Los trabajos por los que Podemos pagó más de 350.000 euros de subvención electoral en las elecciones generales de 2019 no son simulados. Al menos así lo han asegurado varios de sus cargos que han declarado hoy ante el juez Juan José Escalonilla, que investiga si, como dicen la Fiscalía Provincial de Madrid y el Tribunal de Cuentas, ese contrato fue simulado y sirvió para desviar dinero de las cuentas del partido.
Tras responder ante el magistrado el secretario de Comunicación de Podemos, Juan Manuel del Olmo; Daniel de Frutos, administrador mancomunado de la coalición electoral Unidas-Podemos; la gerente del partido, Rocío Esther Val; y la responsable de Compras y Finanzas de la formación, Andrea Deodato; el abogado de la formación, Gorka Vellé, ha declarado ante los medios que "con esta situación procedería cerrar la investigación".
"Salimos muy satisfechos. Las declaraciones han servido para aclarar todas las dudas y acreditar todos los trabajos", ha señalado a la salida del juzgado a los medios de comunicación.
Sobre las acusaciones de que responsables de la consultora Neurona desviasen dinero a México, Vellé ha insistido en que el "objeto" de la investigación de Escalonilla es "la efectiva realización de unos servicios contratados con Podemos". "Esto se ha debatido hoy, no hay otro objeto de investigación: la contratación y la prestación de los servicios está acreditada", ha asegurado. También han declarado hoy diversos testigos.
Estas citaciones llegan una semana después de que Podemos entregase al juez
el pasado viernes documentación para defender lo que ha repetido el abogado. Además, también entregaron los vídeos por los que fue contratado Neurona en la campaña del 28-A. El pasado martes el juez publicó una providencia para que la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción los investigase, así como una cuenta bancaria de Neurona a la que el 29 de marzo de 2019 se transfirieron 75.000 euros desde una cuenta de UP.
Esta línea de investigación (la conexión de Neurona) es la casi la única que queda viva de las cuatro denuncias que interpuso José Manuel Calvente, exbogado de la formación. También señaló unos trabajos de una consultora portuguesa (ABD Europa) que archivó el juez, así como el pago de 50.000 euros de la Caja de Solidaridad del partido a la asociación #404 Comunicación Popular, también archivado. De las otras dos (acceso no consentido al disco duro de una de las trabajadoras de Podemos, la abogada Marta Flor; y la licitación irregular de las obras de la sede nacional), la Fiscalía ha solicitado centrarse en Neurona.
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