La primera consecuencia de la decisión de Llarena es que cuando Puigdemont ponga un pie en España será detenido y juzgado por los mismos delitos que el resto del Govern; la segunda, indirecta, es que el auto lo ha desactivado «políticamente»
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Puigdemont, expresidente de la Generalitat, ya no podrá seguir vendiendo que es un «perseguido» político
La decisión del magistrado Pablo Llarena de retirar las euroórdenes emitidas por la juez Carmen Lamela contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y los otros cuatro exconsejeros huidos abre un nuevo escenario para todos ellos. Bajo la premisa de que cuando pongan un pie en España serán detenidos (el juez ha desactivado la euroorden, pero no las órdenes nacionales de detención), ahora deberán enfrentarse a un dilema: regresar a España y declarar ante el juez como hicieron sus compañeros de gobierno o quedarse en Bruselas so pena de que si tras las elecciones del 21-D resultan elegidos (en el caso de Puigdemont es una certeza porque es el número uno de la lista) no podrán recoger su acta, salvo que vengan a España con las consecuencias del primero de los escenarios: detención, declaración jucicial y decisión sobre medidas cautelares. [Últimas noticias de Cataluña y de las elecciones catalanas del 21D en directo]
El caso de los exconsejeros que no se fugaron se saldó el lunes con dos en prisión incondicional (el exvicepresidente Junqueras y el exconsejero de Interior Joaquim Forn) y seis en libertad tras pagar una fianza de 100.000 euros y estar previamente 31 días en la cárcel (la juez Lamela dictó en su momento prisión incondicional para todos ellos a excepción de Santi Vila).
El magistrado da dos razones fundamentales que le llevan a retirar las euroórdenes sobre Puigdemont y los consejeros: la primera es que cabe la posibilidad de que Bruselas decida entregar a los prófugos por solo algunos de los delitos que se le imputan desde España (rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia).
El artículo 4 de la Decisión Marco del Consejo de Europa de 13 de junio de 2002 prevé que se puede denegar la orden si los hechos que la motivan no son constitutivos de delito de acuerdo con el derecho del Estado miembro de ejecución. A juicio del magistrado, si las euroórdenes no se retiran se asume el riesgo de que a los huidos se les aplique una vara de medir distinta que a los exconsejeros investigados por el Tribunal Supremo, lo que situaría a estos últimos en lo que en términos jurídicos se conoce como «peor derecho». El «plan conjunto» que la investigación atribuye a ejecutivo y legislativo catalán -y que justificó la acumulación de las causas en el Alto Tribunal, sin diferenciar aforados de los que no lo eran- no permite hacer esas diferencias entre unos y otros imputados.
Se acabó el victimismo
La otra razón que apunta Llarena es que los huidos «parecen haber mostrado su intención de retornar a España con la finalidad de tomar posesión y ejercer unos cargos electivos para cuyos comicios se han presentado recientemente». Si esto es así, Puigdemont será detenido sin contemplaciones y con la certeza de que sí se va a someter a idénticos cargos que sus compañeros.
Lo que parece claro es que la decisión del juez ha desactivado políticamente al expresidente Puigdemont, que ya no podrá presentarse ante la comunidad internacional como un «perseguido» político. Dar la cara ante su electorado es algo que ya solo va a depender de él. Y si tras el 21-D no piensa recoger su acta para evitar saldar cuentas con la justicia española es algo que sus potenciales electores deberían saber cuanto antes.
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