2,33 millones de euros. Es lo que han tenido que avalar con sus inmuebles el ex presidente de la Generalitat Artur Mas, la ex vicepresidenta Joana Ortega y los ex consellers Irene Rigau y Francesc Homs por el proceso de responsabilidad contable por organizar el proceso participativo del 9-N. El Tribunal de Cuentas ha ordenado el embargo del domicilio de Mas en el calle Tuset de Barcelona, de la mitad de un inmueble de Homs en Taradell (Barcelona) y de las fincas de Joana Ortega en Barcelona y de Rigau en Ribes de Fresser (Girona). También se ha embargado una propiedad de otro ex cargo del Govern, Jordi Vilajoana.
Estos inmuebles cubren los 5,27 millones de euros que el Tribunal de Cuentas impuso como fianza a los ex dirigentes para que hagan frente a posibles responsabilidades contables por organizar el 9-N pese a las resoluciones contrarias del Tribunal Constitucional. En el proceso penal, el TSJC condenó a Mas, Ortega y Rigau y el Tribunal Supremo a Homs por desobediencia y prevaricación por convocar estas votaciones.
La resolución del Tribunal de Cuentas remarca que la Asamblea Nacional Catalana pagó 2,9 millones de euros para asegurar la fianza reclamada por lo que los procesados han debido poner inmuebles como garantías para cubrir la fianza reclamada. La instructora de este procedimiento insta a comunicar a los Registros de Propiedad competentes "para que procedan a los embargos preventivos de las fincas ofrecidas".
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