Las defensas de los golpistas se suben a las barbas del juez Marchena y hostigan a los guardias civiles que testifican en el Tribunal Supremo.
Parte de los acusados durante el juicio. | EFE
Los defensores de los encausados por el golpe de Estado separatista están tensos. Interrumpen y protestan constantemente ante las declaraciones de los agentes de la Guardia Civil que pasan por el Tribunal Supremo. Se suben a las barbas del presidente de la Sala, Manuel Marchena. Andreu Van den Eynde (letrado de Oriol Junqueras y Raül Romeva), Jordi Pina (Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull) y Marina Roig (Jordi Cuixart) lideran la revuelta contra los testigos y los interrogatorios de la Fiscalía. Alegan que se les pregunta por hechos que exceden de sus competencias, que ellos no estaban al corriente de que los testigos fueran a hablar de asuntos como la ruta administrativa de la malversación o que aportaran datos inéditos, como que Carme Forcadell hubiera pasado en coche por delante de la consejería de Exteriores, también objeto de registros el 20 de septiembre de 2017, animando a los manifestantes.
Las declaraciones de los agentes, identificados por su número y con reserva de imagen, trazan un retrato completo del golpe de Estado, desde los primeros días de septiembre hasta el 1-O. El primero de los agentes es quien dirigió el operativo de seguridad para la detención del que era secretario de Hacienda de la Generalidad, el actual diputado autonómico de ERC Lluís Salvadó. El guardia entra en pormenores sobre una carpeta azul que se incauta a Salvadó y en la que constaban dos títulos: "Escenario de guerra" y "Escenario de guerrilla". Los folios aludían a la posibilidad de que el Estado adoptara medidas económicas contra la secesión y las posibilidades de la administración autonómica para aguantar ese teórico embate, las vías de subsistencia jurídicas y económicas. Habla también de la visita de Oriol Junqueras a la secretaría de Hacienda durante el registro, que habló con Salvadó a pesar de que fue advertido de que no podía hacerlo porque Salvadó estaba detenido. A Junqueras le dio igual. Iba acompañado por un séquito de diez personas, uno de ellos haciendo ostentación de que grababa la secuencia con el teléfono móvil.
El acta del golpe de Estado
El segundo agente es un policía judicial que intervino en el registro del domicilio de Josep Maria Jové y su detención. Jové, ahora diputado autonómico de ERC, entonces secretario general de la consejería de Economía y Vicepresidencia. Se le incautaron dos agendas y el documento "Enfocats", el itinerario de la independencia, así como tres teléfonos móviles que portaba encima y dos hallados en la vivienda. La documentación aporta información sobre el gobierno en la sombra que dirigía el proceso separatista, un gabinete en el que participaban empresarios como Oriol Soler, también Artur Mas, David Madí o Xavier Vendrell, así como los jefes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium. Más los planes de desconexión, las movilizaciones sociales a impulsar y las posiciones de los principales implicados. Se trata del acta del golpe de Estado, unos papeles que serán claves en la fase pericial del juicio.
Las detalladas explicaciones del agente a preguntas del fiscal Javier Zaragoza sobre los encargos de los altos cargos de la Generalidad para la organización del referéndum y el uso de fondos públicos suscitó un gran rebote del abogado Van den Eynde, atajado por el presidente de la sala, Manuel Marchena. El testigo hablaba sobre asuntos que conocía de primera mano, resolvió el magistrado. Podía continuar el interrogatorio, que apuntalaba el cargo de malversación. Van den Eynde era el abogado que asistió a Jové en el registro y detención. Se notaba que respiraba por viejas heridas. Salió malparado de su cara a cara con el guardia civil, refutado por el testigo y amonestado por Marchena.
Escena de "terror"
Comparece por la tarde un sargento de la Guardia Civil que intervino en un registro en la consejería de Exteriores, en la Vía Layetana, el 20 de septiembre. Relata que la letrada judicial entró en pánico cuando fue introducida en un coche zarandeado por los manifestantes. La evacuación fue accidentada. Hubo lanzamiento de botellas de agua y otros objetos, golpes y empujones. Algunas personas se subieron al capó del coche, rompieron una ventanilla y golpearon puertas y techo. La salida del detenido, Xavier Puig Farré, alto cargo de la Generalidad, también fue accidentada. El agente comenta que la turba intentó sustraer al detenido de la custodia de la Guardia Civil. Le agarraron del cuello, le tiraron de la ropa y forcejearon con los guardias civiles. Los agentes de los Mossos presentes, asegura el agente, se limitaban a mirar. Define la situación como una escena de "terror", describe los "rostros crispados" de los manifestantes. Dice que es un agente destinado a luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado y nunca antes había visto nada igual.
Testifica a continuación el jefe de la brigada de policía judicial de Barcelona, cuyo testimonio es el más demoledor de la jornada. Refiere los incidentes del 19 de septiembre en el almacén de Unipost donde se incautaron las casi cincuenta mil cartas de la Generalidad dirigidas a quienes había designado presidentes y vocales de mesa del referéndum ilegal. El letrado judicial se cubrió con un pasamontañas para no ser reconocido. Aún así, algunos manifestantes le dijeron que sabían quién era y le amenazaron de muerte. A preguntas del fiscal Fidel Cadena, da cuenta también de los incidentes en los centros de votación de las zonas rurales de la provincia de Barcelona, las patadas en la cabeza a guardias civiles tirados en el suelo, el intento de atropello contra un agente. Habla además de mossos que increparon a los guardias civiles y cuenta que uno de ellos dijo no reconocer ni al Tribunal Superior de Justicia ni a la Guardia Civil. Sólo admitía la autoridad del "major" Trapero.
Exhibición de malos modos
Las defensas maltratan a los agentes. Los abogados se muestran hoscos con los testigos. Tratan de que incurran en contradicciones, les reprochan toda clase de defectos de forma en sus actuaciones. Gesticulan, ponen caras de asombro y de escepticismo. Marchena les llama la atención en vano. El tono de las preguntas es de suficiencia. Van den Eynde, Pina y Javier Melero (representante de Joaquim Forn) pretenden acorralar a los testigos. Marchena trata de que dejen a los agentes explicarse. Recital de malas formas de los abogados, que dan cuenta de su lado marrullero. Comparados con estos, sus interrogatorios a los políticos y a los altos mandos de la Guardia Civil fueron de guante blanco.
Instan a Marchena a que advierta a los testigos de las consecuencias de incurrir en falso testimonio en un intento por amedrentar a los agentes. También se permiten orientar al juez sobre la impertinencia de algunas preguntas de la Fiscalía. Se revuelven en sus asientos cuando uno de los agentes relata la sensación de "terror" de la letrada judicial que actuó en la consejería de Exteriores. Reprochan la extensión de las respuestas. Sólo quieren monosílabos. El juez no da abasto. La letrada de Cuixart, Marina Roig, vuelve a protestar porque no le dejan exhibir un vídeo. Marchena vuelve a repetir que todos los vídeos aportados por la defensa serán visionados. Son cientos de horas de montaje.
El aperitivo de la sesión ha sido la testifical de Felipe Martínez Rico, subsecretario de Hacienda y Función Pública en el momento de los hechos, mano derecha del exministro Cristóbal Montoro. Martínez Rico es el subsecretario de Estado por antonomasia, técnico comercial y economista del Estado, número uno de su promoción, un robot. A preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal describe la lamentable situación financiera de la Generalidad, el control del ministerio sobre las cuentas autonómicas y admite que tal control era perfectamente eludible por parte de la administración autonómica para destinar el dinero que fluía del Estado a combatir el Estado y organizar un referéndum de secesión.
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