Las alianzas trazadas entre el PSOE y Podemos y las formaciones secesionistas, que pueden culminar con la investidura de Pedro Sánchez en vísperas del día de Reyes, abocan a España a un periodo inédito en la etapa democrática.
El PSOE ha preferido hincar la cerviz ante Pablo Iglesias y ante formaciones abiertamente partidarias de la liquidación de la nación española para armar lo que el propio Pedro Sánchez definió como el Gobierno del insomnio.
Es la primera vez que los socialistas se abren a compartir el Consejo de Ministros con una fuerza que se sitúa a su izquierda y es la primera vez que decide apoyarse para gobernar tanto en partidos separatistas como en los herederos de ETA.
Los enjuagues de Sánchez con sus socios, despachados con una opacidad impropia de quien presume de su voluntad de transparencia y regeneración, contienen gravosas cesiones políticas, disparan la incertidumbre económica y erosionan aspectos nucleares del Estado.
Los hechos empiezan a darle la razón a Albert Rivera cuando advirtió en sede parlamentaria que el presidente del Gobierno en funciones tenía un plan y una banda para aferrarse al poder.
Incumpliendo algunos de sus principales compromisos electorales, bandazo tras bandazo, y después de una repetición electoral que no hizo más que fragmentar y polarizar aún más el mapa político, Sánchez no ha mostrado escrúpulos a la hora de entregar la política económica a los populistas, reconocer al PNV la interlocución de Navarra -aceptando de facto el marco político que tratan de imponer nacionalistas y abertzales– y someter a la Abogacía del Estado para contentar a un dirigente soberanista condenado por sedición.
Aún se desconoce el alcance del pacto con ERC. En todo caso, es evidente que la deriva del PSOE bajo el sanchismo va a producir un engendro de Ejecutivo condicionado por una sopa de siglas cuya prioridad es liquidar la soberanía nacional.
Sánchez e Iglesias comparecieron ayer para presentar su coalición para un Gobierno que califican de «progresista». Lo hicieron sin ofrecer detalles del acuerdo y a través de un acto en el que vetaron la presencia de periodistas, lo que contrasta con la rueda de prensa de hora y media de Pablo Casado para hacer balance del año.
El documento rubricado entre el PSOE y Podemos supone una enmienda casi a la totalidad a las reformas que permitieron a España liderar la recuperación económica en la zona euro después de la crisis. A la derogación parcial de la normativa laboral -clave de bóveda de la creación de empleo desde 2012-, se suma un notable incremento de la presión fiscal, la subida del salario mínimo y el fin de la Lomce y la ley seguridad ciudadana.
Pese a que Bruselas advirtió de los efectos letales de revertir las reformas emprendidas y apartarse de la senda de la consolidación fiscal, Sánchez deja el futuro económico de nuestro país al albur de recetas populistas que dispararán el gasto público y castigarán el crecimiento.
Pero si las cesiones a la izquierda radical resultan lesivas, el acuerdo del PSOE con el nacionalismo vasco abre la puerta a derribar el modelo territorial sustentado en la Constitución. Sánchez se compromete ante el PNV a «adecuar la estructura del Estado» para reconocer que Cataluña y País Vasco son naciones, además de vaciar de competencias a la Guardia Civil en Navarra y abrir al traspaso de las «competencias pendientes», lo que podría materializarse en la transferencia de Prisiones y de la Seguridad Social.
La investidura de Sánchez aún está sujeta al cruce de intereses de ERC y JxCat, pero ya no hay duda de la ruptura del PSOE con el 78 en aras de un Ejecutivo alejado de los principios de moderación y centralidad alumbrados durante la Transición.
No estamos ante un gobierno de coalición, sino de capitulación ante una mayoría de desleales a la Constitución.
El Mundo
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