La financiación de Unidas Podemos vuelve a estar en entredicho. A las sospechas de la Fiscalía de Bolivia sobre un posible desvío masivo de fondos públicos desde el Gobierno de Evo Morales hacia la formación morada a través de la mexicana Neurona Consulting -la consultora electoral que suele asesorar a los presidentes del eje bolivariano-, se une ahora una petición de información del Tribunal de Cuentas.
Según ha podido saber este periódico, el organismo fiscalizador solicitó el pasado mes de septiembre al partido liderado por el actual vicepresidente del Gobierno que justifique al menos 36 facturas sobre las que no se aportó documentación o esta fue insuficiente.
Entre esas operaciones se encuentra el contrato que Unidas Podemos firmó con Neurona Comunidad (la filial española de la anterior) por valor de 363.000 euros, en contra del criterio de sus ya ex abogados. Como ya adelantó este periódico, Unidas Podemos ordenó encargar a esta sociedad trabajos para las elecciones de abril de 2019, veinte días antes de que la empresa estuviese registrada de manera oficial.
Se da la circunstancia de que en el Registro Mercantil está registrado como administrador único de Neurona Comunidad una persona vinculada a otras 65 empresas inscritas en España, una práctica que suele estar asociada a tramas de corrupción a través de testaferros, sin que este último extremo esté confirmado.
En cualquier caso, no es de extrañar que el Tribunal de Cuentas haya señalado a Neurona Comunidad como una de las empresas que no han facilitado, tal y como obliga la ley electoral, detalles suficientes de la facturación de sus operaciones con Unidas Podemos.
El reiterado silencio de la dirección de la coalición de izquierda radical -una de cuyas exigencias al resto de partidos ha sido siempre la transparencia sobre su financiación- no hace sino aumentar las sospechas de posibles irregularidades contables. Así también lo han denunciado en varias ocasiones los abogados que fueron expulsados por alertar sobre «un sinfín de ilegalidades» en la contabilidad, entre ellas, el posible cobro de sobresueldos.
Entre la información reclamada por el Tribunal de Cuentas se encuentran además los 75.000 euros declarados por la coalición en gastos de personal.
Es inadmisible que Pablo Iglesias siga sin salir al paso sobre todas estas sospechas. El líder de Podemos ha de ser consciente de que ahora forma parte del Gobierno, nada menos que ostentando una de sus cuatro vicepresidencias. Sus actuaciones, por tanto, ya no afectan solo a su partido, sino que pueden deteriorar la imagen de España y poner en riesgo la estabilidad gubernamental.
El Mundo
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