Nuestra clase política concibe el debate territorial en una sola dirección
La pregunta que ningún diputado se atreve a hacer tras el golpe separatista en Cataluña
Hoy se cumplen dos meses desde el inicio del golpe separatista en Cataluña, cuando los separatistas aprobaron en el Parlamento catalán dos leyes inconstitucionales para iniciar el proceso de secesión.Ningún diputado se atreve a cuestionar el guión de siempre
Teniendo en cuenta que el 21 de diciembre habrá nuevas elecciones autonómicas en Cataluña y que es previsible que la historia se repita, mucho me temo que volveremos a escuchar las mismas consignas que ciertos políticos y medios repiten machaconamente desde hace años: que Cataluña necesita más autogobierno, que hay que buscar un encaje para Cataluña en la Constitución, que una solución política implica ceder por ambas partes, etc. Nuestra clase política concibe el debate territorial en una sola dirección: la disgregación. Es como si cualquier error cometido con el modelo autonómico actual no pudiese corregirse por alguna ley no escrita que nadie tiene el detalle de explicarnos. Sin embargo, hay una pregunta que ningún diputado se ha atrevido a hacer incluso después de todo lo ocurrido: ¿en qué nos ha beneficiado a todos los españoles el llamado Estado de las Autonomías?
Ya tratan a muchos españoles como extranjeros en su propia tierra
Por supuesto, con la expresión “todos los españoles” no me refiero a las élites políticas que han obtenido un enorme poder gracias a las autonomías y a las constantes cesiones de competencias por parte del Estado. Para la élites políticas regionales, el régimen autonómico ha sido muy beneficioso. Tampoco he pensado, al escribir “todos los españoles”, en la minoría que ha visto una excelente ocasión de convertir las lenguas regionales en un negocio. Y es que por si alguien no se ha enterado todavía, en varias comunidades han surgido lobbys de la lengua que medran a costa de nuestros impuestos y nuestras libertades, incluso cercenando derechos tan elementales como el derecho a que los niños puedan cursar sus estudios en su lengua materna. El caso más dramático es precisamente el de Cataluña, que es donde se ha llevado más lejos el afán de destierro del español, especialmente en los colegios. Se usan para ello unas políticas de “normalización lingüística” diseñadas para convertir el uso del español como algo anormal en ciertas partes de España. Esas políticas están sirviendo para que se trate a muchos vascos, catalanes, gallegos, navarros, valencianos, y baleares como extranjeros en su propia tierra.
Las autonomías ya duplican el número de funcionarios que tenía el franquismo en 1975
A esto hay que añadir que el régimen autonómico ha elevado considerablemente el peso de las administraciones públicas, que los contribuyentes soportamos por medio de nuestros impuestos. En 1975 había en España una población de 36 millones de habitantes y 650.000 funcionarios. Al cabo de cuatro décadas de régimen autonómico, que ha significado la creación en la práctica de 17 miniestados, España tiene hoy 46,56 millones de habitantes y más de 3 millones de funcionarios; de ellos, 1,3 millones son funcionarios autonómicos. A lo mejor para algunos las cifras no hablan por sí solas, pero tengamos en cuenta que en 1975 teníamos una dictadura en España: 42 años más tarde, la población española ha aumentado un 29%; el número de empleados públicos se ha incrementado un 361%. Se trata de un peso cada vez más difícil de sostener para los contribuyentes, y que en gran medida tiene su origen en el régimen autonómico: los empleados públicos autonómicos ya duplican el número de funcionarios que había al acabar el franquismo. Las autonomías se han convertido en un formidable tinglado para que los partidos políticos coloquen a sus amiguetes y hagan clientelismo con el dinero de todos.
¿Conservar una lengua justifica todo este megatinglado político?
Yo soy gallego. Muchas veces me he preguntado en qué ha mejorado la vida de los gallegos con la autonomía. Que se pueda estudiar en gallego y que se conserve esta lengua no justifica la creación de un tinglado político como éste. De hecho, ese mismo tinglado político niega a los gallegos el derecho a elegir la lengua en la que desean escolarizar a sus hijos, a fin de que el lobby de la lengua no pierda su parte del negocio. Los avances en educación y sanidad no se deben a las autonomías, pues de hecho también se dan en otros países que no tienen ningún régimen autonómico. Sinceramente, cuesta encontrar qué ventajas tiene ese tinglado para los ciudadanos de a pie. Los políticos autonómicos nos animan a dar especial importancia a nuestras diferencias con el resto de los españoles, simplemente para poder justificar así esa suculenta parcela del poder que ha caído en sus manos gracias a las autonomías. A cambio, los españoles hemos perdido en igualdad, desde el ámbito fiscal -hay notables diferencias entre autonomías en la aplicación de ciertos impuestos transferidos- al ámbito laboral -han acabado convirtiendo las lenguas regionales en barreras lingüísticas que ahuyentan a muchos españoles a irse a trabajar a Cataluña y otras regiones-, pasando por todo lo relativo a las libertades fundamentales, amenazadas por hojas de ruta puramente totalitarias como la que ha venido desarrollando el separatismo catalán.
Las dos tareas pendientes que tiene nuestra clase política
Si algo nos ha demostrado la reciente crisis -no sólo económica, como piensan algunos- es que el Estado debe limitar su tamaño y competencias para dejar de ser una losa que impide nuestro desarrollo económico y el normal ejercicio de nuestras libertades. A este respecto, por cierto, me gustaría señalar que de poco serviría devolver las competencias educativas de las autonomías al Estado, si al final el gobierno central sigue llevando a cabo las mismas imposiciones que los gobiernos autonómicos. Después de cuatro décadas de descentralización desenfrenada, necesitamos con urgencia reforzar los lazos que nos unen a los españoles, y eso implica recuperar para el Estado muchas de las competencias transferidas a las autonomías, desde luego. Pero no basta con eso. Los propios españoles, a nivel individual, debemos reclamar también que nos devuelvan ciertas competencias, entre ellas las relativas a la libertad de educación, a la libertad de elección de lengua y a la libertad económica, por ejemplo. De nada serviría adelgazar el régimen autonómico si los políticos siguen decidiendo por nosotros como lo hacen ahora. Ésas deberían ser las dos tareas pendientes de nuestra clase política a la hora de plantearse una reforma de la Constitución, pero parece poco probable que la misma clase política que ha medrado con el régimen autonómico quiera plantearse su reducción: tendremos que ser los ciudadanos quienes la exijamos.
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