España sigue entre las economías europeas menos libres

La presión fiscal media equivale al 33,8 por cierto de la renta doméstica total

España sigue entre las economías europeas menos libres, según The Heritage Foundation

@GarciaCarmonaAM

Hace pocos días, el think-tank estadounidense The Heritage Foundation, de ideología conservadora liberal e implicado en ciertas labores de asesoramiento de la gestión político-económica de la Administración Trump, ha publicado la edición de 2018 de su Índice de Libertad Económica.

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Entre las economías en condiciones de considerarse como libres “a secas” se encuentran, aparte de Hong Kong y Singapur, que vuelven a encabezar el listado, países como Nueva Zelanda, Suiza, Australia e Irlanda. Tras estas, en la categoría de “prácticamente libres”, figura Estonia, que a pesar de un leve empeoramiento, es la segunda economía más libre de Europa.

No obstante, en este comentario vamos a centrarnos en las conclusiones extraídas en relación al marco español, que el año pasado se consideraba, a pesar de una recuperación económica consecuencia de bajadas del coste de petróleo y materias primas, e inyecciones de liquidez del Banco Central Europeo, vulnerable a retos relacionados con la estabilidad presupuestaria. En ningún caso, gracias al gobierno (en 2016, crecimos más a pesar de no tener gobierno).

Este año, la mejora ha sido de tan solo 1,5 puntos, mientras que el año pasado, perdió casi cinco puntos (desde 2014, la variación media ha sido de -2,1 puntos). Esa positiva variación lleva consigo, según el centro estadounidense, una mejora en salud presupuestaria, efectividad judicial y flexibilidad laboral. De todos modos, iremos punto por punto.

Estado de Derecho

Se tienen en cuenta tres parámetros: derechos de propiedad (puntuación propia de una economía prácticamente libre), efectividad judicial (propia de un sistema moderadamente libre) e integridad del gobierno (a efectos prácticos, característica de un sistema no libre). Solo este último ha empeorado el resultado, perdiendo 5,7 puntos.

Asimismo, consideran que “aunque el refuerzo de los contratos es bajo, la legislación española protege los derechos de propiedad con eficacia” y que, a pesar de un “sólido record investigando y persiguiendo casos de corrupción”, hay una “sobrecarga de trabajo” que da lugar a una lentitud de los procesos judiciales.

Tamaño del Gobierno

Se tienen en cuenta tres parámetros: presión fiscal (puntuación propia de una economía moderadamente libre), gasto del gobierno (propio de una economía restringida) y salud presupuestaria (aunque haya habido una mejora traducida en más de 9 puntos, nada característica de un sistema libre “grosso modo” resulta).

Dicho esto, señalan que “la presión fiscal media equivale al 33,8 por ciento de la renta doméstica total” y que, “en los pasados tres años, el gasto del gobierno tiene una cantidad total del 43,7 por ciento del PIB, y los déficit presupuestarios suponen un 5’3% del mismo”, mientras que “la deuda pública equivale al 99,3% del PIB”.

Eficiencia regulatoria

Se tienen en cuenta tres parámetros: libertad de empresa (puntuación propia de una economía moderadamente libre), flexibilidad laboral (roza la categoría propia de un sistema en las condiciones del anterior) y libertad monetaria (característica de una economía libre a efectos prácticos).

Al respecto, apuntan que “los esfuerzos para mejorar el entorno empresarial se han estancado en los recientes años como la atención se ha centrado en la estabilidad presupuestaria”. Al mismo tiempo, recuerdan que a pesar de que los costes laborales se hayan moderado, “todavía son altos”.

Apertura de mercados

Se tienen en cuenta tres parámetros: libertad comercial, libertad de inversión (estas dos se consideran como propias de una economía libre) y libertad financiera (característica de una economía libre a efectos prácticos). Apenas ha habido cambios en estos aspectos -solo se ha dado, en una cuantía despreciable, en lo relacionado con el primero-.

En relación a ello, afirman que “el valor combinado de las exportaciones e importaciones equivale al 63% del PIB”, al mismo tiempo que advierten de que las barreras no arancelarias impiden algunas actividades comerciales. También señalan que el sector financiero se ha recuperado bastante tras la crisis financiera.

Finalmente, una vez expuestas todas estas conclusiones, he de decir que el “big government” sigue siendo un problema en nuestro país. Es necesario un ambicioso plan de reformas para reducir drásticamente el gasto público y la presión fiscal, aparte de despolitizar la justicia. Eso sí, me temo que la ausencia parlamentaria de una derecha liberal aleja estas esperanzas.