El abogado de Carles Puigdemont y de Quim Torra, Gonzalo Boye. (EFE)
La jueza explica que esta investigación se inició en febrero de 2016, cuando Sito Miñanco se encontraba cumpliendo condena de 16 años en el centro penitenciario de Algeciras por un delito contra la salud pública y disfrutaba ya del tercer grado, lo que le permitía trabajar en un parking de esa localidad. Pese a ello, sostiene que mantenía sus contactos en organizaciones de Sudamérica y contaba con la infraestructura necesaria para introducir cocaína en España, “un bien nutrido grupo de individuos, que, en muchos casos, ya habían acumulado una apreciable experiencia criminal en el negocio del narcotráfico, y que estaban dispuestos a participar en estas operaciones, ejecutando de forma casi reverencial cualquier actividad”.
En cuanto a Boye, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) le sitúa en sus informes como cerebro de una maniobra para blanquear el origen de 889.000 euros que incautaron a la banda en febrero de 2017 en el aeropuerto de Barajas. "Fue el encargado de intentar recuperar ese dinero mediante la confección de unos contratos en los que se fingía la compraventa de unas letras de cambio", recoge un informe policial adelantado por El Confidencial. "Elaborarían unos documentos y presentarían unos contratos de compraventa de letras de cambio en garantía de unos préstamos hipotecarios en el expediente sancionador que permitirían así justificar ante la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera el origen legal del dinero intervenido", explica a su vez la magistrada en su auto.
En este intento de blanquear el dinero intervenido, Tardón apunta a que también contaron con la ayuda de un segundo abogado, Jesús Morán Castro. "Llegaron al acuerdo de que Prado Burgallo pagaría a Morán Castro 90.000 euros por estas letras y por confeccionar los contratos, 30.000 cuando se presentaran los documentos, de los cuales Boyé Tuset recibió 10.000 euros en ese momento", explica la magistrada. Esta idea se apoya en las conversaciones que el abogado guardaba en una carpeta denominada 'blanqueo de capitales' y en una serie de manuscritos que fueron hallados el 5 de febrero de 2018, cuando registraron la casa de Luis Enrique García Arango, lugarteniente de Miñanco: "Gonzalo 10", podía leerse en uno de ellos. "Abogado Gonzalo 10", añadía otro.
En el auto, la jueza subraya además una serie de encuentros que Boye mantuvo con los hombres de Miñanco para organizar esta maniobra, entre ellos el que se produjo en el 28 de junio de 2017 en un VIPS de Madrid. La reunión se produjo después de que fracasara el primer intento de recuperar el dinero intervenido y, sin que el abogado lo supiera, la Policía Nacional accedió a las cámaras de seguridad del local para constatar que a la cita también habían acudido, entre otros, García Arango y la hija de Miñanco. "Desde allí se dirigieron al despacho de la mercantil Versia Consultores Financieros [...] con el propósito en última instancia de obtener documentación adicional y decidir cómo proceder ante la resolución comunicada [que tumbaba las letras de cambio]", explica la magistrada.
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