"Agbar es catalana, tenéis que ayudarla"
Acto por el Día de la Justicia en 2014, con Mas (dcha.) y Germá Gordó
Recriminó su rechazo a adjudicar el suministro de agua de Barcelona por 1.000 millones a un financiador de CDC
El ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, pidió explicaciones personalmente a los técnicos que abortaron el plan para adjudicar el mayor contrato de la historia en Cataluña, la gestión del agua de Barcelona, a la principal empresa financiadora de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC): Agbar.
Según han relatado a EL MUNDO varios técnicos que intervinieron en la mayor privatización de la Generalitat, que contemplaba un canon de 1.000 millones de euros y un periodo concesional de 50 años, mantuvieron una reunión con Mas en su despacho oficial a mediados de 2013. Es decir, meses después de que la Mesa de Contratación resolviera que la mejor oferta para gestionar el abastecimiento de agua en la zona metropolitana de la Ciudad Condal, lo que se denominó Aigües Ter Llobregat (ATLL), fuera Acciona.
En dicho encuentro, que tuvo como objeto oficial tratar otros asuntos vinculados con los recursos hídricos catalanes, Mas se dirigió a los técnicos que habían intervenido en la licitación. Aprovechó que la reunión había terminado para hacer un aparte con varios funcionarios. «¿Por qué le tenéis manía a Agbar?», preguntó abiertamente el entonces máximo responsable de la Generalitat. «No hay ninguna manía, simplemente que la oferta que presentó Acciona era mejor», le contestaron, según relatan estos funcionarios a este diario. «Es una empresa catalana y hay que ayudarla», insistió Mas en tono reprobatorio en una conversación que, coinciden, fue muy breve. «Le aclaramos, además, que el principal capital de Agbar era extranjero y que ese argumento tampoco era válido», añaden. «El interés de CDC era que esta empresa se quedara el negocio del agua en Barcelona a toda costa, no lo consiguieron en el primer concurso y un año después hubo orden de crear sin licitación alguna una empresa mixta para que gestionara una parte del servicio».
La multimillonaria licitación para controlar los recursos hídricos de Barcelona está siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción en el marco del denominado caso del 3%. El Ministerio Público ha solicitado al juez de la Audiencia NacionalJosé de la Mata que tome declaración a varios de los técnicos que intervinieron en el concurso, varios de ellos vinculados a la Agencia Catalana del Agua (ACA), para que expliquen cómo el Gobierno de Mas manipulaba los concursos públicos en favor de determinadas empresas que financiaban al partido a través de sus fundaciones. Pero, sobre todo, para que relaten cómo el hombre fuerte del ex presidente les presionaba y dirigía la «trama delictiva que subyace en la estructura de contratación pública de las Administraciones catalanas, controladas desde el partido CDC».
No en vano, la elección de Acciona tuvo lugar en contra de la exigencia del ex secretario de Gobierno de Mas, Germá Gordó, que en la primavera de 2012 convocó en su despacho a casi una decena de funcionarios que participaban en el concurso. En la reunión, tal y como reveló este periódico, el hombre de confianza de Mas exigió a los técnicos que proclamaran ganadora a Agbar -ha sido la primera gran empresa en volver a instalar su sede en Cataluña tras la crisis del procés, bajo el argumento de que ha regresado la «estabilidad económica» a Cataluña-. Pero Gordó además pidió que cerrasen el concurso lo antes posible, mostrándose preocupado por que tuviera lugar antes de que finalizara el año. Y es que la adjudicación permitiría al Gobierno catalán contabilizar los 1.000 millones de canon y aliviar así el déficit de las arcas públicas. Asimismo, empleó el argumento al que, meses después, recurrió Mas: «La empresa es catalana y debe ganar». «Nos aclaró en esa reunión que era una orden suya y que la teníamos que cumplir», precisan los técnicos a EL MUNDO. «Nos sorprendió cómo lo dijo, de forma directa, muy clara, es muy bruto, nos quedamos todos helados».
Cabe recordar que Agbar ha sido la empresa que más dinero ha aportado los últimos años a CDC, llegando a donar a sus fundaciones instrumentales, entre las que se encontraba la célebre Catdem, más de un millón y medio entre 2008 y 2012. Una cifra que representaba más del 15% de lo que recaudada el partido mediante esta operativa fraudulenta.
Según las fuentes consultadas por este periódico, uno los asistentes a la cita secreta con Gordó, en ese momento secretario general de Territorio y Sostenibilidad del Gobierno catalán, Pau Villoria, le plantó cara y le espetó abiertamente que si quería que Agbar venciera lo que tenía que hacer la empresa es «presentar la mejor oferta». Esta contestación provocó la reacción airada de Gordó. «Cambió inmediatamente el gesto, porque no se esperaba esa contestación y dio por terminada la reunión. Pero antes nos dijo en tono amenazante: 'Que nadie se equivoque'».
La injerencia del alto cargo de Mas en las licitaciones públicas relacionadas con la gestión del agua en Cataluña no eran nuevas. De hecho, algunos de estos funcionarios explican que cuando Agbar no resultaba vencedora en alguna licitación, Gordó llamaba para pedir explicaciones utilizando frases del tipo: «Le habéis quitado a Agbar este concurso», provocando encontronazos con los funcionarios, que defendían que proclamar vencedora en un concurso a una empresa con mejor propuesta no significaba usurpar ningún derecho adquirido por parte de la concursante sino cumplir la ley.
Las fricciones con el Gobierno catalán se recrudecieron cuando los técnicos decidieron, además, variar los criterios generales de adjudicación en la ACA tras recibir continuas indicaciones políticas. Elevaron la puntuación económica al 70% del total y redujeron a apenas un 30% las cuestiones técnicas que podían resultar más subjetivas. Anteriormente, el grado de discrecionalidad era mucho más amplio y facilitaba los amaños.
«Esa modificación la hicimos para blindarnos como funcionarios. Con ella, quien presentara mejor oferta económica se llevaba la licitación, no había margen para amañar el concurso. Eso provocó muchísimas presiones desde el Govern, que con la fórmula anterior podía dirigir los concursos». A su vez, los funcionarios atribuyen a Gordó la intervención de Josep Antoni Rosell, responsable de las Infraestructuras del Govern, que se sentó en la Mesa de Contratación del gran contrato del agua en Barcelona, y contribuyó con su intervención a que Agbar venciera en el apartado técnico del concurso a Acciona, logrando 20 puntos frente a 13. Sin embargo, la licitación se acabó inclinando a favor de ésta última gracias al citado económico, donde Acciona concurrió con una propuesta que suponía un ahorro para los contribuyentes de Barcelona de 956 millones durante el plazo de vigencia de la concesión. En este capítulo, logró 74,73 puntos frente a los 31,09 de Agbar. De tal forma que el resultado final arrojaría 87,73 puntos para la vencedora frente a los 51,09 de la opción apadrinada por Gordó.
Una vez resuelto el concurso, las maniobras de Gordó continuaron, a través del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC), que controlaba a través de un antiguo colaborador y que suspendió la adjudicación.
Las presiones presupuestarias de la Generalitat obligaron al equipo de Mas a levantar la medida pero la OARCC elaboró un informe que ha servido de base para la batalla jurídica que se ha librado desde entonces en los tribunales y que ha terminado con la anulación del concurso por defectos formales. El presidente Quim Torra ya ha anunciado que, como muy tarde en 2019, el servicio del agua retornará a manos de la Generalitat, que deberá enfrentarse ahora a una millonaria reclamación por parte de Acciona, que exigirá las inversiones realizadas y el lucro cesante.
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