Pablo Iglesias ha sido advertido de que la magistrada investiga si hubo presiones de ministros para no rebajar la participación en las manifestaciones feministas.
Irene Montero, en el centro, en la manifestación del 8-M.
Irene Montero va camino de convertirse en otro miembro del Gobierno implicado en el escándalo sobre la gestión del 8-M. Pablo Iglesias ha sido advertido de que la investigación alcanzará en las próximas semanas a la ministra de Igualdad como una de las principales promotoras de las manifestaciones feministas.
Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes próximas a Podemos, el vicepresidente segundo ha recibido información de que la jueza Carmen Rodríguez Medel va a solicitar los informes técnicos que utilizó la ministra Montero para justificar que no se suspendieran las marchas del 8 de marzo por el Día de la Mujer.
La responsable de Igualdad, una de las principales promotoras de las manifestaciones, ha defendido siempre que, en relación a mantener o no los actos del 8-M, “hicimos en todo momento lo que nos dijeron los expertos y las autoridades sanitarias”.
Sin embargo, se tiene en cuenta que los propios cálculos del Ministerio de Sanidad han revelado que ese día se registraron, sólo en Madrid, más de 12.300 contagios por coronavirus.
Una de las muestras más evidentes del contagio masivo en la manifestación de la capital es que días después se conoció que habían contraído el Covid-19 la propia Irene Montero, Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y la madre de éste; la vicepresidenta Carmen Calvo y la ministra de Política Territorial, Carolina Darias.
Ante la previsible implicación en el escándalo, según ha podido saber ECD por fuentes próximas al Consejo de Ministros, la estrategia de Pablo Iglesias consiste en “crear un escudo que proteja a Irene Montero” y desviar el foco de las responsabilidades hacia Fernando Simón como director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Por el momento, la juez Carmen Rodríguez-Medel está investigando al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco (PSOE), por un posible delito en la autorización de la marcha del 8-M. Acudieron más de 120.000 personas a las calles del centro de la capital, cuando ya había focos de coronavirus.
En el entorno de Pablo Iglesias reconocen a ECD que el líder de Podemos da por hecho que Montero acabará involucrada en la investigación: sea en calidad de testigo, a petición de la juez tras exigirlo las partes personadas en el caso, o posiblemente como imputada en el Tribunal Supremo. El PP ya ha solicitado a la Fiscalía que llame a la ministra a declarar como testigo.
Las fuentes explican que otra de las principales preocupaciones de Iglesias es que la jueza del 8-M quiera conocer si el Ministerio de Igualdad, y la propia Irene Montero, presionó para que los miembros del Gobierno evitaran lanzar advertencias sobre el peligro de contagio con el objetivo de no desalentar la participación en las manifestaciones.
Hay que recordar que el diario ABC publicó el pasado lunes un vídeo con los momentos previos a una entrevista a la ministra de Igualdad para la televisión vasca ETiB en la que, entre otras cosas, asumía –aunque no lo admitiría en público- que el miedo al coronavirus había afectado a la participación en la marcha del 8-M y, por otro lado, que otros gobiernos estaban actuando con más contundencia que el español.
A la espera de que Montero sea finalmente implicada en la investigación, fuentes con acceso a La Moncloa confirman a ECD que Pablo Iglesias ha aceptado la orden de Pedro Sánchez de cerrar filas con Fernando Grande-Marlaska, algo que ha sorprendido a algunos miembros del Consejo de Ministros.
Marlaska e Iglesias representan dos sectores del Gobierno de coalición muy alejados. “El vicepresidente segundo viene del comunismo, del activismo antiglobalización, del 15-M… Y el ministro del Interior fue un destacado juez de la Audiencia Nacional cercano a sectores conservadores, propuesto por el PP para el Consejo General del Poder Judicial…”, recuerdan. “No se llevan nada bien”, añaden.
“Ambos han tenido tensiones importantes en los últimos meses por la política de inmigración, sobre la que tienen una visión casi antagónica. Pero ahora Iglesias ve que Irene Montero puede salir perjudicada también por este asunto y que lo que conviene es no hacerse daño mutuamente”, apuntan fuentes socialistas.
Ese inesperado apoyo de Iglesias a Marlaska se une al que mantiene públicamente el resto del Gobierno, manifestado en el respaldo expreso y en privado de Pedro Sánchez, reiterado este martes tras la publicación del escrito de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y en las múltiples respuestas de la ministra portavoz, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros.
El vicepresidente segundo fue también el miembro del Ejecutivo que aplaudió con más entusiasmo al ministro del Interior, puesto en pie como todo el Gobierno y los diputados del PSOE y de Unidas Podemos, cuando terminó la ronda de preguntas con las que la oposición trató de arrinconar a Marlaska hace unos días en la sesión de control en el Congreso.
El apoyo a Marlaska del vicepresidente Iglesias también llama ahora la atención a varios destacados dirigentes del PSOE, a los que ha tenido acceso ECD, después de que Pablo Iglesias criticara tras la moción de censura contra Mariano Rajoy el nombramiento de Fernando Grande-Marlaska como ministro del Interior.
“No sé quién ha convencido a Pedro Sánchez para nombrar a un ministro del PP, pero ha nombrado a un ministro del PP”, señaló hace ahora justo dos años, tras la formación del primer gobierno socialista en junio de 2018.
ECD
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