El juez acusa a Puigdemont, Junqueras y Forn de rebelión, castigado con hasta 25 años, y malversación, con 8 años
Junqueras y Puigdemont celebran la fallida declaración de independencia
En el auto de procesamiento, en el que el juez Pablo Llarena condensa su acusación contra los líderes del «procés», el magistrado explica uno a uno la implicación de los investigados en el plan ilegal. Estos son los principales encausados.
Puigdemont, Junqueras y Forn
El juez les acusa de rebelión, el delito más grave castigado con hasta 25 años, y malversación, con 8. Ellos fueron advertidos por los jefes de los Mossos del grave riesgo de incidentes violentos en el referéndum ilegal, del 1 de octubre, y aun así siguieron adelante. Además, llamaron a la movilización e impulsaron un operativo policial autonómico comprometido con que la masa pudiera enfrentarse con éxito a la fuerza policial del Estado, dice el auto.
Los Jordis, Sànchez y Cuixart
Enviados a juicio por rebelión. Emplearon su responsabilidad en las asociaciones civiles ANC y Òmnium para movilizar a cientos de miles de seguidores e impulsaron una masa de fuerza que hiciera frente a la obligación de impedir la votación. También son responsables del acoso a la Guardia Civil del 20 de septiembre. Fueron así los agitadores del proceso ilegal en la calle.
Marta Rovira
Fugada, acusada por rebelión. El magistrado le otorga un rol decisivo, aunque no fuera gobernante. Tuvo una participación esencial en la ideación de mecanismos de actuación y en el impulso parlamentario de las leyes de la ruptura, el barniz creado para fingir una apariencia de legalidad en el «procés». También se implicó para lograr la disponibilidad plena de centros de votación en el referéndum ilegal.
Jordi Turull
El tercer candidato frustrado a la investidura en el Parlament impulsó, según el juez investigador, la movilización desde sus funciones de portavoz de la Generalitat. Gestionó y diseñó la inserción publicitaria del referéndum ilegal. Coordinó también las infraestructuras informáticas para la votación y el reclutamiento de voluntarios. La Guardia Civil, en su informe final, le otorga un rol «extraordinariamente relevante» en el «procés».
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