Este extenso entramado consume cada año decenas de miles de millones de euros de dinero público
Sociedades mercantiles, entidades de derecho público, organismos autónomos, fundaciones, consorcios… La lista de nombres legales es amplia, y mucho más el número de todos esos entes que conforman auténticas administraciones paralelas en los gobiernos autonómicos.
Desde 2008, a raíz de la crisis económica, las autonomías –todas, salvo Cataluña– han reducido en mayor o menor medida ese entramado de entes. Aún así, las administraciones paralelas de los gobiernos autonómicos suman actualmente más de 1.100 organismos de ese tipo. Eso sí, en 2008 eran prácticamente 1.500, cuatrocientos más. Y la reducción hubiera sido mayor si Cataluña, en vez de haber aumentado su lista de entes, se hubiera sumado a esa tendencia de adelgazamiento seguida por todas las demás comunidades autónomas.
Aunque la reducción de conjunto ha sido significativa en el escenario autonómico, esos algo más de 1.100 entes que siguen funcionando manejan cada año decenas de miles de millones de dinero público. En la inmensa mayoría de los casos se trata, además, de organismos instalados en las pérdidas sistemáticas, unos números rojos capeados año tras año a base de subvenciones y de préstamos soportados directamente por los gobiernos autonómicos de turno.
La Generalitat catalana, a la cabeza
El entramado de entes autonómicos que se da en Cataluña es el más extenso de entre todas las comunidades autónomas y, por ello, el que más fondos acapara para mantenerse a flote. Así, el presupuesto de la Generalitat contempla este año alrededor de 11.600 millones de euros para ser transferidos directamente a sus organismos y empresas públicas. Pero a esas subvenciones directas del Gobierno catalán se suman otras inyecciones de capital por distintas vías.
Foco de endeudamiento
La abultada administración paralela de la Generalitat es también un sistemático foco de endeudamiento. Pese a los abundantes fondos que transfiere el Gobierno catalán a sus alrededor de 180 entes públicos, ese dinero no les llega para cubrir los gastos de todos esos organismos. De ahí que tengan que recurrir a pedir dinero prestado, lo que acaba computando en el abultado saldo de la deuda pública de Cataluña. Por ejemplo, este año las entidades de derecho público de la Generalitat han cuadrado sus presupuestos a cuenta de endeudarse en 233 millones de euros; las empresas públicas de la Generalitat han previsto firmar créditos por 11 millones de euros; y los consorcios del Gobierno catalán necesitan 50,6 millones de euros en préstamos.
A nivel nacional, de los alrededor de 1.100 organismos que conforman la administración paralela de los distintos gobiernos autonómicos, unos 540 son empresas y entes públicos, 135 organismos autónomos, 279 fundaciones y 170 consorcios.
