Todo ha salido demasiado caro: para el Estado ahora, y más adelante cuando los demás territorios reclamen tratos similares; también para el PNV, porque su avaricia ha roto el saco
Los términos del acuerdo entre el Gobierno central-PNV-Gobierno de Vitoria (es a tres bandas y no a dos, como se está escribiendo, de ahí que haya habido dos actos de firma, uno público y otro clandestino) resultan tan excesivos en las contrapartidas que obtienen los nacionalistas a cambio de salvar no los Presupuestos, sino el grueso de la actual legislatura, que se convierten en temerarios, es decir, en imprudentes. También lo es porque el pacto altera la naturaleza técnica del modelo del cupo, que es la concreción compensatoria del sistema de concierto económico mediante criterios previamente acordados que no deben admitir más que meros ajustes. Y, por fin, lo es porque implica un agravio manifiesto al resto de las comunidades autónomas.
Consigue, eso sí, que Mariano Rajoy haya salvado las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado para 2017, forme una mayoría de hecho de 175 diputados y remita un mensaje absolutamente letal a Carles Puigdemont, cuya apuesta por el referéndum unilateral queda poco menos que ridiculizada frente a la rentabilidad de la negociación ante un interlocutor débil. Y logra, a fin de cuentas, que Ciudadanos asuma el acuerdo, aunque se sustancie en una comisión mixta integrada por el Gobierno central, el vasco y las diputaciones forales. Un acuerdo que no requiere la aprobación del Congreso.
Vayamos por partes:
1) El Estado pagará a la comunidad autónoma vasca 1.400 millones por un cálculo excesivo de lo abonado por Vitoria a Madrid por la prestación allí de las competencias que aún desempeña. El Gobierno había cifrado en 1.600 la deuda vasca contraída desde 2007 a 2017, y ahora la deja en 200 millones de euros. Bastaría este error grosero de cálculo para reclamar una explicación cabal de cómo es posible confundirse tanto en la aproximación a la cifra que se decía debida con la que ahora se exige.
2) La recuperación de esta cantidad por el País Vasco será progresiva: 10% en 2017, 15% en 2018, 20% en 2019, 25% en 2020 y 30% en 2021. Nótese que el flujo de devolución prácticamente coincide con el itinerario de la XII Legislatura.
3) Desciende también el cupo para este y los próximos años. Estaba calculado en 1.200 millones, pero el acuerdo lo deja en poco más de 900 para 2017.
4) La inversión del Estado para el TAV —que llegará a las tres capitales vascas— es de 3.300 millones de euros, con el objetivo de que entre en servicio el año 2023.
5) El Gobierno retira recursos de inconstitucionalidad contra leyes vascas, desbloquea ofertas de empleo público, en particular en la Ertzaintza (que aumentará sustancialmente su plantilla), se compromete a suprimir una veintena de pasos a nivel, rebaja la tarifa eléctrica industrial con un menor coste de 50 millones de euros para las empresas vascas y concede subvenciones para entidades culturales como Artium, la Asociación Bilbaína de Amigos de la Opera (ABAO) o el Museo Marítimo.
Estas contrapartidas garantizan, según el portavoz del Gobierno vasco, “15 años de paz fiscal”, pero son imprudentes por su innecesaria dimensión y cuantía, que las hacen temerarias para el Gobierno vasco. Es igualmente temeraria la rectificación en la liquidación del cupo. Así lo explica Alberto Ayala, analista de 'El Correo' y de referencia en Euskadi: "Indiscutible desde el punto de vista de las ventajas económicas que aporta a Euskadi, el acuerdo resulta bastante más cuestionable política y metodológicamente. El PNV es plenamente consciente de que acaba de dar un oxígeno imprescindible para su supervivencia a un Rajoy cercado por la corrupción. Pero es que, además, el hecho de que una cuestión presuntamente técnica deba resolverse otra vez en base al interés político de los gobernantes de turno en Madrid y Vitoria erosiona la propia credibilidad del modelo".
Esta es la gran cuestión: el concierto económico es una realidad jurídica y fiscal, de carácter bilateral, desde 1878; se recogió como opción constituyente del País Vasco en el Estatuto de 1979, basándose para ello en la Disposición Adicional Primera, regía en Álava y —el convenio— en Navarra, sin solución de continuidad desde el siglo XIX, y su carácter contributivo viene determinado por criterios técnicos —aplicación de un porcentaje del 6,24% de la renta estatal que debía pagar el País Vasco con los ajustes pertinentes— y no de carácter político. No atenerse a este principio, efectivamente, altera el modelo y lo pone en peligro, no solo en el sistema constitucional español sino ante la Unión Europea.
El acuerdo entre los gobiernos de Bilbao y Vitoria, el PP (sin su concurso PNV-PSE no hubiesen podido aprobar el Presupuesto vasco de este año) y el PNV proporciona a precio de oro la subsistencia política de Rajoy en uno de sus peores momentos por la emergencia de la corrupción de su partido en Madrid y trata de desactivar la política secesionista en Cataluña liderada por Puigdemont, aunque lo hace a costa de pervertir el concierto y desafiar la ecuanimidad en el trato con las demás comunidades autónomas. Todo ha salido demasiado caro: para el Estado ahora, y más adelante cuando los demás territorios reclamen tratos similares; también para el PNV, porque su avaricia ha roto el saco al desnaturalizar el sistema paccionado de financiación y politizarlo. Y para el propio Rajoy, que entroniza a los nacionalistas vascos como el 'tercer partido' de la legislatura. Y deja una incógnita en el aire: Ciudadanos deberá reaccionar ante un exceso de estas características o su reputación quedará lesionada. Y es que en política no vale todo.
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