Junqueras ya es oficialmente el responsable número 1 del referéndum y la compra de urnas
El Gobierno quiere apretar por todas las vías posibles a Oriol Junqueras, el máximo responsable de la organización del referéndum. La estrategia de Moncloa para frenar el procés tiene así, y en este momento, un objetivo prioritario: ‘asfixiar’ al dirigente republicano que, desde esta semana -y contra sus propios deseos- ha asumido directamente la gestión de los ‘procesos electorales’.
El acuerdo para condicionar el pago a Cataluña de las partidas del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a que la Generalitat remita cada semana una garantía de que no destina fondos al referéndum -anunciado este viernes- es el primer paso. En fuentes gubernamentales se admite que ese acuerdo sitúa al vicepresidente catalán en una situación complicada y que “para él es un problema gordo”. La medida busca “impedir que la Generalitat pueda tramitar expedientes de gasto destinados a financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre” y asegurar a los catalanes que ni un sólo euro se “distraerá” de su finalidad.
El texto ahora aprobado -y que este sábado se hace efectivo con su publicación en el Boletín Oficial del Estado- impone un sistema férreo de control de gasto, de forma que los interventores y responsables económicos de cada departamento y entidad deberán informar al Ministerio de Hacienda de sus movimientos y, por tanto, de la posible apertura de expedientes de inversión en los preparativos del referéndum.
La orden comprometerá ya a la Generalitat en esa obligación la próxima semana. Y tendrá importantes consecuencias, como avanzó OKDIARIO: desde que no se puedan pagar las nóminas de los funcionarios, a las farmacias, hospitales y todas las concesiones de las empresas de servicios públicos. Una importante responsabilidad, en manos de Junqueras.
El acuerdo para condicionar el pago a Cataluña de las partidas del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a que la Generalitat remita cada semana una garantía de que no destina fondos al referéndum -anunciado este viernes- es el primer paso. En fuentes gubernamentales se admite que ese acuerdo sitúa al vicepresidente catalán en una situación complicada y que “para él es un problema gordo”. La medida busca “impedir que la Generalitat pueda tramitar expedientes de gasto destinados a financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre” y asegurar a los catalanes que ni un sólo euro se “distraerá” de su finalidad.
El texto ahora aprobado -y que este sábado se hace efectivo con su publicación en el Boletín Oficial del Estado- impone un sistema férreo de control de gasto, de forma que los interventores y responsables económicos de cada departamento y entidad deberán informar al Ministerio de Hacienda de sus movimientos y, por tanto, de la posible apertura de expedientes de inversión en los preparativos del referéndum.
La orden comprometerá ya a la Generalitat en esa obligación la próxima semana. Y tendrá importantes consecuencias, como avanzó OKDIARIO: desde que no se puedan pagar las nóminas de los funcionarios, a las farmacias, hospitales y todas las concesiones de las empresas de servicios públicos. Una importante responsabilidad, en manos de Junqueras.
La tensa relación de los socios, aliada
El Gobierno ha encontrado en la tensa relación entre los ‘socios’ del Govern una inesperada aliada para que el proceso descarrile. Las discrepancias en el seno de la Generalitat -una evidencia desde hace meses- alcanzó esta semana su esplendor con la reticencia de Junqueras a asumir la gestión del 1-O y la bronca en el PDeCAT para que Puigdemont apretase de una vez por todas las tuercas al republicano.
Hasta ahora, Meritxell Borràs, consejera de Gobernación y convergente, es la única investigada en el marco del referéndum por impulsar el contrato de licitación de urnas, que finalmente la Generalitat declaró desierto. Esas mismas tensiones llevaron al presidente catalán a recordar públicamente hace unos días que Junqueras tenía el encargo “desde 2016” de organizar los preparativos de la consulta.
Junqueras lo aceptó, pero a condición de que Puigdemont precipitase un rediseño más duro del Govern. Esto es, sin dudas entre los consellers sobre la legitimidad del referéndum y con el compromiso de asumir decisiones, y en consecuencia, responsabilidades, de forma colegiada.
Pese a la pretensión del republicano, Moncloa considera que el máximo responsable será él. Y en ese objetivo, avisa que analizará con precisión cualquier movimiento y, en su caso, lo pondrá en conocimiento de la Fiscalía.
La Generalitat está rota, sostiene el PP
En el Ejecutivo observan con cierta mofa las tensiones sostenidas en la Generalitat, que se evidencian en gestos tan reveladores como que la compra de urnas haya quedado de nuevo aplazada, sin que desde el Gobierno de Puigdemont se haya aclarado cuándo se hará.
Consecuencia, alegan también desde fuentes del PP, de que la Generalitat está rota y que todos tratan de “pasarse la pelota” para “ponerse a salvo” y, especialmente, evitar comprometer su patrimonio. Pero también las futuras aspiraciones políticas.
“A medida que se acerca el 1 de octubre les van temblando más las piernas”, espetó gráficamente esta semana el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol.
En fuentes ‘populares’ se remiten a los últimos sondeos, que reflejan cómo ERC barrería a los convergentes en caso de un adelanto electoral. En el barómetro del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat (CEO), conocido este mismo viernes, Junqueras supera en valoración a Puigdemont y consigue el único aprobado.
No escapa, ni en La Moncloa ni en el entorno republicano, que asumir directamente las responsabilidades del referéndum -con las previsibles consecuencias penales- puede ser un precio demasiado alto para quien aspira a presidir la Generalitat.
Por eso, la táctica es cercar a Junqueras, el dirigente independentista a quien, paradójicamente, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría convirtió en su interlocutor en la llamada ‘Operación Cataluña’. Las relaciones entre ambos, en su día muy cordiales, llevan semanas en un impredecible impasse.
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