Le acusan de presuntos delitos de estafa procesal y falsedad documental
La semana pasada os comenté que Puigdemont y sus abogados falsearon las palabras del juez Llarena en las que basan su demanda contra él en Bélgica, un posible delito de estafa procesal.
Puigdemont quiso endosarle la falsedad al traductor de la demanda
Al descubrirse esa falsificación, Puigdemont la atribuyó a “un error del traductor”. Sin embargo, horas después, la traductora de la demanda declaró que no tuvo nada que ver con ese falseamiento, y señaló que habrían sido los abogados de Puigdemont quienes manipulado las declaraciones del juez Llarena en la versión francesa de la demanda presentada ante el juez belga. Pues bien: este mediodía, Vox ha informado de la presentación de una querella contra Gonzalo Boye, “en su condición de abogado y firmante de la demanda contra Llarena formulada ante el tribunal belga, por haber cometido posibles delitos de falsedad documental (artículos 393 y 396 del Código Penal) y de estafa procesal (artículos 250.1.7 del Código Penal)“. El comunicado de Vox señala que la querella por dichos delitos también se dirige contra María Meritxell, Serret Aleu, Antoni Comín, Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Lluis Puig, “sin cuyo consentimiento expreso para la presentación de dicha traducción jurada no hubiera sido posible el uso jurídicamente inadmisible de la falsificación de la traducción de las palabras de Pablo Llarena”.
Vox denuncia que los querellados tenían conocimiento de la falsedad de la traducción
Esta nueva acción judicial de Vox en defensa del juez Llarena ha sido presentada esta mañana en la Audiencia Nacional como “una ampliación de su querella registrada el pasado 28 de agosto contra el magistrado del Tribunal de Primera Instancia Francófono de Bruselas, responsable de la admisión de la demanda civil interpuesta por Puigdemont, entre otros, contra el Magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena”. En la ampliación de la querella se explica que “los querellados tenían conocimiento de que la traducción jurada presentada como prueba documental para justificar su demanda ante el tribunal belga era manifiesta y palmariamente falsa, al manipular las manifestaciones de Llarena para poner en duda su imparcialidad en la instrucción de la Causa Especial seguida en el Tribunal Supremo”. Según Vox, los querellados tenían “la clara intención de provocar la nulidad del procedimiento judicial que investiga los hechos más graves ocurridos en democracia y por extensión perjudicar directamente el crédito y los intereses del Estado español ante autoridades y gobiernos extranjeros”.
Un eurodiputado también ha denunciado a Boye ante el Colegio de Abogados de Madrid
Hace unos días Boye ya fue denunciado por el eurodiputado Enrique Calvet ante el Colegio de Abogados de Madrid, por de violar derechos de los procesados es una “ofensa grave a la dignidad de la profesión de abogado, a las reglas éticas que la gobiernan y a los deberes establecidos en el Estatuto General de la Abogacía española”, que establece que los abogados tienen la obligación de “la probidad, lealtad y veracidad en cuanto al fondo de sus declaraciones o manifestaciones”. Se trataría de una falta muy grave por la que Boye podría ser expulsado de dicho Colegio e incluso suspendido para ejercer la abogacía. Por otra parte, este lunes el Decano del Colegio de Abogados de Madrid emitía un comunicado de apoyo al juez Llarena frente a la demanda de Puigdemont.
También está en marcha otra querella de un grupo de abogados
La de Vox no es la primera querella que se presenta contra Boye y sus defendidos por la presunta falsificación de las declaraciones de Llarena. Este martes, abogados del Movimiento 24DOS presentaron otra querella contra Boyé, los políticos huidos y contra la juez belga Anne Dessy, titular del Juzgado de Primera Instancia Francófono de Bruselas, tras conocer su decisión de fijar para el 25 de septiembre la primera vista formal sobre la demanda presentada por Puigdemont y compañía.
Un exterrorista del MIR que se sacó la carrera de Derecho en prisión
Gonzalo Boye Tusset, natural de Viña del Mar (Chile), fue condenado a 14 años de prisión por colaborar en el secuestro de Emiliano Revilla a manos de ETA en 1988. Otros tres chilenos, igual que Boye miembros del grupo ultraizquierdista Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), también fueron condenados por ese secuestro. Gonzalo Boye estudió la carrera de Derecho en prisión. Fue excarcelado en 2002, tras cumplir sólo 6 de los 14 años de prisión a los que fue condenado. Ha sido miembro del consejo de administración de Eldiario.es, un digital de ultraizquierda que dirige Ignacio Escolar, y también ha sido editor de la revista de ultraizquierda Mongolia, conocida por insultar a quienes no comparten su extremista línea editorial. En noviembre de 2017, Boye reconoció en un programa de televisión que fue él quien aconsejó a Puigdemont viajar a Bélgica en un claro intento de eludir la acción de la Justicia española. A finales de julio de 2018, Boye reconoció en otro programa de televisión que él ha aconsejado a Puigdemont permanecer en Bélgica. Ahora cabe preguntarse si seguirá los mismos pasos que su defendido para no hacer frente a las dos querellas dirigidas contra él por la presunta falsificación de las palabras del juez Llarena.
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