No podía faltar a la cita. A las dudas en el Gobierno, a las palabras de Alfonso Guerra o a las de dirigentes del PSOE encabezados por Emiliano García-Page, se unía ayer Felipe González, que a través de un vídeo de su fundación expresaba sus diferencias con los últimos pasos del Ejecutivo de Pedro Sánchez en su estrategia de diálogo con la Generalitat de Cataluña. El expresidente del Gobierno cuestionó abiertamente la figura del relator, y cuestiona la capacidad del Ejecutivo para explicarse: «Está confuso». Pero en cualquier caso es drástico respecto a esta figura: «No necesitamos relatores. Me preocupa mucho la degradación institucional».
En un vídeo difundido por su Fundación, González centra sus críticas más allá de esa figura y muestra su perplejidad ante el planteamiento de que se esté hablando de constituir mesas de partidos para buscar una solución política: «¿ Para qué necesitamos una mesa de partidos decidida por un Ejecutivo que no permite funcionar al Parlament? ¿Para qué necesitamos un notario que certifique lo que se dice cuando en el Parlamento sobran los notarios? ¿Por qué la Generalitat no hace funcionar al Parlament, que es la sede natural del encuentro entre partidos?».
A González no le gusta, además, que el Gobierno esté teniendo un papel activo en la creación de esa mesa de partidos: «El Ejecutivo tiene que discutir con el Ejecutivo de Cataluña. Como hace con el de Castilla-La Mancha o Andalucía. Pero el Ejecutivo no puede decidir lo que van a hacer los partidos». Y considera que se trata de un «juego muy delicado» en el que «el Ejecutivo de parte y parte interfiere en la autonomía de los partidos».
«Diálogo de sordos»
González rechaza de plano las condiciones que los independentistas plantean para apoyar los Presupuestos: «El Gobierno de la Nación no puede, yo creo que no quiere, pero yo digo que no puede, interferir en el funcionamiento de la Justicia». Y rechaza de igual modo cualquier debate sobre la autodeterminación por lo que demanda al Gobierno «definir en qué perímetro se dialoga», porque si no se hace «se convierte en un diálogo de sordos en el que se expresan posiciones completamente inconciliables».
González acepta que esto puede suceder por la «dificultad» de los independentistas para «explicar a su propia gente cómo vuelven a ese perímetro», pero asevera esa circunstancia «no es un obstáculo para que nosotros aclaremos el perímetro del diálogo». Y lamenta que «ahí hemos entrado en un terreno de confusión que me preocupa».
Mientras en el PSOE aumentan las dudas respecto a la estrategia del Ejecutivo, el presidente del Gobierno sigue manteniendo su discurso. Ayer, en Estrasburgo, donde habló ante el Comité de Ministros del Consejo de Europa, el líder socialista lanzó mensajes a PP, Ciudadanos y Vox en modo de advertencia. Aunque desde La Moncloa aseguraban que su mensaje se dirigía también de forma velada a los independentistas: «Cuando se prima la crispación sobre el acuerdo, la ruptura unilateral sobre el consenso, se recurre a fórmulas simplistas o anacrónicas, la democracia se debilita. Cuando se acude a la mentira, la manipulación o las nostalgias inventadas, la democracia se resiente. Si la democracia quiere prevalecer, debe afrontar estos desafíos».
Su defensa
Sánchez defendió las virtudes de la «democracia plena y avanzada» que es España, y destacó que es uno de los sistemas «más garantistas del mundo» y tan descentralizado o más que muchos estados federales. La visita oficial de Sánchez al organismo continental encargado de la defensa del respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos ha tenido lugar en vísperas del inicio del juicio en el Tribunal Supremo de los acusados de haber violado las leyes y la Constitución desde las instituciones autonómicas catalanas. Es muy probable que la sentencia que se emita al término de este proceso sea recurrida sucesivamente hasta que llegue a manos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que forma parte del Consejo de Europa.
En la sede de este tribunal en Estrasburgo, Sánchez se reunió con su presidente, el italiano Guido Raimondi, y la juez española María Elósegui, que sustituyó al polémico Luis López Guerra. En general, el Consejo de Europa defiende firmemente el respeto al orden constitucional de sus estados miembros y España es uno de los países que recibe menos condenas en el tribunal Europeo de Derechos Humanos.
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