Una cosa es el teatro y otra la realidad de las negociaciones que de manera taimada mantienen socialistas y ERC, pese a las complicaciones de última hora derivadas de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo. Que nadie se engañe: Sánchez y Junqueras ya tienen un gran pacto totalmente cerrado: el de entregar el control judicial a los separatistas en sus respectivas comunidades autónomas.
El pacto, como informa OKDIARIO, se ha sellado e incluye fraccionar el Poder Judicial para que los independentistas puedan controlar a los jueces, liberar a sus respectivos delincuentes presos, y ejercer sin cortapisas su injerencia política hasta el punto de reducir la carga penal correspondiente a movimientos como los CDR o la kale borroka. El acuerdo no beneficiará sólo a ERC, porque PNV o Bildu se verán premiados igualmente por un acuerdo que desafía la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso del actual estatuto de autonomía catalán. Ante esta situación, OKDIARIO ha podido saber que sectores del más alto tribunal han pedido al PSOE y el PP que defiendan la unidad de la justicia frente al asalto separatista.
La vieja reivindicación de los independentistas catalanes ha recibido el visto bueno del presidente del Gobierno en funciones. Con tal de seguir en La Moncloa, Sánchez ha expresado su firme compromiso de avanzar en el proyecto de José Luis Rodríguez Zapatero de fraccionar el Poder Judicial para entregar a la Generalitat de Cataluña el control de los jueces de la región catalana. Como primer paso, el PSOE ha aceptado ya que ERC entre cuanto antes en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El objetivo final es el fraccionamiento del Poder Judicial nacional, que ya ha sido rechazado por el TC. Para solucionar este "problema", el PSOE ha ofrecido, además, a ERC y PNV una fórmula camuflada que otorgaría, en primer lugar, influencia a estos partidos sobre los jueces de vigilancia penitenciaria –casualmente, los que deciden sobre la permanencia de los presos en las cárceles–.
El objetivo final es el fraccionamiento del Poder Judicial nacional, que ya ha sido rechazado por el TC. Para solucionar este "problema", el PSOE ha ofrecido, además, a ERC y PNV una fórmula camuflada que otorgaría, en primer lugar, influencia a estos partidos sobre los jueces de vigilancia penitenciaria –casualmente, los que deciden sobre la permanencia de los presos en las cárceles–.
En definitiva, mientras ERC se hace el ofendido, Sánchez prosigue en su estrategia de desmantelamiento de las instituciones. El separatismo sabe que está ante una oportunidad histórica de lograr sus siniestros objetivos y la sentencia del Tribunal de Luxemburgo les va a servir de catapulta.
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