Cristina Narbona exigía a las empresas concesionarias de las desaladoras de Acuamed el 1% de los proyectos otorgados por parte de la empresa pública de aguas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente que dirigía por aquel entonces la hoy presidenta del PSOE.
Las investigaciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el caso Acuamed detectaron que a las empresas que debían construir las desaladoras, pertenecientes al plan lanzado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se les exigía una cantidad coincidente en todos los casos: el 1%.
A dichas concesionarias se les pidió, por orden del Ministerio de Narbona, esa cantidad, que se destinó a campañas de publicidad en favor del PSOE y justo antes de las elecciones de 2008, en las que Rodríguez Zapatero revalidó su mandato al frente del Ejecutivo.
La Justicia investiga este caso y cuenta con los detalles de las facturas en las que se carga ese 1% y de cómo se exigió tras haber agotado la capacidad de pago de la propia empresa pública Acuamed. Y es que, en esta sociedad pública, la entonces ministra y ahora presidenta del PSOE, Cristina Narbona, cargó otros 13,96 millones de euros en publicidad política.
Hay que recordar que Acuamed es la sociedad pública gestora de las desaladoras y dependiente del Ministerio de Medio Ambiente en aquella época bajo mando de Cristina Narbona. Además, la propia Narbona se encargó de impulsar personalmente el diseño y las órdenes de pago de las empresas para un segundo encargo de campañas de publicidad, con un importe global de otros 7,5 millones de euros.
En total, la gestión supuso un gasto en publicidad política de 21 millones de euros. Y todo ello pese a tener el informe en contra del interventor, que destacó que la sociedad pública Acuamed no podía englobar entre sus gastos este tipo de publicidad.
Según los informes de la UCO, a los que ha tenido acceso OKDIARIO, el esquema de pago se repetía con las distintas empresas concesionarias.
“El valor total de las facturas emitidas y abonadas, en lo que concierne al concepto ‘PUBLICIDAD ACUAMED’ por cada una de las empresas que componían la UTE, o lo que es lo mismo por la unión de ambas, asciende a 1.500.000€ (IVA no incluido) coincide con el 1% del valor de la redacción del proyecto constructivo de la planta desaladora de Torrevieja”, señala la UCO.
Los investigadores de la Guardia Civil destacan que “a cada importe reclamado se añade el 19% de los gastos generales y beneficio industrial, que incrementa el valor definitivo del sobrecoste y aumenta de esta forma el valor de lo reclamado”, explica la Guardia Civil. Es decir, que los gastos subían claramente.
El informe de la UCO no deja de destacar este detalle. Y repite más adelante la misma evidencia: “Tras las investigaciones llevadas a cabo por esta Unidad en relación al pago de las facturas entre el mes de diciembre del año 2007 y principios del año 2008, las empresas que integraban la IDAM TORREVIEJA UTE -ACCIONA INFRJASESTRUCTURAS,S.A., ACCIONA AGUA, S.A.-ROMYMAR, S.A.- asumieron el pago de facturas por valor de 1.500.000 euros (sin IVA) emitidas por la empresa de publicidad BASSAT OGILVY S.L.U. por su contribución a la Campaña Publicitaria a favor de la desalación […]. La cantidad abonada por la UTE adjudicataria por el servicio extracontractual, supuestamente a requerimiento de ACUAMED, y coordinada por AEDyR”, al hacerse cargo de servicios o trabajos no incluidos en el alcance del contrato, correspondieron al 1% del importe del proyecto del mismo, que ascendía aproximadamente a 1.500.000 € de euros (sin IVA)”. Un 1% que fue repitiendo. De forma matemática.
Hay que recordar que Cristina Narbona cargó 7,5 millones en gastos de publicidad de Acuamed a las empresas concesionarias de las desaladoras que coordina esta empresa pública. En aquella época -2007-, Narbona era ministra de Medio Ambiente y Acuamed era una empresa pública dependiente de su ministerio.
Más gastos extra
No se trató del único gasto extra en publicidad ordenado por Narbona en aquella época. La partida de Acuamed dedicada a publicidad y promoción se dispararó justo antes de los comicios que apuntalaron una segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. En concreto, otros 13,96 millones de euros fueron cargados directamente en la contabilidad de Acuamed a través de una red de 47 contratos que están siendo también investigados por la Justicia, a raíz de una denuncia que apunta a su uso como pagos para financiar la campaña electoral del PSOE en las elecciones generales de 2008.
La campaña se inició en los meses previos a las elecciones de marzo de 2008. OKDIARIO publicó los documentos que confirman la tramitación de este plan de publicidad. Un plan que se justificó directamente en el Consejo de Ministros y que, efectivamente, se presentó con la firma personal de Cristina Narbona
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