Ningún español está por encima de la ley, tampoco la casta política separatista
Con el Estado de Derecho, con las Fuerzas de Seguridad del Estado y contra los golpistas
Hoy la Policía Nacional ha registrado la sede de la CUP y la Guardia Civil ha detenido a 14 personas en una operación contra el golpe separatista que se está desarrollando en Cataluña.Puigdemont ha intentado suspender el Estado de Derecho en Cataluña
El todavía presidente catalán, Carles Puigdemont, ha tenido la desvergüenza de acusar al Gobierno de España de llevar a cabo una “suspensión del Estado de Derecho” y de crear “una situación inaceptable en democracia”. El cinismo de Puigdemont parece no tener límites. Es Puigdemont el que ha intentado suspender la vigencia del Estado de Derecho en Cataluña, saltándose la Constitución, las sentencias judiciales e incliso desobedecido al Tribunal Constitucional -que suspendió el pasado 6 de septiembre el referéndum separatista ilegal convocado por el parlamento catalán en una sesión plagada de irregularidades-, incurriendo con ello en posibles delitos de desobediencia, malversación de fondos públicos, prevaricación y -teniendo en cuenta la deriva de los acontecimientos- también sedición. Se trata de delitos muy graves, que podrían conllevar largas penas de prisión, conforme a esas leyes que nos obligan a todos.
La acción de la Justicia y de las Fuerzas de Seguridad es un motivo de alivio
Precisamente la acción de la Justicia y de las Fuerzas de Seguridad del Estado frente a esos delitos es algo que debería llenarnos a todos de alivio y de satisfacción, porque nos recuerda que nadie está por encima de la ley, y si alguien comete un delito debe responder por ello, aunque ese alguien pasee en coche oficial y se crea por encima de la legalidad vigente. Ya está bien de que algunos se crean que se pueden saltar las leyes como y cuando les dé la gana y con total impunidad. Ya está bien de que algunos se crean que los ciudadanos les deben obediencia, mientras ellos desobedecen leyes y sentencias a su antojo. Cada vez que Puigdemont habla de “democracia” demuestra tener el mismo concepto de ella que manejan los comunistas, que llaman “repúblicas democráticas” a dictaduras monstruosas en las que el poder se ejerce de forma tiránica.
Este golpe es el colofón del régimen de corrupción creado por el separatismo
Hay que recordar, además, que los delitos que he señalado suponen el colofón de un régimen de corrupción institucionalizada en el que se ha convertido la autonomía en Cataluña de la mano del sepatatismo, un régimen basado en la extorsión a empresarios para exigirles en pago de comisiones; un régimen que la Guardia Civil ha ayudado a desmantelar. Es precisamente ésta, y no otra, la razón por la que la cúpula del separatismo catalán decidió iniciar este proceso de ruptura. Pretendían eludir la acción de la Justicia troceando España y creando un nuevo Estado en el que ellos controlarían a los jueces, y en el que los ciudadanos serían meros rehenes de una casta política totalmente antidemocrática. Y es que democracia es también respetar la ley y los derechos fundamentales, entre ellos la libertad de poder expresarse y estudiar en la lengua materna. Corrupción es también el abuso de poder y la violación de las libertades individuales, una violación que la Generalidad ha venido cometiendo con medidas tan antidemocráticas como las multas lingüísticas, la imposición del catalán como única lengua de escolarización y el adoctrinamiento nacionalista en las escuelas, una situación de anormalidad democrática que el separatismo ha consolidado a base de infundir miedo entre quienes rechazan esas imposiciones, a menudo ejerciendo contra ellos la coacción y la violencia.
