Puigdemont, contra las cuerdas por un saqueo millonario en la empresa de aguas de Gerona

La Guardia Civil hace un requerimiento de información al Ayuntamiento y registra la sociedad municipal.
                            

Los investigadores sostienen que el actual presidente de la Generalitat tuvo que conocer y consentir las irregularidades.

                            

Peritos de Hacienda afirman que los vecinos de la ciudad pagan más por el agua al haberse vaciado Agissa de fondos.

 

 

 

 

La Guardia Civil ha lanzado este martes, a las 9.23 horas, una nueva operación contra la corrupción en Cataluña, esta vez con epicentro en Gerona y con el presidente Carles Puigdemont, alcalde de la ciudad entre 2011 y 2016, en el epicentro de la trama, que operaba a través de Agissa, la empresa municipal que gestiona el agua.

Desde primeras horas agentes de este Cuerpo han requerido información en el Ayuntamiento y registran la sociedad pública y Girona S.A., la mercantil que tiene el 80 por ciento del accionario. El 20 por ciento restante está en manos de la citada capital y de los municipios de Salt y Sarria del Ter.

La situación es tranquila en la calle, donde solo se ha escuchado algún grito de «Cataluña libre». Hay registros también en domicilios particulares. En esta causa hay siete investigados hasta el momento, entre los que no se encuentra Puigdemont.

Las diligencias las instruye el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Gerona y la Fiscalía Anticorrupción impulsa las investigaciones. En este caso, el origen de las mismas es, por una parte, una denuncia presentada por la CUP contra directivos de Agissa por irregularidades en la gestión de la sociedad municipal, y por otra el análisis de la documentación intervenida en los registros del caso 3 por ciento, en concreto relacionada con la empresa Efial Consultora.

Conocimiento de Puigdemont

Los delitos que se investigan son, de momento, el de malversación de fondos públicos y prevaricación. La Agencia Tributaria, que ya ha hecho un demoledor informe sobre la gestión de Agissa, considera que sin el conocimiento y consentimiento de los responsables políticos de los ayuntamientos -entre ellos, como ya se ha dicho, Carles Puigdemont-, no se hubieran podido cometer las irregularidades que, entre otras consecuencias, ha tenido la de que los gerundenses tengan que pagar más por el agua que lo que correspondería si la gestión hubiese sido mínimamente ortodoxa.

De momento, en el punto de mira de la Justicia están el consejero delegado de la sociedad municipal hasta junio de 2016, Narcís Piferrer, y su sucesor en el cargo, Xavier Ballel. Carlos Puigdemont no es investigado porque se trata de una persona aforada, de modo que las pesquisas sobre él las tendría que instruir el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña una vez que el juez de Gerona hiciese una exposición razonada con los indicios que hay contra él.

No obstante, todas las fuentes consultadas aseguran que con el paso del tiempo, si es que se van consolidando los importantes indicios que ya se han acumulado, es inevitable que Puigdemont tenga que responder ante la Justicia. Pero aún queda tiempo para eso.

Aumentaban beneficios

Agissa se creó en 1992, pero fue en 1998 cuando comenzó el saqueo propiamente dicho. En esas fecha se modificó el convenio firmado entre la empresa municipal y los ayuntamientos, de modo que a partir de entonces los beneficios se repartirían antes de pagar los gastos; es decir, sobre el bruto de la facturación.

De esta forma, los socios aumentaban sus beneficios independientemente de los gastos que tuviera la empresa, de tal forma que cada año ganaban más pero la sociedad pública iba acumulando cada vez más deuda. No solo eso; para pagar menos impuestos los dividendos se facturaban como gastos, de modo que Agissa seguía acumulando pérdidas.

En 2013, ya con Puigdemont como alcalde, hubo la posibilidad de poner fin al convenio, ya que se había acabado el plazo de concesión, o de regularizar la situación. No se hizo ni una cosa ni la otra, aunque desde luego esa decisión tuvo que tomarse por razones políticas, ya que no había ninguna justificación económica para ello. Sí hubo un cambio en el modo de repartir los dividendos, pero lo que se hizo fue generar un agujero aún mayor.

Lo que se hizo fue «mejorar» las ganancias de los ayuntamientos doblando el canon que Agissa debía pagar a los consistorios por el alquiler de las instalaciones municipales de la red de abastecimiento, pero en realidad quien lo pagaba al final era el ciudadano, al que se le subían las tarifas.

Cinco millones

La gran pregunta es a dónde ha ido a parar el botín, que según los cálculos más conservadores sería de unos cinco millones de euros en el periodo estudiado. Una parte, obviamente, fue a manos de los responsables de Agissa y Girona S.A.; pero hay otra línea de investigación, en la que no se ha podido avanzar suficientemente, que apunta a la dirección de la financiación irregular de partidos políticos.

Los investigadores han detectado pagos de casi 140.000 euros desde Girona S.A., propietaria del 80 por ciento de Agissa, a AMR Publicitat por trabajos realizados entre 2010 y 2015. En ese mismo periodo, la agencia prestó sus servicios para campañas de Convergencia y Junts Pel Si, formaciones con las que se ha presentado Puigdemont a municipales y autonómicas, por un importe de más de dos millones de euros.

Las fuentes consultadas, en cualquier caso, insisten en que de momento no hay pruebas concluyentes que permitan sostener una acusación de financiación ilegal de partidos, por lo que se muestran cautas en este punto.

La operación de hoy demuestra, una vez más, que la corrupción en Cataluña era sistémica y prolongada en el tiempo. Se produce, además, en pleno desafío secesionista y cada vez son más lo que creen que son muchos los que se envuelven en la bandera del separatismo para intentar ocultar sus actividades irregulares.