La violencia sandinista ya ha provocado 351 muertos y 2.100 heridos
La inmoral equidistancia de los socialistas ante la sangrienta represión sandinista en Nicaragua
La historia se repite: nuevamente, el socialismo marxista promueve un régimen de opresión y de violencia en Hispanoamérica. Primero fue Cuba, luego Venezuela y ahora Nicaragua.
Daniel Ortega: un dictador que ya ejerció como tal entre 1979 y 1990
Daniel Ortega, el actual dictador de Nicaragua (porque es así como merece ser calificado), ya ejerció el poder hace cuatro décadas. Tras derrocar la dictadura de Anastasio Somoza en 1979, su Frente Sandinista instauró una dictadura socialista con el apoyo de Cuba y la URSS. Hasta noviembre de 1984 el régimen socialista no convocó elecciones, y cuando las convocó lo hizo organizando una farsa electoral, sin las debidas garantías democráticas y en la que se negó a participar la mayor parte de la oposición, agrupada en la Coordinadora Democrática Nicaragüense.
La primera dictadura sandinista tuvo un gran parecido con el régimen chavista de Venezuela: represión violenta de la oposición e incluso de la disidencia interna en el Frente Sandinista, asesinatos, presos políticos, ausencia de libertad de prensa… Ortega permaneció en el poder hasta 1990, cuando cediendo a las presiones internacionales el régimen sandinista convocó nuevas elecciones y toda la oposición, esta vez unida, logró derrotarle y llevar a la liberal Violeta Chamorro a la Presidencia de la República. Antes de abandonar al poder, los sandinistas aprobaron una ley concediéndose a sí mismos una amnistía para que nadie pudiese juzgarles por sus crímenes.
El regreso del dictador y la imposición del modelo chavista en Nicaragua
En junio de 2006, la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua acusó a Daniel Ortega de genocidio y crímenes contra los derechos humanos de los indígenas misquitos, 8.500 de los cuales habían sido obligados por los sandinistas a abandonar sus hogares a comienzos de la década de 1980. La denuncia acusaba a Ortega del asesinato de 64 de esos indígenas, de las torturas a 13 de ellos y de la desaparición de 15. A pesar de las acusaciones, el 5 de noviembre de ese año, Ortega volvió a ganar las elecciones con el Frente Sandinista, abanderando un mensaje de apariencia progresista moderada y pacifista. En enero de 2007, Ortega regresó a la presidencia del país. Una vez en el poder, su actuación fue de nuevo la de un izquierdista radical, apoyando a los terroristas de las FARC en Colombia, recibiendo el apoyo del régimen chavista venezolano y del comunismo cubano, y controlando el poder judicial y los medios de comunicación.
La situación en Nicaragua se volvió muy parecida a la de Venezuela. Las elecciones municipales de 2008 y las generales de 2011 estuvieron marcadas por el fraude. En este corto periodo en el poder, Ortega se lucró con su cargo hasta hacerse millonario: “En 45 años, la dictadura de la familia Somoza (que gobernó de 1934 a 1979) no hizo tanto dinero como ha hecho el presidente Daniel Ortega en menos de cinco años al frente del gobierno”, denunciaba en noviembre de 2011 Marcos Carmona, director ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua.
En 2014 la Asamblea Nacional, controlada por los sandinistas, suprimió el límite de mandatos del Presidente de la República, permitiendo la perpetuación de Ortega en el poder. En las elecciones generales de 2016, el régimen sandinista prohibió la presencia de observadores internacionales y utilizó recursos del Estado para hacer campaña a favor del Frente Sandinista. Los comicios, plagados de irregularidades y marcados nuevamente por acusaciones de fraude, se saldaron con un 72% de los votos para Ortega. Las elecciones son tachas por muchos como una farsa. Toda la estructura electoral del país está controlada por el sandinismo.
La brutal represión de unas protestas provocadas por la reforma de las pensiones
En abril de 2018, el gobierno sandinista anunció una reforma del sistema de seguridad social que aumenta el importe del dinero que deberán cotizar empleados y empleadores y reduce las pensiones percibidas por los jubilados. Esta reforma sirvió de detonante a protestas callejeras que se inician el 18 de abril y acabaron tornándose en movilizaciones en favor de la libertad frente a la dictadura sandinista. El régimen ha reprimido con violencia las protestas, usando a fuerzas policiales y también a fuerzas paramilitares sandinistas. Según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), entre el 18 de abril y el 10 de julio, la represión sandinista de las protestas en el país se ha saldado con 351 muertos, 2.100 heridos, 51 heridos graves, 329 secuestrados y desaparecidos y 68 torturados. Este domingo, otro ataque de las fuerzas sandinistas dejó 10 muertos y 20 heridos, entre ellos un niño de 13 años y una niña que recibió un disparo en el abdomen.
El socialista Guterres emite un comunicado equidistante desde la ONU
A pesar de la gravedad de los hechos, la ONU no ha emitido ninguna condena contra el régimen sandinista por sus crímenes. El 11 de julio, el secretario general de la ONU, el socialista portugués António Guterres, se limitó a “deplorar” la “pérdida de vidas” en Nicaragua y el “ataque” sufrido por mediadores de la Iglesia Católica hace una semana, pero sin indicar que los atacantes y los causantes de esas muertes eran sandinistas. Con una indignante equidistancia, y dirigiéndose a “todas las partes”, Guterres pedía “abstenerse del uso de la violencia” y “encontrar una solución pacífica a la crisis actual”. En cuanto al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que ha emitido ya 68 condenas contra Israel, no ha emitido condena alguna contra Nicaragua, a pesar de la larga lista de muertos que ya ha provocado la represión brutal de las protestas por parte del régimen sandinista. Medios de todo el mundo, especialmente los de izquierdas, siguen fijando su atención en la actuación de Israel mientras obvian los crímenes del sandinismo en Nicaragua.
El Gobierno socialista español también opta por la equidistancia
En el mismo sentido, este domingo el Ministerio de Asuntos Exteriores de España emitía un comunicado equidistante, afirmando que el gobierno de España “condena todos los hechos de violencia acaecidos recientemente en Nicaragua”, sin referirse expresamente a la violenta represión lanzada por el régimen sandinista contra las protestas. El 11 de julio, la Embajada de España en Managua dirigía un aviso a la comunidad española en Nicaragua avisando del riesgo por “concentraciones de personas”, por “un aumento significativo de la delincuencia” y “situaciones de violencia”, animando a los españoles a evitar desplazamientos innecesarios, y a no participar ni presenciar concentraciones, advirtiendo que “la Ley de Extranjería nicaragüense contempla como causa de expulsión la participación del ciudadano extranjero en política interna”. Es indignante que el Gobierno socialista español manifieste esta equidistancia y, además, no proteste por una ley que impide a los españoles ejercer un derecho que sí tienen los nicaragüenses y otros ciudadanos extranjeros en España. ¿Se imagina alguien una actitud así de equidistante por parte del Gobierno socialista español si esa represión procediese de un régimen de derechas?
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Foto principal: Jorge Torres / Efe. Una mujer llora ante el retrato de Juan Kayko Martínez, joven opositor al régimen, de 24 años. Fue asesinado por la Policía de un disparo en el pecho en Ciudad Sandino el 20 de abril.
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