Repudia las expulsiones «en caliente» y se alinea con el Frente Polisario en vísperas del
viaje a Rabat de Marlaska
Unidas Podemos pide a Sánchez el referéndum del Sáhara en plena crisis en Canarias
Pablo MuñozVíctor Ruiz de Almirón
La crisis migratoria en Canarias, que el martes vivió en el muelle de
Arguineguín (Mogan) su episodio más rocambolesco, ha vuelto a abrir
las costuras del Gobierno de coalición, ahora en un asunto de estado.
Primero fue el posicionamiento de Podemos a favor del Frente
Polisario en los sucesos del Sáhara, reiterado ayer en un nuevo
comunicado, en un momento particularmente inoportuno al ser la
colaboración de Rabat clave para aliviar la presión en el Archipiélago;
luego, las críticas de los de Pablo Iglesias a las «devoluciones en
caliente», después de que el Ministerio del Interior advirtiera de que
continuaría utilizando esta figura, regulada en la Ley de Seguridad
Ciudadana y a la que el Tribunal Constitucional va a dar
su aval siguiendo la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos; y finalmente, la petición de dimisión de Fernando
Grande-Marlaska realizada por Podemos en Canarias tras los
sucesos del muelle, si bien es cierto que ayer fue desautorizada esa
iniciativa por la dirección del partido.
En público, los responsables de la gestión migratoria prefieren no
hacer comentarios; en privado, muestran su hartazgo por esta
nueva deslealtad de Podemos en un asunto de Estado, que
además no es de ahora, sino que se trata de una constante desde que
se formó el Gobierno de coalición. Pero esta vez es mucho más grave,
porque la situación en Canarias está fuera de control y es vital
mantener buenas relaciones con los países de origen de los
inmigrantes.
El ministro del Interior viaja mañana a Rabat para reforzar la
colaboración con Marruecos, que tradicionalmente ha tomado buena
nota de las actitudes del Gobierno español. Si ya fue un error,
ampliamente admitido incluso en el propio Ejecutivo, que
Pedro Sánchez no hiciera su primer viaje oficial a ese país,
como habían hecho todos sus antecesores, ahora cometerá otro si no
pide ayuda a Felipe VI, que como Don Juan Carlos mantiene unas
relaciones privilegiadas con la Monarquía alhauí.
En el Gobierno existen varias sensibilidades respecto a Pablo
Iglesias. Pedro Sánchez y su entorno entienden y tratan de encauzar
en privado con el vicepresidente segundo su «necesidad de marcar un
perfil propio». Por contra, los ministros más ortodoxos del Ejecutivo,
víctimas habituales de las críticas de Iglesias, manifiestan un hartazgo
creciente. Por lo que consideran una «constante invasión
competencial», en palabras de uno de estos ministros.
La crisis migratoria lleva semanas ocupando a los ministerios de
Política Territorial, Migraciones, Interior y Exteriores, todos
controlados por Sánchez. El agravamiento de la situación obligó a
Defensa a colaborar cediendo instalaciones militares infrautilizadas y
en tareas de apoyo logístico. Una operación coral coordinada por la
Vicepresidencia Primera de Carmen Calvo.
«La actitud de Iglesias es un desastre», dicen fuentes
gubernamentales. Para un ministro, estas cuestiones «exceden» sus
competencias y «es mucho más delicado que el constante debate sobre
política económica», donde Podemos también ha decidido dar la
batalla en lo relativo a la prohibición de los desahucios. Tanto Nadia
Calviño como José Luis Ábalos reconocieron ayer haberse
enterado por los medios de esta maniobra. Y desde el PSOE se asegura
que, aunque advertidos, ese gesto incumple el acuerdo.
En la cuestión migratoria no hay por tanto ministros de Unidas
Podemos, y por ende, participando en la gestión de esta crisis. La
entrada en escena de la formación de Iglesias exasperó a esta parte del
Gobierno. Ayer mediante un comunicado Unidas Podemos instó al
Gobierno a garantizar la celebración de un referéndum de
autodeterminación en el Sáhara Occidental y trabajar con Naciones
Unidas para «detener la guerra».
El texto recogía que «España, como potencia administradora del
Sahara Occidental, tiene una responsabilidad histórica y jurídica con
la descolonización del territorio». La reclamación de UP llegó cinco
días después de que el Polisario rompiera el alto al fuego
firmado con Marruecos y declarase «el estado de guerra»
justificando que el Ejecutivo marroquí reprimió con un ataque militar
una manifestación de activistas saharauis en Guerguerat (puesto
fronterizo que conecta el Sáhara Occidental con Mauritania).
No es ni de lejos la primera vez que el socio minoritario del Gobierno
invade las competencias diplomáticas y migratorias. De hecho hace
unos días el portavoz de Podemos Rafa Mayoral sugería a
Marlaska «hacer algo más» para mejorar la situación en Canarias,
También en febrero el secretario de Estado de Derechos
Sociales, Nacho Álvarez, se reunió con una «ministra» de la
República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Suilma Biruk, lo
que provocó el malestar de Marruecos. La ministra de
Exteriores, Arancha González Laya, tuvo que explicar al Gobierno
marroquí que la posición de España respecto al Sáhara Occidental no
había cambiado con la llegada de Podemos al Gobierno.
La tensión fue tal que el propio vicepresidente Iglesias se vio forzado a
suscribir esas declaraciones. Mientras, Interior investiga lo ocurrido
en el puerto de Magan y no descarta que la flagrante descoordinación
se debiera, incluso, a la mala fe. De momento se recaban los datos,
pero si la hubo, se tomarán medidas.
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