El grotesco concepto de ‘democracia’ que tiene Podemos
Por otra parte, y en su ya conocido papel de limpiabotas del separatismo, Podemos ha calificado de “presos políticos” a los detenidos. Significativamente, en 2016 Podemos ya había usado esa etiqueta para defender al etarra Arnaldo Otegi, encarcelado por formar parte de una banda terrorista. Hay que recordar que el partido de ultraizquierda ha rechazado varias veces mociones de apoyo a los presos políticos venezolanos, presos que a diferencia de los detenidos hoy en Cataluña, son enviados a prisiones militares y sufren torturas durante su encierro, una situación que han denunciado la ONU y la Unión Europea. Un diputado de Unidos Podemos, Alberto Garzón, incluso llamó “golpista” a Leopoldo López, un dirigente de la oposición venezolana que fue encarcelado en una prisión militar por el simple hecho de haber convocado una manifestación contra el gobierno de ese país. Ese mismo Garzón ha tachado de “dictadura” a España pero se ha negado a calificar así a Venezuela, a pesar de las repetidas violaciones de los derechos humanos que ha venido perpetrando el régimen chavista. Precisamente lo que Podemos y sus socios entienden por democracia ya lo conocemos: es Venezuela. Para ellos el único régimen político deseable es aquel en el que ellos y sus amiguetes puedan ostentar el poder y hacer lo que les dé la gana, incluso reprimiendo de forma brutal a quienes protesten.
Ayer mismo Podemos defendía una antidemocrática ‘Ley Mordaza’
Es una absoluta falta de vergüenza que los amigos de los regímenes de Venezuela, de Cuba y de Irán se atrevan a dar lecciones de democracia a España. A diferencia de lo que ocurre en aquellos países, aquí diputados como Pablo Iglesias, Garzón y Rufián gozan de todo tipo de libertades, pudiendo manifestarse contra el gobierno e incluso hacer el indio desde su escaño sin que nadie venga a detenerles por ello. Han tenido y siguen teniendo toda la libertad del mundo para exponer sus ideas, e incluso para defender a delincuentes como Bódalo y a etarras como Otegi, sin que nadie hasta ahora les haya pedido cuentas por ello desde los tribunales. Precisamente eran ellos ayer quienes intentaron acabar con esa libertad de expresión con una “Ley Mordaza”, pensada para perseguir por sus ideas a quienes no opinamos como Podemos. El problema, precisamente, es que los podemitas se han acostumbrado de tal forma a hacer lo que les da la gana que ahora se creen que entre sus derechos está también saltarse la legalidad constitucional que tenían el deber de acatar para asumir sus cargos. Igual que Puigdemont, piensan que las leyes han sido creadas para impedir que otros les molesten o incluso les contradigan, pero ellos no se sienten obligados por ninguna ley. Pues no, señores. Aquí las leyes valen para todos, también para los separatistas y para los podemitas. Basta ya de creerse unos privilegiados con permiso para saltárselas.
Con el Gobierno de España, con las FCSE y con los funcionarios que cumplen su deber
Para terminar, y aunque desde estas páginas he sido muy crítico con el ejecutivo de Rajoy, ante la crisis provocada por el golpe separatista en Cataluña tengo muy claras mis prioridades: en estos momentos yo estoy del lado del Gobierno de España y apoyo las medidas legales que está promoviendo para hacer cumplir la legalidad en Cataluña, unas medidas que muchos esperábamos desde hace tiempo. Cuando mi Patria sufre una agresión a manos de unos golpistas no es momento para enzarzarse en discusiones partidistas. Manifiesto también mi apoyo total a las Fuerzas de Seguridad del Estado y a los funcionarios y cargos electos que están cumpliendo su deber, muchos de ellos asumiendo enormes sacrificios e incluso sufriendo un acoso puramente mafioso por parte de los separatistas (un acoso que incluso está dirigiéndose contra sus hijos).
Yo estoy al lado del Estado de Derecho y contra los golpistas. Porque la democracia no es “votar” en un referéndum ilegal, convocado en una clara violación de nuestra Constitución y apropiándose de competencias que no le corresponden a la Generalidad. Nos quieren usurpar nuestra soberanía nacional, que reside en el pueblo español, y no en sus partes, como decidieron los españoles por abrumadora mayoría -catalanes incluidos- en el referéndum de 1978. Con la Constitución los españoles establecieron unos cauces claros para su modificación, cauces que conjugaban la posibilidad de futuras reformas con la necesidad de una estabilidad política sin la cual no hay ni libertad ni seguridad, que son las condiciones necesarias para que una sociedad prospere. Saltarse esos cauces, secuestrando a los habitantes de toda una comunidad autónoma, es un golpe de Estado en toda regla. Ninguna democracia puede consentir esto. Ninguna sociedad civilizada puede asistir de brazos cruzados a una ataque así contra su marco de convivencia. Es un alivio ver que llegado el momento, en España funcionan los mecanismos legales para impedir ese golpe.
No hay comentarios:
Publicar un comentario