El Gobierno lanza balones fuera sobre el Portal de Transparencia y mutila un poco más su deber de informar sobre la contratación pública, aumentando la opacidad de su gestión en la crisis del Covid-19. En una respuesta parlamentaria, el Ejecutivo evita contestar sobre los contratos públicos firmados en estos meses.
Con desparpajo digno de mejor causa, la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes despacha la pregunta sobre el funcionamiento de Transparencia con una tomadura de pelo inaceptable. Remite a fuentes «que son más inmediatas, incluso diarias», como el Ministerio de Sanidad y las autoridades competentes en la contratación pública.
Lo más grotesco de la respuesta es que emplaza a seguir «las comunicaciones a la prensa», esas en las que el Gobierno dice una cosa y, a la media hora, la contraria; esas que ya son ejemplo de propaganda y desinformación a escala industrial. Una auténtica política de engaño.
Tras presentarse en sociedad como campeón de la regeneración democrática y la transparencia, el Gobierno se cree protegido por un manto de impunidad que le va a durar toda la legislatura. Y se equivoca. Está faltando al respeto a mucha gente, no solo a la oposición, muy duramente castigada por la crisis.
Se burla del derecho a la información tanto de partidos políticos como de ciudadanos. Actúa con una arrogancia que no tiene justificada ni por la calidad de sus miembros ni por el nivel de su gestión, en la que no hay siquiera un balance fiable de muertos por la pandemia.
El estado de alarma está poniendo sordina a muchos escándalos, pero la alarma pasará y quedarán los escándalos. Y el Gobierno tendrá que rendir cuentas. Lo que calle hoy en sede parlamentaria será mañana una declaración judicial, porque en un Estado de Derecho lo que se le niega a la democracia lo rescata la Justicia.
ABC
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