El separatismo cambia la ley para investir al fugado Puigdemont

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La reforma, aprobada por el procedimiento de lectura única pese a que el Consejo de Garantías Estatutarias lo desaconsejaba, habilita al Parlament a investir al presidente de la Generalitat por vía telemática. La modificación de la ley ha contado con el apoyo de la mayoría de JxCat, ERC y la CUP, con un total de 70 votos que incluyen los delegados del propio Puigdemont y Antoni Comín y los diputados en prisión, mientras que se han opuesto los 64 parlamentarios de Ciudadanos, PSC-Units, Catalunya en Comú-Podem y PPC. El texto plantea que se puedan hacer debates de investidura del presidente de la Generalitat sin que el candidato esté presente en el hemiciclo, con una autorización previa del pleno por mayoría absoluta, algo que no avaló el Consejo de Garantías Estatutarias, aunque su informe no es vinculante. JxCat, ERC y CUP han hecho valer su mayoría absoluta para validar, en una votación previa, la tramitación por la lectura única de esta reforma. La modificación de la Ley de Presidencia serviría para investir a Puigdemont desde Berlín, aunque difícilmente ocurrirá antes de que expire el plazo el 22 de mayo, por lo que JxCat no descarta elegir mientras tanto un presidente “provisional” y reservarse esa posibilidad para más adelante. Además, la investidura a distancia que plantea la ley es una vía que puede tener poco recorrido ya que el Gobierno tiene previsto recurrir la modificación de la ley al Tribunal Constitucional, por lo que quedará suspendida cuando la admita a trámite. El Gobierno intentará frenarlo El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha informado hoy de que el Ejecutivo ha decidido solicitar el informe preceptivo al Consejo de Estado, con lo que se inician los trámites para recurrir la Ley de la Presidencia de la Generalitat que posibilita una investidura a distancia de Carles Puigdemont. En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha explicado que se ha acordado “iniciar los trámites” y solicitar este informe para que se pueda recurrir después la nueva normativa ante el Tribunal Constitucional. La petición del Gobierno tiene carácter de urgencia y será estudiada ahora por la Sección Primera del Consejo de Estado, que preside Landelino Lavilla, y que entiende de los asuntos procedentes de la Presidencia del Gobierno y de los ministerios de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales y de Asuntos Exteriores y Cooperación, así como los temas relativos a conflictos sobre la autonomía local. Tras el informe de esta Sección, el dictamen deberá ser aprobado por la Comisión Permanente que, según fuentes del máximo órgano consultivo del Ejecutivo, se reunirá el próximo lunes antes de remitir su opinión sobre la ley al Ejecutivo. Méndez de Vigo ha considerado que sería bueno que el Parlament no diera pasos que están “abocados al fracaso desde el principio” y ha recordado al presidente de esta Cámara, Roger Torrent, y a los miembros de la Mesa que ya han sido advertidos por el Tribunal Constitucional de las “ilegalidades en las que pueden incurrir”. Así, ha insistido en que las responsabilidades que tienen por esta actuación han sido determinadas “con toda claridad” por el Constitucional y les ha instado a aprender y no repetir “errores del pasado”, como cuando el 6 y 7 de septiembre se aprobaron en el Parlament la Ley de Referéndum y la de Transitoriedad que luego fueron suspendidas por el TC. Por su parte, el Gobierno seguirá actuando “con claridad y firmeza” para no permitir ningún tipo de “fraude de ley” como el de la investidura a distancia y, con este objetivo, “utilizará todas las armas jurídicas a su alcance”, ha aseverado. Méndez de Vigo ha asegurado que se trata no solo de un fraude jurídico, sino político porque es “un puro disparate” que una persona como Puigdemont, pendiente de una orden de extradición de Alemania, pueda ejercer funciones de presidente de una comunidad autónoma.