El alcalde de Zaragoza y sus ocho ediles de Podemos no dimitirán tras ser imputados por prevaricación
La alcaldesa de Podemos en San Fernando procesada por prevaricación y revelación de secretos
Los autodenominados ‘ayuntamientos del cambio’, integrados fundamentalmente por Podemos, IU y sus marcas blancas municipales, suman al menos 22 concejales imputados. Pero ninguno de ellos ha dimitido y dejado el acta tras ser investigado, lo que antes se conocía técnicamente como imputado.
El último caso estalló la pasada semana con la imputación del alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, y ocho concejales de su formación por un presunto delito de prevaricación en la destitución del gerente de la empresa municipal Ecociudad.
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza, Mercedes Ferre, abrió un procedimiento a todos estos ediles al ver indicios de ilegalidad en el cese de Miguel Ángel Portero y el posterior nombramiento de su sucesor Joaquín García Lucea. Además de ello, Portero denunció un cambio en los estatutos de Ecociudad derivado de la decisión del Gobierno de Zaragoza en Común de cambiar la proporcionalidad en los consejos de administración de todas las sociedades municipales para asumir la mayoría en lugar de mantener la proporcionalidad de la representación del Pleno.
En cuanto al Ayuntamiento de Madrid, hay tres concejales de Manuela Carmena imputados: Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato por el caso del ‘Open de Tenis’, y Rommy Arce, por un delito de injurias y calumnias con publicidad derivado de sus críticas a la Policía Municipal en las redes sociales tras la muerte del mantero Mame Mbaye en el barrio de Lavapiés el pasado 15 de marzo.
Los dos primeros ya han declarado ante el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid en calidad de directivos de Madrid Destino por “prevaricación” y “malversación de caudales públicos” en el encargo de dos informes externos para denunciar supuestas irregularidades penales en el convenio firmado por el Ayuntamiento de Madrid, en la época de Alberto Ruiz-Gallardón, con la firma Madrid Trophy Promotion (MTP), encargada de organizar el campeonato de tesis Mutua Madrid Open.
La alcaldesa de San Fernando de Henares, Cati Rodríguez, acaba de ser procesada por prevaricación y revelación de secretos
Por su parte, la concejal Rommy Arce, presidenta de los distritos de Arganzuela y Usera, escribió un tuit el 15 de marzo en el que decía que “los nadie son víctimas de la xenofobia institucional y de un sistema capitalista que levanta fronteras interiores y exteriores. El pecado de Mmame es ser negro, obrero y sin papeles”, enfatizó.
Sin salir de la Comunidad de Madrid, en Alcalá de Henares cuatro ediles de Podemos -socios de PSOE e IU en el Gobierno local- fueron imputado el año pasado por conceder en 2016 subvenciones para asociaciones y entidades sin ánimo de lucro “vinculadas directamente” a ellos mismos.
Y en otro municipio madrileño de esta zona, San Fernando de Henares, su alcaldesa, Cati Rodríguez, de Podemos, acaba de ser procesada por prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos. El juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Coslada ha acusado a Rodríguez de facilitar información oficial sensible a “un amigo personal”. Se trata de documentación relativa a la remodelación de la Plaza de España, que derivó en una operación con un fondo buitre.
‘Caso Loreto’ y ‘caso Matadero’
Así mismo, en el Ayuntamiento de Cádiz también han tenido que declarar ante la Justicia en calidad de imputados tanto el alcalde, José María González ‘Kichi’, como tres de sus concejales. El dirigente anticapitalista y su compañero Manuel González Bauza ha sido procesados por presuntas injurias y calumnias contra el anterior equipo de Gobierno del PP dentro del denominado caso Loreto. Y es que en una asamblea celebrada en el barrio gaditano del mismo nombre acusó al Ejecutivo popular de “contaminar a sabiendas a los 13.000 vecinos durante 14 días”.
También por denuncia fraude, en un caso similar al de Mayer y Sánchez Mato en Madrid, los concejales de Ganar Cádiz Martín Vila y Eva Tubío, ambos de Ganar Cádiz, han sido investigados por denuncia falsa, calumnias e injurias por el Juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz. Ambos atribuyeron al gobierno de Teófila Martínez (PP) un supuesto fraude en la adjudicación de viviendas municipales. Esto es, el llamado caso Matadero, que había sido archivado definitivamente meses atrás.
Ribó hace historia
Afiliado a Compromís, pero socio de Podemos en otro ‘ayuntamiento del cambio’ es el alcalde de Valencia, Joan Ribó, imputado por presuntos delitos de prevaricación e impedimento del ejercicio de los derechos cívicos. Ribó, que se ha convertido en el primer alcalde de la historia de la ciudad de Valencia que declara ante un juzgado en calidad de imputado, fue llamado a declara por el juez después de que el PP presentara una denuncia en su contra por no facilitar el expediente de una encuesta sociológica sobre las Fallas.
Por su parte, la concejal Rommy Arce, presidenta de los distritos de Arganzuela y Usera, escribió un tuit el 15 de marzo en el que decía que “los nadie son víctimas de la xenofobia institucional y de un sistema capitalista que levanta fronteras interiores y exteriores. El pecado de Mmame es ser negro, obrero y sin papeles”, enfatizó.
Sin salir de la Comunidad de Madrid, en Alcalá de Henares cuatro ediles de Podemos -socios de PSOE e IU en el Gobierno local- fueron imputado el año pasado por conceder en 2016 subvenciones para asociaciones y entidades sin ánimo de lucro “vinculadas directamente” a ellos mismos.
Y en otro municipio madrileño de esta zona, San Fernando de Henares, su alcaldesa, Cati Rodríguez, de Podemos, acaba de ser procesada por prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos. El juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Coslada ha acusado a Rodríguez de facilitar información oficial sensible a “un amigo personal”. Se trata de documentación relativa a la remodelación de la Plaza de España, que derivó en una operación con un fondo buitre.
‘Caso Loreto’ y ‘caso Matadero’
Así mismo, en el Ayuntamiento de Cádiz también han tenido que declarar ante la Justicia en calidad de imputados tanto el alcalde, José María González ‘Kichi’, como tres de sus concejales. El dirigente anticapitalista y su compañero Manuel González Bauza ha sido procesados por presuntas injurias y calumnias contra el anterior equipo de Gobierno del PP dentro del denominado caso Loreto. Y es que en una asamblea celebrada en el barrio gaditano del mismo nombre acusó al Ejecutivo popular de “contaminar a sabiendas a los 13.000 vecinos durante 14 días”.
También por denuncia fraude, en un caso similar al de Mayer y Sánchez Mato en Madrid, los concejales de Ganar Cádiz Martín Vila y Eva Tubío, ambos de Ganar Cádiz, han sido investigados por denuncia falsa, calumnias e injurias por el Juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz. Ambos atribuyeron al gobierno de Teófila Martínez (PP) un supuesto fraude en la adjudicación de viviendas municipales. Esto es, el llamado caso Matadero, que había sido archivado definitivamente meses atrás.
Ribó hace historia
Afiliado a Compromís, pero socio de Podemos en otro ‘ayuntamiento del cambio’ es el alcalde de Valencia, Joan Ribó, imputado por presuntos delitos de prevaricación e impedimento del ejercicio de los derechos cívicos. Ribó, que se ha convertido en el primer alcalde de la historia de la ciudad de Valencia que declara ante un juzgado en calidad de imputado, fue llamado a declara por el juez después de que el PP presentara una denuncia en su contra por no facilitar el expediente de una encuesta sociológica sobre las Fallas.
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