La vida política española ha entrado en un ciclo que haría las delicias de los analistas de la postmodernidad: la evidencia de que los hechos ya no sirven, o su valor es escaso. Sólo cuenta la capacidad de seducir, aunque sea con encantadoras falsedades.
Que el presidente del Gobierno recrimine a los independentistas que sus agravios, victimismo y, en última instancia, golpe contra la legalidad, se sostiene con la mentiras y, a continuación, siga necesitando sus votos para mantenerse en la Moncloa, nos sitúa en un escenario donde la política ha perdido todas sus virtudes. En la lógica del parlamentarismo liberal lo normal sería que Pedro Sánchez hubiese anunciado ayer la convocatoria de elecciones, ya no porque fue lo que prometió al ganar la moción de censura, sino porque entre los que permitieron su victoria hay partidos que están vulnerando frontalmente los principios democráticos.
Pero algo ha cambiado. Por más que se le recordó, tanto por el PP como por C’s, que no puede gobernar con aquellos que protagonizaron un golpe contra nuestra democracia, Sánchez no se dio por aludido. Volvió, eso sí, a recordarle a Torra que el incumplimiento de la legalidad le obligaría a tomar medidas, algo que debería ser de oficio, pero que en la crisis catalana se ha aceptado como un mal menor necesario para no «crispar» o «desestabilizar» el ecosistema independentista, muy sensible a este tipo de provocaciones legalistas.
Sánchez no concretó qué tipo de medida pondría en marcha si, por ejemplo, los grupos protegidos por la Generalitat cortan las vías de comunicación más importantes de Cataluña, aunque sí se atrevió a poner calificativos a la intensidad: «fime», «serena», «proporcional» y «contundente».
Es cierto que el artículo 155 no hay que manosearlo mucho, ni siquiera amenazar con él como forma de disuasión, pero la sesión de ayer requería anunciar medidas concretas. Es anormal, peligroso y una representación de que los CDR (Comités de Defensa de la República) se han adueñado de la calle, que éstos anuncien protestas violentas para el próximo día 21 para impedir la celebración del Consejo de Ministros y el Gobierno no pueda actuar. En esta situación, lo correcto es que Sánchez comunique a Pablo Casado y Albert Rivera cuáles son sus planes –no ya que les adelante cuándo piensa convocar elecciones– ante una situación tan grave.
Mientras Sánchez mantenía una calculada indefinición en el Congreso, en el Parlament Torra era claro: insistía en la «vía eslovena» que, con muchos o pocos muertos, abre las puertas a la independencia, guste o no. Sin invocar a la violencia, sabe que provocar de nuevo un choque con el Estado de Derecho está alejado de cualquier pacifismo y es en sí mismo una actitud políticamente violenta.
Es posible que Sánchez estuviese escenificando ayer su divorcio con el independentismo, que, si bien le ayudó a llegar a la Moncloa, se está convirtiendo en un verdadero problema para el conjunto del PSOE. Si en la moción de censura muchos socialistas aceptaron con la nariz tapada el apoyo, incluso destacados dirigentes territoriales, la falta de resultados en la política de apaciguamiento de Sánchez y la persistencia de los nacionalistas, que se vanaglorian de que hay que hacer efectiva la República, ha disparado las señales de alarma.
Las elecciones andaluzas han sido la primera señal. Sánchez no tiene un plan para Cataluña más allá que el que han plateado PP y C’s, es decir, la defensa de la legalidad. Lo que quiere es ganar tiempo para asentar un proyecto débil y cínicamente postmoderno. Lo que sí ha habido es una voluntad de dividir a las fuerzas constitucionalistas en un momento crucial.
Puede que ya sea tarde a la vista del juicio contra los dirigentes del 1-O, pero por el desgaste que están sufriendo nuestras instituciones es necesario que Sánchez demuestre si puede construir otra mayoría de gobierno sin el vergonzoso apoyo del independentismo.
La Razón
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