Carles Puigdemont ha solicitado al Govern de Quim Torra que le otorgue las prerrogativas que le corresponden por ley como expresidente de la Generalitat. En un escrito remitido al Ejecutivo catalán el pasado 22 de junio, Puigdemont solicitó formalmente la apertura de la oficina en función de su rango y que se le concedan, de acuerdo con la ley, las partidas para sufragar una oficina con tres trabajadores, un chófer y coche oficial y servicios de seguridad. La petición excluye el cobro del salario al ser incompatible que un expresident pueda percibir dos sueldos públicos. Puigdemont ingresa actualmente su asignación como diputado.
La portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha explicado este lunes que el departamento de Presidencia ya ha empezado a tramitar la solicitud de Puigdemont para acceder a las prerrogativas como expresidente: "Ya se está poniendo en marcha todo con normalidad". Artadi ha precisado que las primeras prerrogativas son las relativas a la seguridad para escoltar al expresidente --a través de los Mossos--: "Es la prioridad ahora mismo", y ha asegurado que no debe ser problema que Puigdemont resida actualmente en el extranjero. "El president ha solicitado la creación de la oficina como expresident y se le activarán los mecanismos que contempla la ley de oficinas de expresidents. La ley es muy clara y no marca ninguna limitación si debe ser fuera del territorio catalán", ha recalcado la portavoz.
Los expresidentes de la Generalitat tienen derecho a esos privilegios pero Puigdemont renunció a tramitarlos en octubre al considerar que Mariano Rajoy, en virtud de la aplicación del artículo 155, no estaba legitimado para destituirlo del cargo. Sin embargo, siempre deslizó que plantearía la instauración de la oficina si el Parlament elegía a su sucesor. Quim Torra tomó posesión del cargo el pasado mes de mayo pero Puigdemont no ha tramitado hasta ahora la petición. El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, podría inhabilitar ahora a los políticos encarcelados que perderían por tanto su escaño y su facultad de recibir ingresos.
Puigdemont reside en Alemania y está a la espera de que los tribunales de ese país decidan si dan luz verde o no al proceso de extradición. Con independencia del desenlace del proceso judicial en Alemania, el Govern ha decidido activar la apertura de la oficina. El expresident siempre ha expresado en cualquier caso su deseo de instalarse en Bélgica si el tribunal alemán desestima su devolución a España.
La ley 6/2003, aprobada en el último Govern de Jordi Pujol, establece que la Generalitat debe amparar a los expresidentes con una asignación mensual del 80 % del salario de recibían cuando ejercían el cargo al menos por una legislatura y de un salario vitalicio a partir de 65 años. Los expresidentes Artur Mas o José Montilla, por ejemplo, disponen de una oficina. La ley insta al Govern a regular el soporte y el decreto que lo desarrolló -la oficina, los tres empleados, un chófer y la seguridad- se concretó en agosto de ese año. La norma sí que apunta que la asignación como expresidente es incompatible con el ejercicio de un cargo público, razón por la cual Puigdemont no ha pedido la retribución porque es diputado autonómico. Puigdemont fue destituido en aplicación del 155 a finales de octubre, cuando huyó a Bélgica, pero en ese momento no lo aceptó porque entendió que no podía cesar por este mecanismo.
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