democracia desde que se aprobó la Constitución de 1978. Cuando esa afirmación la realiza un Presidente de Gobierno apoyado en su Consejo de Ministros (y cierta prensa, que se ha rebajado a tal nivel de servilismo a quien les da de comer, que raya en el ridículo), la cuestión se convierte en un auténtico peligro para la continuidad del sistema democrático, al pegarle el mayor responsable de su defensa, una clamorosa patada al imperio de la Ley. Concordia es lo que va a pedir cualquier abogado cuando tenga que pedir la absolución de su patrocinado, pues hay que pensar en el futuro de cualquier persona que haya delinquido y de quien se haya podido destruir su presunción de inocencia. Si han matado a tu hija, pues al asesino hay que mostrarle comprensión y no pensar en términos de venganza y revanchismo. Por tanto, habría que pensar en su indulto. Por cierto, ¡cuántos indultos, justificados en los que la dilación de un procedimiento, las particularidades del hecho juzgado, el arrepentimiento del condenado, habrían hecho pensar en su equitativa y justa concesión! Pues no conozco de la concesión de ninguno. El indulto sólo sirve para corregir al Poder Judicial y para cerrar el círculo de control que se le escapa al poder político ante le existencia de jueces independientes que a veces condenan, aplicando la ley, a amigos y afines del ejecutivo de turno, que son los únicos que se benefician de este privilegio decimonónico.
Mas ahora resulta que este gobierno, desdiciéndose de lo dicho en el pasado, lo cual ya viene siendo algo habitual, una realidad constatable que a sus adeptos les debe dar lo mismo, ahora anuncia que piensa conceder el indulto a los políticos presos por el golpe de Estado que protagonizaron en Cataluña. Claro está, las razones de ese cambio de opinión se deben a ese buenismo y valentía de quien es capaz de sacrificarse, y de paso es capaz de sacrificar a España, y no al motivo de que ese gobierno depende para su continuidad de los partidos separatistas que están empeñados en destruirla y entre cuyas filas están esos políticos presos.
Y es que el problema del Ejecutivo para conceder los infames indultos, no lo tiene en el propio Tribunal sentenciador que ya le ha dejado su posición contraria, y ha advertido de su ilegalidad; el peor escollo lo tiene en los propios indultados, que lejos de demostrar arrepentimiento, requisito mínimo exigible, persisten y desafían con altanería y hacen público que, si pueden, volverán a desafiar al Estado de Derecho. Es decir, que lo de la concordia y la solución de futuro de Cataluña, pasaría por dejarles que proclamen unilateralmente la independencia. Es decir, pasaría por dejarles que se salieran con la suya, rompiendo la unidad de España.
Pero, insisto, les da lo mismo, aunque su conducta se pueda calificar de prevaricación. Para ellos, el fin de mantenerse al frente del desgobierno de España, justifica cualquier medio. El precio de insultar a España y los españoles, es un peaje asumible para estos traidores, como lo sería justificar la entrega pacifica de Ceuta, Melilla y Canarias, de momento, a Marruecos. A fin de cuentas, no se puede ser vengativo ni dar respuesta a amenazas y potenciales agresiones externas, pues a muchos de sus votantes, no les importa que España siga siéndolo.
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