Entre las modalidades de la inmigración, ninguna tan absurda como la de aquí. Acogemos a inmigrantes que no necesitamos. Mejor dicho, acogemos a inmigrantes sin ninguna cualificación profesional y sin ninguna utilidad social, mientras nuestros mejores talentos tienen que abandonar España ante la falta de oportunidades. Los inmigrantes que logran llegar a territorio español saben que les espera una vida ociosa y que todas sus necesidades serán atendidas con fondos públicos. Se trata de una inmigración inútil y subvencionada, portadora de problemas que AD ha desgranado en innumerables informaciones.
Pásese por alto que tengamos que mantenerlos por el privilegio que en España se le concede a cualquier ilegal de origen africano o de confesión islámica. Lo discutible es que hayamos estado manteniendo a quienes literalmente quieren asesinarnos. En este caso, la inmigración en España habría que estudiarla como un síntoma de la esquizofrenia política de nuestros dirigentes. Enumeremos algunos ejemplos:
-Saib Lachhab: yihadista de 41 años, fue detenido el pasado mes de febrero. Estaba cobrando 625 euros de la Renta de Garantía de Ingresos y 250 euros más como complemento de vivienda.
– Samir Mahdjoub: argelino de 44 años, fue arrestado por la Guardia Civil el pasado mes de febrero. Estaba cobrando 650 euros al mes a través de las ayudas públicas y un complemento de 250 euros de ayuda al alquiler.
– Redouan Bensbih: marroquí de 26 años, murió en Siria combatiendo en las filas del Estado Islámico mientras recibía una ayuda pública de 836 euros al mes. Siguió ingresando el subsidio en su cuenta bancaria después de haber muerto durante 5 meses más.
– Ahmed Bourguerba: argelino detenido en julio de 2015. Estaba cobrando 625 euros en ayudas más 250 euros como complemento de alquiler.
– Mehdi Kacem: marroquí de 24 años detenido por la Policía Nacional el pasado mes de enero. Al mes recibía en ayudas más de 800 euros mensuales.
– Annas B: marroquí detenido por la Guardia Civil el año pasado. Se hizo pasar por refugiado para poder cobrar más de 600 euros al mes en concepto de ayudas sociales.
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