No hay día en que La Moncloa deje de sorprender por su surrealismo político, su incoherencia, su cambio de guión en cuestión de minutos y su insolvencia. El anuncio hecho por Joaquim Torra para convocar elecciones en Cataluña sin convocarlas produjo ayer movimientos sísmicos en la alianza fraguada por el PSOE, Podemos y ERC. La delirante secuencia es la siguiente.
Por la mañana, La Moncloa anunció que mantiene su previsión de que Pedro Sánchez se reúna con Torra el próximo día 6, pero anulaba la convocatoria de la «mesa de negociación» prometida al separatismo para poder ser investido. Sánchez avisó de que esa «mesa» se convocaría cuando hubiese nuevo Ejecutivo en Cataluña, en junio o julio, para ganar tiempo.
A su vez, Torra había advertido de que en la cita del jueves plantearía a Sánchez la independencia de Cataluña y la amnistía para los presos golpistas, y ERC replicó la decisión de Sánchez con una amenaza: se trata de un «incumplimiento flagrante» de sus acuerdos secretos que pone en riesgo la legislatura.
Para entonces, la vicepresidenta Carmen Calvo ya había contestado a Torra que Sánchez no iba a negociar la independencia. En esta atmósfera psicodélica de extorsiones a varias bandas, Oriol Junqueras decidió desde la cárcel enviar a Gabriel Rufián a La Moncloa para amenazar a Sánchez con dar por concluida la legislatura sin que siquiera haya arrancado oficialmente.
El mensaje era nítido, y el PSOE debía convocar la «mesa» claudicante antes de las elecciones catalanas. Por supuesto, el mensaje fue sumisamente recibido por Sánchez, que anoche rectificó su tesis inicial y se reunirá con el separatismo donde haga falta y cuando Junqueras diga. ¿La conclusión? Muy sencilla: España está en manos de un presidente sin palabra, sin criterio y sin autonomía, y de un condenado por sedición que amenaza desde la cárcel con volver a declarar la «república» catalana.
Las mentiras de Sánchez ya son lo de menos. Lo peor es su arrodillamiento a las órdenes de unos delincuentes -a día de hoy Torra y Junqueras lo son- que se han propuesto revocar la unidad nacional, el principio de soberanía, la legalidad del Parlamento y la destrucción de la autoridad de nuestros tribunales, que en definitiva es la autoridad de la ley.
Se agotan las palabras del diccionario para definir la reacción de Sánchez a cada chantaje del separatismo con tal de conservar el poder. El CIS, como hizo ayer, podrá maquillar la realidad cuanto quiera. José Luis Ábalos podrá ocultarse el tiempo que considere oportuno.
Teresa Ribera podrá interferir lo que quiera en Red Eléctrica, e incluso Pablo Iglesias podrá culpar a los «pelotazos» urbanísticos de las catástrofes naturales. Pero Sánchez no tiene derecho a negociar con unos golpistas la ruptura de España. Ese es el límite.
ABC )
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